(Análisis) Están envalentonados. Saben que en Entre Ríos la Justicia los ampara con impunidad. Por esas acciones nadie pagará sus responsabilidades ni sus culpas. Mientras tanto, los niños de escuelas rurales deambularán por los pasillos de hospitales especializados, paliando sus leucemias, sus cánceres en todos sus órganos, y en el mejor de los casos con padecimientos crónicos cuyo dolor es ya indecible.

A los jueces y fiscales entrerrianos pareciera encantarle el olor a bosta de las botas y de las alpargatas de los agropecuarios. Se sienten satisfechos cuando uno de ellos los saluda desde su 4 x 4. “Pertenecer”, pareciera ser su aspiración. De otro modo, no se entiende cómo desde la Justicia se propicia tanta anomia.

Los niños en la zona rural están creciendo en una trampa mortal. Lo hacen porque no hay ninguna autoridad real que pueda poner un límite claro a tantas muertes organizadas.
Lo ocurrido en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”, ubicada en el Octavo Distrito del Departamento Gualeguay hace pocos días es un escándalo periodístico; pero ninguna autoridad de gobierno ni mucho menos de la Justicia ni tampoco de las organizaciones gremiales de las patronales del campo salieron a aclarar algo. Se ríen. “Mirá lo que hacemos y cómo lo hacemos. A nosotros nadie nos toca”, pareciera ser su conclusión.

Todavía se ignora –a cinco días- con qué producto tóxico rociaron la escuela. No hubo demorados. Los jueces y fiscales no se atreven a molestar “a la gente de campo”.

Cuando fue la Policía, tampoco los servidores públicos siquiera pudieron tener una declaración para saber de qué tóxico se trataba. Ya se sabe: a la gente impune, no hay uniforme que los achique.

La falta de autoridad de la Policía es la otra cara de esta situación, junto a una Justicia cómoda en sus poltronas y muchos magistrados cómodos en sus explotaciones agropecuarias.

El Poder Ejecutivo también tiene responsabilidad, porque nunca ha acertado en implementar un sistema real de prevención.

El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en este tema es un claro rociador de propuestas inconducentes que sólo facilitan que todos hagan lo que quieran, cuando quieran y en las condiciones que quieran. Saben que no hay nadie del gobierno que se atreverá siquiera a llamarles la atención. Mientras tanto, entretienen con “buenas prácticas” como si la palabra bondad tuviera alguna relación con la muerte y la enfermedad, con el producir alimentos en base a venenos.

¿Y los Defensores de Menores, dónde están para defender el interés superior del niño? ¿Tanto miedo les tienen a los productores agropecuarios que prefieren ser señalados por inútiles que realmente cumplir con su mandato constitucional? Ni un defensor de menores ha intervenido. Son temerosos del poder y más de aquellos que privilegian la billetera por encima de la vida.

El Poder Legislativo también es responsable. No ha acertado nunca en establecer una ley al respecto. A pesar de los reiterados pedidos del gobernador Gustavo Bordet. Y quien sí se atrevió con coraje a hacerlo, fue el entonces diputado provincial Héctor de la Fuente -educador él-, pero chocó con la incomprensión, las zancadillas, los golpes bajos y desde entonces todo sigue peor.

Está claro: en Entre Ríos los productores agropecuarios tienen “bandera verde” para convocar a la muerte para que afecte a la niñez. Hay que decirlo de este modo, el único modo posible. Lo ocurrido en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández” de Gualeguay es testimonio de ello.