La tasa de Tillard

La historia de la puja del Banco Nación con los municipios por el cobro de la tasa de servicios financieros empezó en Córdoba, siguió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y volvió a Córdoba para radicarse, por ahora, en el imponente edificio de los tribunales federales. Nadie arriesga cuándo ni dónde terminará un pleito político que se judicializó, pero de su resolución depende el futuro de miles de municipios argentinos. Inesperadamente, o no tanto, la provincia más devota del presidente libertario se convirtió en el inesperado laboratorio en el que se desarrolla tal vez la puja más importante entre la “patria financiera” y los Estados municipales.
La historia se remonta a mediados del año 2024, cuando el Banco Nación, timoneado por el ex funcionario schiarettista Daniel Tillard, le pidió al Ieral de la Fundación Mediterránea un informe sobre la situación de las tasas a nivel país. El pedido apuntaba a un gravamen que en cada comuna adquiere diferentes denominaciones pero centralmente es conocida como “tasa financiera”: la que le cobran los municipios a las entidades bancarias que funcionan dentro de su ejido.
Esa tasa asume diferentes valores en cada distrito y hasta distintas formas de cobro. Tillard, ex presidente del Banco de Córdoba, planteó que el Banco Nación estaba pagando un tributo demasiado oneroso y que no recibía ninguna contraprestación por parte de los municipios que se beneficiaban con su actividad financiera.
En la investigación que realizó el think thank histórico de los liberales cordobeses y argentinos -cuyo informe guardan bajo siete llaves la Fundación y el Banco Nación, regidos por un llamativo acuerdo de confidencialidad firmado entre las partes- se determinó que siete municipios cordobeses están entre los que cobran las tasas más altas del país. En el novedoso ranking elaborado por los técnicos que orbitan bajo la conducción del efímero funcionario libertario Osvaldo Giordano, marcaron con rojo los casos de los municipios de Río Segundo y San Francisco, que perciben una tasa del 7,3 por ciento.
Más allá del porcentaje específico que percibe cada municipio, la cruzada de Tillard no distingue banderías políticas ni cantidad de habitantes: la consigna es pasar la motosierra  hasta bajar esa tasa al mínimo posible. Entre las comunas apuntadas por el ex funcionario schiarettista figuran Córdoba, Villa María, Río Cuarto, San Francisco, Río Tercero, Hernando y Cruz del Eje. En total, según el informe reservado de la Mediterránea, son 18 los municipios apuntados por el Banco Nación.  
Pero la ofensiva no se limita a Córdoba. Según Infobae, al tope del ranking de la FM figuran San José de Feliciano, en la provincia de Entre Ríos, que le cobra a los bancos una tasa municipal del 8,2%; Villa Constitución, en Santa Fe, con una tasa de 7,5% y La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, también con el 7,5%.

Motosierra Tillard
Con el estudio del Ieeral en su poder, la entidad financiera fundada en octubre de 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini empezó una pelea judicial que se hizo pública en los últimos meses. Por expresas directivas de Tillard –que anunció casi obsesivamente su intención de privatizar la entidad que preside-, el Banco Nación abrió en los tribunales federales acciones judiciales contra una veintena de gobiernos locales de la provincia de Córdoba, en una disputa que involucra miles de millones de pesos y que pone en jaque la prestación de servicios en esas ciudades.
El Banco Nación no sólo planteó la inconstitucionalidad del cobro de las tasas que gravan la actividad financiera, los créditos y/o la actividad bursátil, sino que además amenazó con cerrar las sucursales de las ciudades y localidades que se empecinen en seguir cobrando esa tasa.
La amenaza de Tillard se cristalizó el año pasado cuando ordenó el cierre de la sucursal del Banco Nación en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. La medida, que alarmó al resto de los municipios cuestionados, fue un mensaje político contundente: o se allanan a negociar a la baja, o se quedan sin la banca estatal. Pero el presidente del Nación fue todavía más lejos: en pleno año electoral, mudó la sucursal de La Matanza –histórico bastión peronista- al municipio de Tres de Febrero, donde gobierna el “periodista independiente” Diego Valenzuela, uno de los primeros procaces que saltó a las filas de La Libertad Avanza.
¿Tasa o impuesto?
El planteo judicial del Banco Nación es que los municipos le están cobrando un impuesto, no una tasa.
Pedro Carreño es abogado, fue varios años Fiscal de Estado de la Municipalidad de La Rioja y además es profesor universitario. Con tono didáctico, advierte a El Sur la complejidad del debate judicial que se desarrolla por estos días en los tribunales federales de Córdoba: “Las facultades impositivas de los municipios incluyen las tasas, también las contribuciones de mejoras. Los impuestos y las tasas son fáciles de diferenciar en la teoría, pero en la práctica a veces no es tan sencillo”.
 “El impuesto –amplía- se cobra por acciones que realiza el Estado y que se refiere a actividades permanentes del Estado, desde la defensa hasta la salud. No se traducen en un beneficio particular, divisible o identificable para cada contribuyente, sino que el Estado debe cobrar a todos los individuos que lo sostienen económicamente. La tasa, en cambio, identifica un beneficio concreto por un servicio público que sí es divisible: hay una ventaja diferencial para el contribuyente porque se le concedió un beneficio o se le permitió el uso del dominio público”.
Cuando Carreño explica el fundamento legal/impositivo de una tasa, aparece subyacente el eje del reclamo del Banco Nación a las comunas: “Siempre debe tenerse presente en las tasas que exista un servicio divisible y que se pueda determinar el beneficiario y las características del beneficio. Tiene que existir una razonabilidad entre el costo y el beneficio que significa para el usuario”.
En otras palabras, las municipalidades deben demostrar que prestan el servicio a los bancos por el cual les cobran la tasa y que esa tasa es razonable en función de la tarea realizada.
La propia web de la entidad financiera más vieja del país hace referencia a este conflicto y al reclamo del Banco Nación, puntualizando en este punto: "Los argumentos del Banco se basan en que las ordenanzas que sostienen estas tasas son inconstitucionales, le imponen un tributo municipal desproporcionado sobre una base imponible que excede la actividad que la entidad tiene en las respectivas ciudades y que el efecto final es un aumento en los costos de los créditos".
El Banco considera que por el monto que le cobran los municipios en relación al servicio que le prestan no es una tasa, sino un impuesto. Y la legislación vigente impide a los municipios cobrar impuestos.  Con lógica libertaria, la entidad presidida por Tillard acusa a los municipios (la “casta”) de encarecer los créditos por la voracidad fiscal de cobrarle una tasa desproporcionada en función del servicio que presta.
Más libertario no se consigue.

Plata dulce
En la economía el debate de fondo siempre es el mismo: la disputa por recursos que siempre son limitados frente a necesidades que son infinitas. Esa es la pelea entre el Banco Nación y los municipios. Y el resultado final podría tener un efecto político demoledor. “En caso de prosperar o si en alguna instancia judicial le hacen lugar, va ser muy complejo sostener los servicios en los municipios”, admitió una alta fuente de la Municipalidad de Río Cuarto. 
En otras palabras, tres de cada diez pesos que recaudó la Municipalidad en 2025 fueron aportados por la tasa de Comercio, Industria y Empresas de Servicios.
El dato más impactante, que no está discriminado en la web, es el que desvela al intendente Guillermo De Rivas: el sector financiero aporta entre el 50 y el 60 por ciento del total recaudado por la tasa de Comercio. Para ser más claros: el Banco Nación le apunta judicialmente a la mayor fuente de financiamiento de la Municipalidad.  ¿Qué pasaría si el resto de las entidades financieras también se plantaran contra las tasas municipales? Sería una catástrofe.
Ante este  panorama, los municipios cordobeses decidieron coordinar estrategias sin distinción de banderías políticas. Y siguen con especial atención lo que sucede en la torre federal de Córdoba, donde se discute en estos días la constitucionalidad o no de la tasa municipal.
No sin razón, imaginan que un fallo judicial a favor del Banco Nación desataría una catarata de presentaciones de otras entidades financieras.  “Un fallo que determinara que no le cobremos más al Banco Nación de manera automática redundaría en presentaciones de todos los otros bancos, que harían el mismo reclamo en los tribunales usando ese antecedente a su favor”, comentó a El Sur uno de los funcionarios que participan del grupo de WhatsApp que formaron los responsables del área económica de las comunas apuntadas por Tillard.

¿A la Corte?
Pero así no haya un criterio único en la Justicia, preocupa la posible proliferación de fallos particulares que demoren el camino hacia la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad o no del cobro de la tasa. Cualquier juez o Cámara que dicte una medida cautelar a favor del Banco Nación provocaría que las comunas dejen de cobrar la tasa.
El fantasma del desfinanciamiento está a la vuelta de tribunales. “Una cautelar nos puede dejar sin recursos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. ¿Y yo cómo levanto la basura o limpio las calles mientras el expediente duerme en un juzgado?”, se preguntan los intendentes, abriendo el paraguas ante la posibilidad cierta de que lluevan medidas de no innovar si el Gobierno libertario decide acompañar la cruzada de Tillard con carpetazos a los jueces.
Las fuentes consultadas para esta nota tienen miradas diferentes sobre el conflicto y no arriesgan una cifra cierta sobre cuántos miles de millones de pesos están en disputa, pero hay una coincidencia generalizada: esta disputa terminará en la Corte Suprema de Justicia. Y, se sabe, los tiempos judiciales son inextricables.
Apenas superado el escándalo de la fallida designación/asunción de Lijo y García Mansilla y con sendos proyectos de ampliar la cantidad de miembros, la tasa municipal no pareciera ser una prioridad para el desprestigiado trío de cortesanos que integra el tribunal más desprestigiado de la demacrada democracia argentina.