(APe).- Faltaba todavía una hora para la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y en breve, Javier Milei recorrería la avenida de Mayo para llegar al recinto. Un par de policías federales revisaban, sin razón ni ley alguna que lo justificara, la mochila de una mujer joven en el cruce con la 9 de Julio. Todavía no existía entonces -pero se aplicaba de facto- tres meses atrás, el decreto 383/2025 que hoy el gobierno publicó en el Boletín Oficial que habilita formalmente a hacerlo y que esta tarde profundizará la ministra securitaria en el Cuerpo de Policía Montada. Y si no existía tres meses atrás la norma legal y ahora sí existe, es porque hay ocasiones, hay territorios, hay situaciones en las que no importa ley alguna y las fuerzas de seguridad tienen los brazos sueltos y el poder de fuego y de espionaje para todo. ¿Acaso los allanamientos en villas y barriadas populares cuentan siempre y sistemáticamente con órdenes judiciales? ¿O eso viene después? O, a veces, nunca.
Desde hoy –marca el decreto en su punto 7- sólo la presunción de que “alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese” y podrá ser “demorada” hasta 10 horas. A su vez la Federal está habilitada para “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir”. ¿Qué categorías entran en esa actividad que deberán ser reprimidas a juzgar por la conducta policial, por caso y sólo por dar un ejemplo reciente, en cada uno de los últimos miércoles?
Como parte de las facultades delegadas que se le concedieron al Ejecutivo este decreto centra gran parte del articulado en las facultades especiales para la Federal que habilitan –sin control alguno y en forma discrecional- a supuestas “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales”. Es decir, faculta al control de las publicaciones en redes sociales o en páginas web. ¿Cuál es el límite para esos controles?
34 años después de la muerte de Walter Bulacio detenido en una razzia durante un recital de los Redondos se barre con todo lo concluido en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque, después de todo, el punto 7 no establece edades ni divide entre adultos y niños o adolescentes. Porque no se trata sólo de prácticas que, en muchas ocasiones ya eran de hecho moneda corriente para las fuerzas de seguridad sino que, ahora, las corona la letra legal. El avance hacia un régimen autoritario amparado en la normativa va creciendo al compás de que se incrementan las protestas sociales como reacción a despidos, cierres de organismos, quitas de presupuestos, congelamiento de haberes, supresión de derechos.
Una semana antes de este decreto 383/2025, el gobierno publicó en el boletín oficial la Resolución 520/2025 que otorgó un aumento salarial a la Policía Federal para mejorar las condiciones económicas de los efectivos en actividad en una medida que responde a la inflación (¿inflación?) acumulada y a la necesidad de “reconocer el compromiso y la dedicación de los miembros de las fuerzas de seguridad”. Ese mismo 10 de junio, la ministra entregó a las fuerzas federales de seguridad 160 viviendas del plan Procrear en Avellaneda, que ya habían sido sorteadas y adjudicadas a familias de esa ciudad.
Cada 17 horas muere una persona por acción del aparato represivo estatal según las estadísticas de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Thiago Correa, de 7 años, es parte de esas cifras. Y, no casualmente, su asesino pertenece a la dirección de la Montada, el mismo lugar en el que Bullrich y Milei anuncian por estas horas el decreto.
