Patricia Bullrich anunció, en un contexto de aumento de la conflictividad social, la creación de un nuevo bureau de las fuerzas de seguridad -con la tecnología y los métodos del FBI y la eficiencia y la pericia locales. El objetivo: controlar la organización que viene creciendo por debajo, ahora desde las redes sociales.
Opiniones03/07/2025 Por Martina Kaniuka
(APe).- Patricia Bullrich, al frente de la cartera de Seguridad, anunció la creación de un nuevo bureau de las fuerzas de seguridad -con la tecnología y los métodos del FBI y la eficiencia y la pericia locales- y presentó además, mediante el decreto 383/2025, una resolución que posibilita el ciberpatrullaje, el seguimiento y la investigación en redes sociales, sin orden de un juez.
Las prácticas de control y explotación de datos personales y comunitarios no son nuevas. A nivel global, los gobiernos ven la tecnología digital no como una fuerza liberadora sino como una herramienta de control.
El colonialismo de datos es una muestra de cómo los mecanismos de extracción y dominación metamorfosearon a la dimensión digital. Mientras históricamente las potencias coloniales extraían de la periferia -a través de la piratería, la opresión, el apartheid, la guerra y la conquista- recursos, mano de obra y conocimiento, las experiencias digitales y los datos de los usuarios de internet, se extraen, apropian, segmentan, compran, venden y explotan -monitoreos de IA y bases de datos biométricos mediante- con las mismas lógicas y dinámicas, sin controles ni legislación -ni una intención manifiesta de regularlo- que proteja los derechos colectivos. Acoso digital, discursos del odio, fake news, sesgos de los algoritmos, todo es válido a la hora de vulnerar y silenciar las voces de quienes opinan diferente.
Los primeros pasos en el uso de los datos los dio la gestión de Eduardo Duhalde con el Proyecto X en 2002, con Enrique Mathov y Juan José Alvarez como ministros de la cartera de Seguridad, cuando la estación del Ferrocarril Roca en Avellaneda todavía no llevaba el nombre de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, dos de los militantes asesinados, según Clarín “por la crisis”.
Una década después, en 2012, cuando el Proyecto X empezaba a ser cuestionado por las denuncias de los organismos de derechos humanos, alertando que estaba siendo utilizado para relevar e infiltrar información sobre organizaciones sociales, fue presentado como una “herramienta informativa” por Nilda Garré, ministra de Seguridad de Cristina Fernández de Kirchner quien lo defendió así: “El Proyecto X es un sistema informático de inteligencia criminal para la investigación de delitos complejos. Es una base de datos con vinculadores que permiten entrecruzar información y acelerar el análisis en determinadas circunstancias (…) Fue inscripto por la Gendarmería Nacional en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en 2007, está regulado por ley”. Según los datos provistos por Garré, el Proyecto X había sido utilizado en 285 causas judiciales desde el 2006.
Denunciado por los organismos de derechos humanos y por partidos y agrupaciones de izquierda, finalmente en el año 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, las estrategias de control en redes sociales generadas en el marco del Proyecto X se conocieron por una foto publicada por Patricia Bullrich, donde podía verificarse cómo Gendarmería monitoreaba a usuarios y perfiles de ciudadanos en las redes sociales. Un año después y, con la desaparición de Santiago Maldonado, Myriam Bregman denunció el espionaje que Gendarmería Nacional realizaba a la familia. Los datos relevados no devolvieron a Maldonado.
Sabrina Frederic, Ministra de Seguridad de Alberto Fernández, admitió en la Comisión de Diputados, en plena pandemia, la continuidad del espionaje. Esta vez para “anticiparse al humor social”. “Nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas situaciones. No es ciberespionaje, es ciberpatrullaje. Se hace un rastreo por lo que es público en las redes. Twitter, Facebook e Instagram tienen muchas cuentas que tienen faceta pública y otra privada. Las fuerzas federales sólo acceden a lo que es público y eso permite anticiparse a una dimensión del humor social, no a todo”, habíadetallado la ministra.
La gestión Milei -otra vez con las directrices de Bullrich- llevó más allá la “especialización” en el plano digital de las fuerzas de seguridad del estado, inaugurando la Unidad de Inteligencia Artificial del Ministerio de Seguridad, en julio del año pasado. Con anclaje y dominio de tareas de la SIDE, esta semana, Boletín Oficial mediante, se cristalizaron las tareas que ya venían llevándose a cabo. Con los casos de Nahuel Morandini, Roque Villegas y Lucía González el año pasado, presos dos meses por tuitear sobre la infidelidad de la esposa de Gerardo Morales, el ciberpatrullaje -y la vulneración de los derechos a de opinión y de libertad de expresión- no son una novedad. Y si “legalmente” el ciberpatrullaje tiene por función evitar y prevenir la comisión de delitos y aumentar la sensación de seguridad en los ciudadanos, en el plano de la realidad -y por fuera de la pantalla-se constituye un avasallamiento a los derechos humanos individuales y colectivos y un traspasamiento del espacio físico al virtual, como si las dimensiones que se mesuran fuesen las mismas. Las fronteras que dibujan en la geografía local, en ese proyecto de país que el sueño húmedo libertario traza, trascienden las pantallas y desdibujan los bordes del espacio privado: quién puede opinar, sobre qué, cómo. ¿Constituyen espacio público una cuenta de Facebook, una de X? ¿De cuántos seguidores? ¿Cuántas interacciones, cuántos leídos, ameritan revisión? ¿Sobre qué temas no es posible opinar en público en las redes y por qué es posible conversarlos en la realidad material concreta? ¿Quién legisla las redes sociales?
Son más las preguntas que las respuestas y el interés por responderlas no parece ser tarea de quienes “ciberpatrullan”.
Por lo pronto, por fuera del ciberespacio, podemos arrumbar en los márgenes algunas certezas: ni el Proyecto X, ni el ciberpatrullaje, ni la medición del humor social, impidieron que desaparezca Julio López por segunda vez, o consiguieron identificar a los autores del atentado a la AMIA, o entender por qué se hundió el ARA San Juan, o impedir que Facundo Astudillo Castro aparezca en una bolsa de consorcio o que Tehuel y Loan sean nombres con destino de aniversario, sin una pista de su paradero. Y será que todo el personal de las fuerzas de seguridad del estado están abocados a la pantalla porque las fronteras con Paraguay, en el Acuífero Guaraní, son una base yanqui, y la Patagonia, la Antártida y Tierra del Fuego, una partida de TEG.
La resolución 710 establece una Unidad de Inteligencia Artificial para el patrullaje en redes sociales abiertas, app sitios web y dark web, con la participación de las cuatro fuerzas de seguridad del estado: Policía Federal, Gendarmería, Policía Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina, y la colaboración del Servicio Penitenciario Federal, en la búsqueda de las situaciones que impliquen riesgo. Mientras el Ministerio de Seguridad-resolución 520/2025- le aumentó el sueldo a los policías, huelga contestar -con la organización por debajo poblando las calles, jubilados con salarios de hambre, ciclos de movilización en defensa de la salud y la educación pública y las crecientes manifestaciones en contra del posicionamiento geopolítico y extractivista del gobierno de Javier Milei– riesgo para quién.
Naturalizar es legitimar. Que la gendarmería empuje a gente en silla de ruedas. Que cada miércoles se golpee a los viejos. Que se veten las leyes que beneficien al pueblo. Que el Congreso no sea más que una mayoría de infames. Que 71 personas que se sientan en sus bancas hayan votado en contra de la ley de discapacidad.
No se sabe si por ignorancia, necedad o afán de promocionarse, el músico y comunicador Roberto Petinatto realizó declaraciones que se refieren despectivamente a uno de los pilares de la identidad nacional: el folklore o, para decirlo más simplemente, la música nativa, de la que dijo –ni más ni menos— «que lo avergüenza» y que «es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre».
La referencia viene a cuento porque en esta semana nuestra bendita tierra nos dio dos formas distintas de «tocar fondo», una muy mala y otra muy buena.
Esta nota aparece como invitación a pensar quién fue o quién pudo haber sido la Locomotora Oliveras para nosotrxs, que nos encontramos calzándonos los guantes más de una vez y que también nos encontramos en estas palabras. Lejos de romantizar un personaje, queremos reflexionar sobre la posibilidad de ser una mujer exitosa en un deporte «de hombres» que no la reconoció a tiempo, sobre cómo logró construir un perfil en redes sociales y volverse un ícono de la narrativa del empoderamiento, y cómo amplió el horizonte de los posibles a la hora de pensar cómo construir feminidades.
La decisión de dos legislaturas provinciales de prohibir celulares en las escuelas sobrevuela en torno de una cuestión poco abordada desde la política: la propiedad de la cabeza de los pueblos y el presente y futuro del pensamiento crítico no sólo en estos saqueados arrabales del mundo. Un saqueo que no sólo es material sino también cultural y educativo.
Peter Lamelas llega como delegado colonial con un imperativo vinculado en su nombre. Llega a un país en derrumbe. Con más de dos millones de niños con hambre y un rebrote de tuberculosis que aumentó un 65% en 5 años. Visitará las provincias para que los gobernadores sepan qué hacer y controlará la justicia de CFK.
La medida fue oficializada a través del Decreto 571/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial. Las funciones del área suprimida serán absorbidas por la Presidencia del Instituto.
Piden que deje de cumplir funciones en el municipio y que la justicia condene al empleado municipal que arrastró y asesinó a un perro. Solicitan se entregue el cuerpo y las imágenes de las cámaras del sistema de monitoreo y que la política no acciones para dejar impune el hecho.
Se firmó un convenio de colaboración entre la Municipalidad de Morteros y la UPC sede Morteros «María Justa Moyano de Ezpeleta».
La Municipalidad de Morteros abre las inscripciones para el Curso de Auxiliar en Albañilería, una oportunidad de formación para hombres y mujeres mayores de 18 años que deseen adquirir conocimientos y habilidades prácticas en el oficio. Los cupos son limitados.
Lo hizo con la puesta en servicio dos líneas eléctricas de media tensión que alimentan dos nuevas subestaciones eléctricas de media tensión, una acción estratégica destinada a optimizar la calidad y estabilidad del suministro.
