(APe).- Patricia Bullrich, al frente de la cartera de Seguridad, anunció la creación de un nuevo bureau de las fuerzas de seguridad -con la tecnología y los métodos del FBI y la eficiencia y la pericia locales- y presentó además, mediante el decreto 383/2025, una resolución que posibilita el ciberpatrullaje, el seguimiento y la investigación en redes sociales, sin orden de un juez.
Las prácticas de control y explotación de datos personales y comunitarios no son nuevas. A nivel global, los gobiernos ven la tecnología digital no como una fuerza liberadora sino como una herramienta de control.
El colonialismo de datos es una muestra de cómo los mecanismos de extracción y dominación metamorfosearon a la dimensión digital. Mientras históricamente las potencias coloniales extraían de la periferia -a través de la piratería, la opresión, el apartheid, la guerra y la conquista- recursos, mano de obra y conocimiento, las experiencias digitales y los datos de los usuarios de internet, se extraen, apropian, segmentan, compran, venden y explotan -monitoreos de IA y bases de datos biométricos mediante- con las mismas lógicas y dinámicas, sin controles ni legislación -ni una intención manifiesta de regularlo- que proteja los derechos colectivos. Acoso digital, discursos del odio, fake news, sesgos de los algoritmos, todo es válido a la hora de vulnerar y silenciar las voces de quienes opinan diferente.
Los primeros pasos en el uso de los datos los dio la gestión de Eduardo Duhalde con el Proyecto X en 2002, con Enrique Mathov y Juan José Alvarez como ministros de la cartera de Seguridad, cuando la estación del Ferrocarril Roca en Avellaneda todavía no llevaba el nombre de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, dos de los militantes asesinados, según Clarín “por la crisis”.
Una década después, en 2012, cuando el Proyecto X empezaba a ser cuestionado por las denuncias de los organismos de derechos humanos, alertando que estaba siendo utilizado para relevar e infiltrar información sobre organizaciones sociales, fue presentado como una “herramienta informativa” por Nilda Garré, ministra de Seguridad de Cristina Fernández de Kirchner quien lo defendió así: “El Proyecto X es un sistema informático de inteligencia criminal para la investigación de delitos complejos. Es una base de datos con vinculadores que permiten entrecruzar información y acelerar el análisis en determinadas circunstancias (…) Fue inscripto por la Gendarmería Nacional en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en 2007, está regulado por ley”. Según los datos provistos por Garré, el Proyecto X había sido utilizado en 285 causas judiciales desde el 2006.
Denunciado por los organismos de derechos humanos y por partidos y agrupaciones de izquierda, finalmente en el año 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, las estrategias de control en redes sociales generadas en el marco del Proyecto X se conocieron por una foto publicada por Patricia Bullrich, donde podía verificarse cómo Gendarmería monitoreaba a usuarios y perfiles de ciudadanos en las redes sociales. Un año después y, con la desaparición de Santiago Maldonado, Myriam Bregman denunció el espionaje que Gendarmería Nacional realizaba a la familia. Los datos relevados no devolvieron a Maldonado.
Sabrina Frederic, Ministra de Seguridad de Alberto Fernández, admitió en la Comisión de Diputados, en plena pandemia, la continuidad del espionaje. Esta vez para “anticiparse al humor social”. “Nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas situaciones. No es ciberespionaje, es ciberpatrullaje. Se hace un rastreo por lo que es público en las redes. Twitter, Facebook e Instagram tienen muchas cuentas que tienen faceta pública y otra privada. Las fuerzas federales sólo acceden a lo que es público y eso permite anticiparse a una dimensión del humor social, no a todo”, habíadetallado la ministra.
La gestión Milei -otra vez con las directrices de Bullrich- llevó más allá la “especialización” en el plano digital de las fuerzas de seguridad del estado, inaugurando la Unidad de Inteligencia Artificial del Ministerio de Seguridad, en julio del año pasado. Con anclaje y dominio de tareas de la SIDE, esta semana, Boletín Oficial mediante, se cristalizaron las tareas que ya venían llevándose a cabo. Con los casos de Nahuel Morandini, Roque Villegas y Lucía González el año pasado, presos dos meses por tuitear sobre la infidelidad de la esposa de Gerardo Morales, el ciberpatrullaje -y la vulneración de los derechos a de opinión y de libertad de expresión- no son una novedad. Y si “legalmente” el ciberpatrullaje tiene por función evitar y prevenir la comisión de delitos y aumentar la sensación de seguridad en los ciudadanos, en el plano de la realidad -y por fuera de la pantalla-se constituye un avasallamiento a los derechos humanos individuales y colectivos y un traspasamiento del espacio físico al virtual, como si las dimensiones que se mesuran fuesen las mismas. Las fronteras que dibujan en la geografía local, en ese proyecto de país que el sueño húmedo libertario traza, trascienden las pantallas y desdibujan los bordes del espacio privado: quién puede opinar, sobre qué, cómo. ¿Constituyen espacio público una cuenta de Facebook, una de X? ¿De cuántos seguidores? ¿Cuántas interacciones, cuántos leídos, ameritan revisión? ¿Sobre qué temas no es posible opinar en público en las redes y por qué es posible conversarlos en la realidad material concreta? ¿Quién legisla las redes sociales?
Son más las preguntas que las respuestas y el interés por responderlas no parece ser tarea de quienes “ciberpatrullan”.
Por lo pronto, por fuera del ciberespacio, podemos arrumbar en los márgenes algunas certezas: ni el Proyecto X, ni el ciberpatrullaje, ni la medición del humor social, impidieron que desaparezca Julio López por segunda vez, o consiguieron identificar a los autores del atentado a la AMIA, o entender por qué se hundió el ARA San Juan, o impedir que Facundo Astudillo Castro aparezca en una bolsa de consorcio o que Tehuel y Loan sean nombres con destino de aniversario, sin una pista de su paradero. Y será que todo el personal de las fuerzas de seguridad del estado están abocados a la pantalla porque las fronteras con Paraguay, en el Acuífero Guaraní, son una base yanqui, y la Patagonia, la Antártida y Tierra del Fuego, una partida de TEG.
La resolución 710 establece una Unidad de Inteligencia Artificial para el patrullaje en redes sociales abiertas, app sitios web y dark web, con la participación de las cuatro fuerzas de seguridad del estado: Policía Federal, Gendarmería, Policía Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina, y la colaboración del Servicio Penitenciario Federal, en la búsqueda de las situaciones que impliquen riesgo. Mientras el Ministerio de Seguridad-resolución 520/2025- le aumentó el sueldo a los policías, huelga contestar -con la organización por debajo poblando las calles, jubilados con salarios de hambre, ciclos de movilización en defensa de la salud y la educación pública y las crecientes manifestaciones en contra del posicionamiento geopolítico y extractivista del gobierno de Javier Milei– riesgo para quién.
