La sociedad en general, asiste a diversas propuestas del Estado, en orden al ejercicio de sus funciones inherentes a sus responsabilidades. Dentro de tal contexto, asistimos en nuestra ciudad, a un evento público, ofrecido como servicio a la comunidad, consistente en la atención por una semana y durante el período de dos horas diarias, de parte de funcionarios del poder judicial, a lo fines de dar respuestas respecto a inquietudes o interrogantes que tengan relación con problemas o circunstancias de carácter legal, de parte de miembros de la comunidad. Debo reconocer que la propuesta, es plausible, pero que, en el criterio del suscripto, no resulta suficientemente integradora de las necesidades de sus miembros, las que transitan por otros andariveles. Una, de tales variables, que satisfacerian en parte dichas necesidades, la constituyen “los tiempos” de la justicia. Cierto es también, que las excesivas moras judiciales para resolver los conflictos, se encuentran encorsetados en la insuficiencia de personal y otras circunstancias conexas y de índole similar, pero ello resulta ajeno al interés de la sociedad, que tiene el derecho al acceso a la justicia. El Poder Judicial forma parte de uno de los poderes del Estado, a quien la Constitución le ha investido de las facultades y atribuciones para el entendimiento y dirimencia de los intereses y conflictos de la sociedad y por tanto, tiene el imperativo de su ejercicio, en tanto conforma el sistema republicano adoptado en la misma. Una de tales exteriorizaciones de lejanía entre el poder y los justiciables, es la casi increíble persistencia –treinta años- de mantener, desde su creación hasta la fecha, un solo Juzgado en la ciudad de Morteros, el que debe entender sobre competencias civiles, comerciales, penales, laborales, faltas, minoridad y sus respectivas incumbencias en cada caso. Un absurdo. No existe forma ni modo de justificación. El ciudadano se encuentra privado de un servicio elemental respecto del cual no solo existe una exigencia superior en un estado de derecho, sino es el que paga y asiste económicamente para su funcionamiento. San Francisco –si bien ciudad mayor- tiene tres Juzgados con dos Secretarias cada uno de ellos. Morteros uno solo y también una sola Secretaría. Los auxiliares, hacen lo que pueden, pero cada función requiere de la necesaria aptitud académica que el cargo impone, con la consecuente experiencia y formación. Ese es el diagrama de nuestro sistema y la conformación de nuestro Tribunal local impide –atento a su inexistencia- el acceso a tan elemental servicio, en condiciones mínimamente óptimas para su atención. Lo dicho no importa desconocer el elogiable y meritorio esfuerzo que hacen sus dependientes, pero ello, no alcanza. Lo expuesto, no resulta ajeno al ejercicio de la actividad de los abogados como auxiliares de la Justicia y más allá de la dependencia del correcto funcionamiento del Tribual. Y en ello, quiero marcar una circunstancia que, en el criterio de suscripto importa un déficit o una asignatura pendiente de quienes hemos elegido esa profesión como forma de vida o simplemente, como una actividad a la que adscribimos por decisión propia. Tenemos conformado un Colegio de Abogados y dependencia del mismo, que tiene su finalidad y propósitos, (además de los gremiales o de aquellos que hacen al interés particular de la profesión). Los abogados también tienen que llegar a la sociedad con la prestación y ofrecimiento de sus servicios de asesoramiento, respecto de aquellos miembros o integrantes de la comunidad poblacional que por las razones que hubiere, se encuentren impedidos o con dificultades económicas de acceder a la información jurídica del caso que, no suple, evidentemente, el servicio del poder judicial respecto del cual hemos hecho referencia. La Justicia tiene una deuda pendiente con la sociedad. Y los abogados, también.

Antonio Conti Santa Cruz es abogado de la ciudad de Morteros