En el marco del plan de la mercantilización de la cultura que propone el gobierno de Javier Milei asociado al macrismo las bibliotecas públicas y populares corren riesgo de desaparecer
Pais09/01/2024
Redacción Regionalisimo
En el marco general que representa el DNU de Milei y su avance privatizador sobre la cultura, también se encuentran en la mira las bibliotecas populares, siendo más de 1500 las que se encuentran en peligro, a lo largo y ancho del país.
En el apartado quinto, los artículos comprendidos entre el 591 y 598 del proyecto de ley ómnibus del Ejecutivo está dedicado exclusivamente a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) afectando sobre todo la la derogación del Fondo Especial creado por Ley, lo que significaría dejar de realizar aportes a las más de 1500 instituciones establecidas en el país.
Esta medida que impulsa el gobierno nacional implica además de que las bibliotecas populares dejen de recibir fondos, perder en cada edición de la Feria del Libro de Buenos Aires, de viajar y comprar con descuento libros para los lectores de la comunidad. Esto sumado al proyecto que elimina la Ley de Defensa de la Actividad Librera por lo que los editores, importadores o representantes de libros ya no fijarán un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe, dejará sin posibilidades de lectura a una gran cantidad de personas.
El fondo que financia a las Bibliotecas Populares establecido en época del gobierno alfonsinista en 1986 está constituido por el gravamen sobre los impuestos a los premios efectivamente pagados en los juegos de azar, representando alrededor del 50 % del presupuesto de la Conabip
Al mismo tiempo, la ley elimina las tarifas reducidas a los servicios públicos para las bibliotecas populares así como los beneficios de gravamen fiscal. Algunos de los que se cancelan son la franquicia postal; la liberación de todo gravamen establecido en la ley de impuestos de sellos y la “subvención para el mantenimiento de las instalaciones, aumento del caudal bibliográfico, remuneración y perfeccionamiento del personal bibliotecario profesional, auxiliar y de maestranza, modernización del equipamiento y actualización del procesamiento técnico de materiales.
Así mismo la iniciativa del gobierno mileista- macrista deroga la junta representativa que integra la Conabip compuesta por 24 miembros y que le otorga su carácter federal. Son todas medidas que impactan de manera contundente en contra de la actividad sobre todo en poblaciones medianas y pequeñas y de forma directa en las personas de menos recursos.
La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares tiene 153 años, fue concebida en 1870 por Domingo Faustino Sarmiento, hecho que no puede ser indicada como una institución que sostenga algún dogma ideológico, sino que reconocido por todos los sectores es tal vez uno de los pocos organismos nacionales que en todos los gobiernos funcionó de manera federal y transparente.
Las bibliotecas populares están a lo largo y a lo ancho de Argentina, se encuentran tanto en grandes ciudades como en pequeños pueblos y son fundamentales en las comunidades, no solo para acceder a la lectura, sino que en muchas localidades son pilares básicos del desarrollo cultural.
La propuesta de desfinanciamiento amenaza con el cierre de numerosas bibliotecas, especialmente aquellas ubicadas en sectores desfavorecidos. La educación, como uno de los activos más importantes de una nación, está en juego. Es momento de defender este legado para las generaciones presentes y futuras.
Raúl Guglielminetti actuó en Orletti, Campo de Mayo, la Superintendencia de Seguridad Federal y Neuquén. Fue uno de los genocidas que se reunió con los diputados de La Libertad Avanza (LLA).
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Los casos se distribuyen en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Corrientes y Tierra del Fuego. En nuestra región hubo un caso en Freyre. Las autoridades insistieron en la importancia de la vacunación.
Es el primer paso de un plan oficial que prevé el ingreso de 250.000 vehículos exentos de aranceles hasta el año 2029.
La medida alcanza a Javier González Fraga, Lucas Llach y otros 18 exdirectivos, además de los responsables del grupo cerealero. Se los investiga por una presunta estafa contra el Estado que supera los 300 millones de dólares mediante el otorgamiento irregular de créditos y la liberación de garantías.
Sospecha de desvío de fondos. Cuando asumió, Milei le puso freno a los fondos destinados a la investigación científica que principalmente se financiaba con créditos internacionales; un esquema que se sostiene desde la década de los 90.
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