El proyecto político del golpe iniciado el 24 de marzo de 1976 fue subordinar la vida de las grandes mayorías a las imposiciones del capital financiero.

 Lo productivo debía desaparecer en la Argentina.

 El dinero debía multiplicar al dinero, filosofía del casino y cuando las cuentas del estado estuvieran al rojo vivo, la solución vendría del gran negocio de los bancos extranjeros a través de préstamos y la perversa bicicleta de la deuda externa.

 El derecho laboral, construcción colectiva de generaciones y generaciones argentinas, llamado peyorativamente “el costo argentino”, debía limarse casi hasta la extinción.

 Por eso seis de cada diez personas desparecidas eran jóvenes trabajadoras y trabajadores menores de treinta años.

 Por eso seis de cada diez personas desocupadas son jóvenes entre quince y treinta años.

 Y seis personas detenidas de cada diez en las principales cinco provincias argentinas son jóvenes entre quince y treinta años.

El triple 6, la metáfora bíblica de la bestia apocalíptica que, en este caso, revela una clave de la historia profunda de la Argentina de los últimos 45 años.

Desaparecidos, desaparecidas, desocupadas, desocupados, detenidas y detenidos tienen entre quince y treinta años.

La bestia es la configuración política del capitalismo que siempre castiga a quienes tienen por impulso biológico y cultural producir las necesarias transformaciones en la sociedad.

 Pero los últimos años confirmaron la idea fuerza que casi en clave literaria repetimos desde hace tiempo: el pasado sigue abierto en el presente.

 El proyecto político económico que impulsó el macrismo tuvo el mismo objetivo que la dictadura, el reemplazo de la producción por la financiarización de la economía.

 El estado colonizado a favor de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, la multiplicación de la deuda externa, la demolición del derecho laboral, la desarticulación de la salud y la educación y el lavado de dinero como verdadero canal de circulación de la riqueza argentina.

 Aquello se hizo con botas pero después se intentó y logró con votos.

 Por eso la permanente necesidad de la memoria y la construcción de conciencia crítica para evitar una nueva etapa del saqueo planificado que solamente democratiza el dolor y la violencia.

 Desde Santa Fe asistimos a la permanente renovación del pasado impune: la continuidad de los juicios de lesa humanidad tendrán en 2021 la posibilidad de reconstruir la historia de otro centro clandestino de detención como la llamada “casa de los comandantes”, entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez, al mismo tiempo que se encontraron miles de hojas que remiten a los archivos de la persecución estatal desde los años sesenta en adelante, una verdadera burocracia que alimentaría el terrorismo de estado desde el 20 de marzo de 1975, cuando fue invadida Villa Constitución.

 Y a nivel nacional todavía subsisten casi dos mil leyes que vienen de las diferentes dictaduras, desde la ley de sociedades, quiebras hasta la ley de entidades financieras que marcan la impunidad del poder económico concentrado.

 Por eso es preciso saber que en estos cuarenta años de democracia hay continuidades, herencias vivas del terrorismo de estado y su principal objetivo, hacer del país un enclave financiero y exportador barato de bienes comunes, profundizando la dependencia y, por lo tanto, socializando el empobrecimiento.

 20 mil fábricas fueron cerradas entre 1976 y 1983.

 "El empresariado argentino ha crecido y está decidido a aceptar el desafío que significa la reconstrucción de la república. Por ello estamos aquí reunidos, para conocer el pensamiento de las fuerzas armadas y poder así reflexionar sobre la naturaleza de sus designios, determinando la dimensión exacta de nuestra responsabilidad empresarial", dijo un exultante representante de la Federación Gremial de la Industria y Comercio de Rosario, José Luis Pinasco, en octubre de 1977 al recibir a Díaz Bessone.

 El militar no se quedó atrás: "Los empresarios forman uno de los primeros sectores que constituyen la nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los blancos predilectos de la agresión criminal de las hordas marxistas. Por eso la responsabilidad moral es la otra gran vertiente de esta eminente función social, y comienza dentro de la misma empresa. Allí los derechos ceden su lugar a los deberes. Defender la empresa y la propiedad privada contra agresores de toda índole es el primer deber", sostuvo en una clara conciencia del rol de los militares como celadores del gran capital.

 30 mil detenidos desaparecidos

Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue mucho más contundente frente a la embajada de los Estados Unidos: “Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”.

 Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que "otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución”.

 Esa “operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias El Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán”.

 Sostuvo que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”.

 Remarcó que “el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración”.

 Acindar “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini”.

 Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...".

923 procesados en los juicios de delitos de lesa humanidad.

   “...estas organizaciones trabajan sin tener en cuenta el tiempo, el tiempo para ellos es secundario, no nos extrañemos que empiecen, no ahora, sino en una fecha relativamente corta, larga, pero van a volver porque les queda todavía... por empezar que ha sido histórico, una etapa de venganza personal, una venganza personal, como ocurrió con ese teniente coronel que fue a reprimir allá en el sur en la Patagonia trágica y después lo mataron acá en el centro de Buenos Aires...Varela y lo mató un terrorista extranjero...”, declaró Agustín Feced el 11 de setiembre de 1984 ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

 Feced se sentía la continuidad de Varela, el represor de los huelguistas del año ’21 en la Patagonia. Una clara definición del objetivo del terrorismo de estado. Agustín Feced fue el jefe de la policía rosarina entre 1976 y 1978. Un hombre al que Isabel Perón le llegó a ofrecer la conducción de la “Triple A”.

 4.300 civiles están imputados de haber colaborado con los delitos de lesa humanidad.

 297 civiles, solamente, han sido juzgados.

 «Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político, porque todo el poder lo tenían ellos (…) Hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina». 

(Juan Alemann, Secretario de Hacienda, citado en Martin Andersen, Dossier Secreto, Planeta, 1993)

 6 de cada diez desaparecidos tenían entre 21 y 30 años (32,62 por ciento entre 21 y 25 años y 25,90 por ciento entre 26 y 30 años, sumando un total de  58,52 por ciento).

 6 de cada diez desparecidos eran obreros, empleados, profesionales y docentes, es decir trabajadores (obreros 30,2 por ciento; empleados 17,9 por ciento; profesionales 10,7 por ciento y 5 por ciento, docentes; haciendo un total de 63,8 por ciento del total de desaparecidos).

 "Milagros no hay" -eran las palabras del gerente de producción de Mercedes-Benz Argentina, Juan Tasselkraut, cuando en el Juicio por la Verdad el juez le preguntó si había relación entre la desaparición de 14 obreros durante la dictadura militar y el aumento significativo de la productividad en la fábrica. Este documental fue emitido por varios canales de televisión en América Latina, pero los canales alemanes nunca se atrevieron a hacerlo. Un documental de Gaby Weber

 21.526  es el número de la llamada ley de entidades financieras que rige desde el 14 de febrero de 1977.

 1.500.000 de libros fueron quemados

 El 30 de agosto de 1980 la policía bonaerense quemó en un baldío de Sarandí un millón y medio de ejemplares del Centro Editor de América Latina, retirados de los depósitos por orden del juez federal de La Plata, Héctor Gustavo de la Serna. Los libros ardieron durante tres días. Cabe aclarar que no fue esa la única vez que la dictadura quemó libros. El 29 de abril de 1976, Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, ordenó una quema colectiva de libros, entre los que se hallaban obras de Proust, García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, Saint-Exupéry, Galeano… Dijo que lo hacía “a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas… para que con este material no se siga engañando a nuestros hijos”. Y agregó: “De la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina”. (Diario La Opinión, 30 de abril de 1976).

* El periodista Carlos del Frade es diputado de la provincia de Santa Fe por el Frente Social y Popular