El autor propone derogar los decretos de Macri que limitaron la Ley de Servicios Audiovisuales y un nuevo debate sobre el rol de los medios en la sociedad.
Opiniones11/11/2022 Glenn Postolski
A 13 años de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), a nueve del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó la constitucionalidad de la ley y a seis años de su desguace a través de los DNU firmados por Mauricio Macri irrumpe la demanda por la derogación de aquellos decretos y la apertura a un nuevo debate sobre el rol de los medios en la sociedad.
El Frente de Todos surgió entre contradicciones y promesas de ser mejores; la pandemia, la guerra y la presión constante de los grupos económicos concentrados lo instaló en la necesidad imperiosa de resolver lo urgente, y eso muchas veces silenció las expectativas de amplios sectores que lo votaron.
Una política de comunicación ausente o vacilante y la voluntad de acordar o al menos de sentirse cercano a los grandes monopolios marcó el devenir de estos años, pero no es esta la razón principal por la cual volver a debatir sobre el contexto mediático. En los últimos meses, los cimientos del pacto democrático, nacido durante la post dictadura, están en tensión.
La aparición de grupos violentos, la transmisión en directo de los alegatos acusatorios del fiscal en la causa Vialidad, y la condena mediática de Cristina Fernández, fue el preludio del intento de magnicidio a la vicepresidenta.
A pesar de estas condiciones, los últimos días alumbraron la aprobación por Ley de la prórroga por 50 años de la asignación de fondos específicos para el financiamiento de las instituciones culturales y se presentaron proyectos de ampliación democrática para el sector, impulsados por los diputados Pablo Carro y Florencia Lampreabe, dando cuenta de un nuevo vigor de las organizaciones vinculadas a la comunicación.
A pocas horas de asumir la Presidencia, Macri sancionó el DNU 13 que reformó la Ley de ministerios. Creó así el Ministerio de Comunicaciones que absorbió todas las competencias de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Completó su tarea con el DNU 236/2015, que intervino y disolvió ambos organismos, reemplazándolos por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
El decreto quirúrgico, que de manera concreta vació la LSCA, fue el 267/15. Cambió de fondo el funcionamiento del sistema con la redefinición de los servicios de televisión por cable -que dejaron de ser regulados por la LSCA para asimilarlos al sector de las telecomunicaciones- como licencias de TIC’s. Se derogaron así todas las obligaciones en materia de composición y orden de grillas, cuotas de pantalla y límites de mercado, entre otras. La provisión de bienes informativos y culturales se convirtió en simple intercambio de datos por redes electrónicas, siendo despojados de su tutela como bienes sociales.
El mismo decreto permitió la multiplicidad y transferencias de licencias y extendió su plazo de duración, anuló el abono social que regía para el cable y por supuesto envió al arcón de los recuerdos al artículo 161, de adecuación de los grupos concentrados.
Por último, en 2017, Macri sancionó el DNU 1340 que habilitó el cuádruple play, lo que permitió la expansión de las telecomunicaciones a todos los mercados del audiovisual. El discurso de la convergencia favoreció la concentración.
Mucho se dijo en contra de la Ley de Servicios de comunicación audiovisual: que era vieja antes de nacer, que solo reflejaba una lógica académica alejada de la realidad de la industria, que era un instrumento de control contra los medios de comunicación “independientes”.
Esa ley fue debatida en más de 70 foros realizados en todo el país, que permitieron la participación de todos los actores de la sociedad. Luego fue aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras. En contraste, toda la justificación del lobby de los monopolios se tradujo en decretos de necesidad y urgencia, luego votados bajo amenaza de carpetazo.
En momentos en que la propia idea de la vida en común se encuentra amenazada, frente un escenario electoral polarizado y el incremento constante de discursos de odio, es imperioso volver a un marco de dignidad y soberanía comunicacional. Hay que poner en discusión la dinámica de la comunicación, donde ya no solo se trata de los medios tradicionales, sino de grandes plataformas, redes y la circulación de nuestros datos personales, todo controlado por grupos económicos de escala global.
Urge volver al paradigma de los derechos humanos y comprender qué implica esto en el plano de la comunicación. Para ello hay que salir primero de los funestos decretos de Mauricio Macri, porque promovieron la concentración de la propiedad y las posiciones dominantes, porque desregularon la TV por cable y la comprendieron como mera transmisión de pulsos lumínicos, porque reinstalaron la transferencia de licencias convirtiendo un bien en común en una mercancía y principalmente porque destruyeron todos los organismos democráticos para construir una comunicación soberana, federal y democrática.
En nombre de una «reforma del Estado» que avanza sobre derechos históricos, el gobierno pone bajo la lupa al Estatuto del Periodista, uno de los últimos diques frente al avance del poder económico, la mercantilización de la información y la colonización de las conciencias. En un escenario de justicia complaciente, medios concentrados y mercados convertidos en soberanos, el periodismo crítico vuelve a ser señalado como enemigo por cumplir su función esencial: denunciar, resistir y no callar.
Esta reforma laboral no busca equilibrio: busca disciplinamiento. Y lo hace con una premisa brutalmente honesta aunque mal disimulada: convertir al trabajador en una variable de ajuste y al empleo en una mercancía descartable.
El periodista Jorge Vasalo quien además es psicólogo se refiere a una cuestión muy importante de nuestra existencia y felicidad o infelicidad ¿Cuál es la medida de nuestra satisfacción? Se pregunta
“En los tribunales no vemos enemigos. Vemos historias de abandono acumulado”, escribió el juez Rodrigo Morabito, en una carta abierta al presidente. En un contexto en el que se busca bajar la edad de punibilidad, el juez en lo Penal Juvenil advierte que no se trata de castigar más temprano sino de no abandonar tempranamente a la infancia.
La frase muchas veces repetida por los directivos de la Sociedad Rural: “Si al campo le va bien, al país le va bien”, parece volverse como un boomerang. Aclaremos que el campo es mucho más que las empresas de agronegocios, o los grandes y medianos productores de la pampa húmeda. Pero, incluso a ellos: ¿les está yendo bien?
Cada vez que la inseguridad vuelve a ocupar el centro del debate público, reaparece una propuesta tan simple como injusta: bajar la edad de punitibidad penal; presentándola como una respuesta “firme” frente al delito, cuando en realidad es el reconocimiento explícito del fracaso del Estado, de la dirigencia política y de la sociedad adulta en su conjunto. Castigar antes no resuelve los problemas de seguridad, solo desplaza responsabilidades y vulnera derechos.
La provincia de Santiago del Estero volvió a ser tendencia por una mezcla explosiva: identidad, redes sociales, tradición popular y una chacarera que no pide permiso.
A partir de un trabajo de Meprolsafe la entidad que nuclea a los productores lecheros de Santa Fe hizo pública la realidad del sector tambero en relación a la presión impositiva que atraviesa.
Los animales muertos en el asfalto no son accidentes inevitables, sino el síntoma de una infraestructura que ignora la biodiversidad. Con apenas el 3% del bosque nativo en pie, Córdoba enfrenta una crisis silenciosa donde la falta de pasafaunas y planificación condena a nuestras especies a la fragmentación y la muerte.
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Presentaron en San Francisco un proyecto experimental de educación dual para escuelas técnicas
