“No es una transición energética, es una transición con zonas de sacrificio”

En el marco del amicus curie colectivo presentado por Fundeps y junto a otras organizaciones de la sociedad civil, las incansables VUDAS expusieron este lunes en la audiencia pública sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Mundo 05/06/2024 Por Soledad Sgarella
CIDH

Las vecinas organizadas de San Antonio -que desde hace más de una década luchan para que la planta de elaboración de bioetanol Porta se vaya de su barrio- fueron a Brasil, presentándose como “caso testigo” en nombre de las comunidades que vivencian las injusticias de una transición energética que atenta contra la vida.
“Lo que pasó esta semana es importante para nuestra organización y para las demás organizaciones que también están luchando por el territorio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un área de la justicia. Nosotros transitamos todo, todas las herramientas por justicia ambiental en nuestro país y no se supo dar una respuesta inmediata y por la vida ante la situación gravísima que se vive aún hoy y después de 12 años en nuestro barrio”, dicen, en diálogo con La tinta, Silvia Cruz y María Rosa Viñolo de (VUDAS), quienes junto a Luisa Gómez de la Fundación CIEL viajaron a participar de la audiencia. 
Las integrantes de la Asamblea Fuera Porta saben que tanta injusticia y tanto dolor no es algo que sufren solo ellas y que es una situación que se repite en cada uno de los territorios: “Los vecinos que viven y luchan por el territorio frente al extractivismo de litio, los que sufren en las comunidades de Vaca Muerta, los que sufren en cada una de las comunidades donde les contaminan el agua, les contaminan el aire. Nosotros tenemos la empresa al lado y es una realidad que hay que sacarla de barrio San Antonio porque, si no, vamos a terminar muriendo absolutamente todos”, afirman.
Como detallan Silvia y María Rosa, en Argentina, transitaron absolutamente todas las instancias judiciales. “En el 2015 y con la denuncia penal contra Porta, archivaron la causa de modo cuestionable e irregular, con muchas pruebas que podían haberla abierto un poco más. Aun así, interpusimos el amparo en la Justicia Federal después de haber terminado con varias cuestiones administrativas de instancias en la Municipalidad donde no dieron lugar. Ese amparo federal se dio allá en el 2016-2017. En el 2019, el juez Hugo Vaca Narvaja dejó en claro la irregularidad que veníamos denunciando, como la falta de permiso, la ilegalidad, el no tener estudios de impacto ambiental y los daños que ha provocado el hecho de estar allí y con falta de control al lado de nuestras casas, dando un fallo que pedía que, a 90 días, la empresa tenía que presentar el estudio. Pero la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba se presentó diciendo que la institución no iba a solicitarle nada porque no se requería. Con esto, quedó claro que la Provincia no tiene intención alguna de realizar esto del impacto ambiental y tiene una intención de dejar a Porta al lado de nuestras casas. En 2023, nos enteramos de que la Corte Suprema no había admitido la causa contra la planta de bioetanol. Es por eso que, junto con Fundeps que nos abrió las puertas para lograrlo, esta semana, pudimos interponer este amicus curie junto a otras organizaciones más”.
¿Qué se pidió específicamente en el amicus curie? Que la Corte exija a los Estados que se ratifique el Acuerdo de Escazú, que se protejan a defensorxs según el Acuerdo y que se consideren los impactos diferenciados de la crisis climática en las mujeres.
Desde Fundeps, explican que la resolución de esta solicitud de opinión consultiva (que se espera para finales de año) genera gran expectativa por la necesidad que existe en el sistema interamericano de derechos humanos de que la CoIDH se expida en torno a las obligaciones y responsabilidades de los Estados en contexto de emergencia climática y transición energética.
“Nuestro país no ha querido, no ha sabido, no ha podido y no ha decidido a favor de la vida de las personas. La transición energética está a favor de las empresas y es parte del agronegocio. No es una transición energética, es una transición con zonas de sacrificio”, dicen Silvia y María Rosa, y concluyen: “Se siente bien saber que no estamos solos, que hay compañeros y compañeras y hermanas de pueblos originarios que están viviendo exactamente lo mismo que nosotros y le dan pelea todos los días y la están luchando. Entonces, creemos que la red tiene que ser amplia, la red atraviesa fronteras y es lo que vamos a seguir construyendo”.

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