Se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidos por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o incorporadas en el nomenclador de prestaciones básicas.
Pais16/05/2024
Redacción Regionalisimo
Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga.
La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no responden a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello. Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de millas de personas con discapacidad.
En paralelo a este documento que circula, desde el estado continúan sin dar respuesta a quienes no tienen una cobertura.
De efectivizar esta medida se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado -que tiene la administración del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad-, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga.
De hecho, actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financieros. Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto.
Por los motivos expresados, exigimos a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años.
El Gobierno nacional asignó casi $ 120.000 millones para bomberos voluntarios de todo el país. Este desembolso se produce en medio de los reclamos por el atraso en la asignación de partidas al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. El Ejecutivo, además, declaró la Emergencia Ígnea..
Retrocedió cinco puestos en comparación con la medición anterior en el índice que elabora el movimiento global Transparencia Internacional
El gobierno de Javier Milei definió el calendario nacional que establece cuándo y a quiénes les corresponden los descansos extendidos
El índice pasó de 8 a 8,5 cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Las provincias más afectadas fueron Corrientes, Chaco y La Rioja.
La Bancaria declaro el estado de alerta al conocerse que el banco Santander cerrará cerca de 40 sucursales en todo el país, Habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo la semana próxima para defender los puestos de trabajo
Raúl Guglielminetti actuó en Orletti, Campo de Mayo, la Superintendencia de Seguridad Federal y Neuquén. Fue uno de los genocidas que se reunió con los diputados de La Libertad Avanza (LLA).
La provincia de Santiago del Estero volvió a ser tendencia por una mezcla explosiva: identidad, redes sociales, tradición popular y una chacarera que no pide permiso.
Están trabajando en la nueva vereda del Centro Educativo Florentino Ameghino, pintura y demarcación de sendas peatonales elevadas en la esquina del Ipem 326 Mariano Moreno y la repavimentación frente al Jardín de Infantes Florentino Ameghino.
Córdoba Turismo impulsa la Ruta del Queso como experiencia productiva, cultural y turística
Alcanzará a 200 municipios en 2026. El ministro de Educación Horacio Ferreyra presentó la edición 2026 del programa junto a RIL y Fundación Varkey. La iniciativa busca fortalecer el rol de los gobiernos locales en educación y profundizar la articulación con la política educativa provincial.
En nombre de una «reforma del Estado» que avanza sobre derechos históricos, el gobierno pone bajo la lupa al Estatuto del Periodista, uno de los últimos diques frente al avance del poder económico, la mercantilización de la información y la colonización de las conciencias. En un escenario de justicia complaciente, medios concentrados y mercados convertidos en soberanos, el periodismo crítico vuelve a ser señalado como enemigo por cumplir su función esencial: denunciar, resistir y no callar.
