Miguel Peiretti
Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga.
La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no responden a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello. Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de millas de personas con discapacidad.
En paralelo a este documento que circula, desde el estado continúan sin dar respuesta a quienes no tienen una cobertura.
De efectivizar esta medida se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado -que tiene la administración del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad-, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga.
De hecho, actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financieros. Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto.
Por los motivos expresados, exigimos a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años.
