Miguel Peiretti
En sus 34 años de historia, el ProHuerta llevó semillas, aves de corral y asistencia técnica a familias humildes y escuelas rurales de la Argentina. Esta política dependiente de Capital Humano (antes Desarrollo Social) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que supo dar sustento a más de 600 mil huertas de todo el país, hoy corre peligro.
Básicamente, su objetivo es que familias humildes puedan producir en pequeños terrenos entre 50 y 100 metros cuadrados, y así abastecerse de alimentos de calidad. Todo a un costo bajísimo para el Estado, que de otra manera debería asistir con los bolsones de comida o ayudas sociales que esta administración viene retaceando.
«Como tanto se repite y repite en estos tiempos: intentamos no dar el pescado, sino enseñar a pescar”, resume Roberto Cittadini, quien fuera su coordinador entre 2006 y 2013.
En concreto, además de despedir a sus 43 técnicos, la cartera que conduce Sandra Pettovello resolvió no asignar a ningún funcionario para continuar su desarrollo. “No anunciaron su cierre ni dijeron `esto no va más´, lo están dejando morir por inanición”, denuncia este sociólogo de la Universidad de Mar del Plata, cuyo currículum académico incluye un doctorado en Desarrollo Rural en Francia.
“A penas asumió Milei, nos sentamos con el funcionario a cargo para explicarle de qué se trataba porque desconocían por completo el programa, pero rápidamente cortaron el diálogo”, explica.
En estas tres décadas, el ProHuerta no sólo obtuvo el reconocimiento de gobiernos de variado signo. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) tomó su ejemplo y destacó que no existen antecedentes de una política similar a nivel global.
Incluso se exportó a numerosos países de la región, con una experiencia destacada en Haití. Como cuenta Cittadini, “con fondos de ONGs europeas y el conocimiento que pudimos acumular en todos estos años, logramos formar a técnicos y extenderlo con éxito en comunidades haitianas”.
Mientras tanto, la red de promotores voluntarios (mayoritariamente, vecinos y docentes) formada en estas décadas intenta continuar con el ProHuerta, una política que pareciera ir camino a engrosar el largo listado de víctimas de la motosierra mileista.
“Es un nuevo golpe a la soberanía alimentaria”, apunta su ex coordinador.
