(APe).- El 24 de abril de 1978 llegó el primer cargamento de cocaína desde Bolivia a la zona franca de ese país en el otrora pujante y mítico puerto rosarino. Eran 200 kilogramos acordados entre el terrorismo de estado de Hugo Banzer y el de Jorge Videla. Rosario formaba parte de la geografía del segundo cuerpo de ejército con jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos y su titular era nada menos que Leopoldo Fortunato Galtieri. Eran negocios presentados como exportaciones de azúcar. El zar de la cocaína en aquel momento se llamaba Roberto Suárez Gómez y gracias a sus contactos con la CIA y la DEA, hizo negocios con los desaparecedores argentinos. Años después, en un tribunal brasileño, Gustavo Bueno, integrante del Batallón 601 de Inteligencia, confesó que la orden fue liberar el norte para los “cocaleros” bolivianos.
Desde entonces existe la llamada “hidrovía de la cocaína” para los funcionarios y medios paraguayos. Cinco años atrás informaban que sus estimaciones daban un volumen de 46 toneladas cada dos años que salen de los puertos del Paraná. Son 79 en total en las siete provincias argentinas vinculadas al río de aguas marrones. La mayoría multinacionales y casi todas representadas por la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina, la CIARA. Los mismos que a principios del gobierno de Javier Milei dijeron que ellas se iban a ocupar del tema seguridad y narcotráfico. Que nadie del estado se meta en lo que entra y sale por sus puertos. Impunidad institucionalizada para negocios legales e ilegales.
En la mañana del 30 de abril de 2025 -consecuencia de esta historia de uno de los principales negocios del capitalismo como es el narcotráfico, multinacional y paraestatal, es decir que necesita de nichos corruptos de arriba hasta abajo- el capitán de un buque de las islas Marshall, Oceanía, al llegar al puerto de Vicentin en la histórica ciudad de San Lorenzo, denunció la presencia de bultos extraños.
Media tonelada de cocaína en estado puro valuada en 6 millones de dólares como mínimo, algo que después se multiplica por diez a medida que se acerca a otros continentes. El fiscal federal Claudio Kishimoto, trabajador, serio y comprometido, está a cargo del origen de esos panes que tiene un sello que semeja una corona.
Desde hace más de cinco años, las especulaciones más serias son que las organizaciones narcos latinoamericanas como el Primer Comando Capital de Porto Alegre son las encargadas de generar la mayor exportación de cocaína por los puertos del Paraná con complicidad de los nichos de corrupción empresariales que muy difícilmente pisan los pasillos de los tribunales por el carácter clasista de nuestro sistema.
En las próximas horas es posible que la señora Patricia Bullrich, vocera permanente del Comando Sur de los Estados Unidos, se ufane del control de las fuerzas federales sobre los puertos y un nuevo triunfo de la administración Milei contra el narcotráfico. Será una gran mentira, una nueva puesta en escena, fulbito para la tribuna para usarlo como excusa para ratificar el plan de convertir a las fuerzas armadas en policías nacionales y estar más atentas a reprimir las protestas sociales que a impedir el desarrollo del negocio que cada día convierte a más pibas y pibes en consumidores consumidos.
La media tonelada de cocaína encontrada en el puerto de Vicentin en la ciudad de San Lorenzo es la confirmación de una ruta histórica del comercio internacional del narcotráfico desde los tiempos del genocidio.
Detrás del mecanismo están los supuestamente impolutos grandes empresarios, los verdaderos responsables del negocio en cualquier lugar del planeta. Los impunes de siempre, los desconocidos de siempre.
Contra ellos jamás hay “plan bandera”.
