La funcionaria que habla de madres narcocriminales. Los chicos de 15 años asesinados en el rosariazo y los chicos que hoy se marcan como asesinos. Los chicos desaparecidos, trabajadores, menores de treinta años. Una historia popular de la Argentina que ahora busca condenar a esos mismos chicos a los doce años.
Gente vinculada a los grupos paramilitares o parapoliciales de los años setenta se nutren de las bandas narcopoliciales actuales para traer una amenaza de muerte a una joven abogada rosarina. Los intereses de los desaparecedores de los años setenta se presentan como vinculados a los que manejan la industria del sicariato en el tercer milenio.
Mientras se anulan los fondos para educación, jubilados, transporte, coparticipación y discapacidad porque “no hay plata”, el gobierno de Milei compra 24 aviones de guerra y afianza relaciones con quienes produjeron el nacimiento del narcotráfico en Argentina y auspiciaron la represión ilegal a partir de 1976. La obscena actualidad de aquel fatídico 24.
Dos caras de la misma moneda: fuerzas federales y armadas para controlar la población y extranjerización del Paraná para garantizar el saqueo de las riquezas argentinas a través del manejo de los puertos. Lo que se anunció hace dos años en Paraguay hoy se completa en la Argentina del señor Milei y su ministro Caputo que exhibe, sin pudor, la bandera del imperio en su solapa.
Investigan la causa de muerte de una adolescente de 15 años que era atendida en el Hospital Giménez de Suardi con diagnóstico de dengue.
Las evidencias fueron aportadas a la Unidad Fiscal de San Justo y habrían surgido, producto de la reciente intervención de la comuna de Villa Saralegui.
Ocurrió en un campo entre San Jorge y Sastre, donde perdió la vida un joven trabajador rural que residía en Carlos Pellegrini.
Los ultrajes ocurrieron desde 2004, iniciando con su hija que tenía 8 años en una población del departamento Ancasti, Catamarca
Martes 30 de abril, 2.40 de la madrugada, Legislatura de la provincia de Chaco. De espaldas a la sociedad, diputados provinciales votaron modificar el mapa de la Ley de Bosques, habilitando que más de un 1 millón de hectáreas puedan ser desmontadas, arrasadas.