En pocos meses, Javier Milei recurrió a los decretos de necesidad y urgencia para evitar el diálogo con el Congreso, a la vez que, a la fuerza de cargos y prebendas, formó su "escudo legislativo". El abuso del DNU erosiona la división de poderes y debilita la democracia. ¿Reaccionará el Congreso para limitar este poder o seguirá siendo un espectador?
Opiniones27/12/2024 Por Thiago Leis
La llegada de Javier Milei al poder marcó un giro importante en la dinámica del sistema político argentino. Apenas asumido, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que impactó desde la Ley de Alquileres hasta la conformación de sociedades deportivas. Con este solo movimiento, dejó en claro que su estilo no sería el de la negociación.
Desde el primer día, la confrontación fue su carta de presentación. Habló de espaldas al Congreso en la apertura de las sesiones ordinarias, insultó públicamente a los legisladores llamándolos "ratas", "corruptos" y "chorros", y hasta retiró su propio proyecto de Ley de Bases, profundizando la tensión con el Poder Legislativo. La estrategia era clara: alejarse del diálogo y buscar imponer su agenda.
Con el correr de los meses, y con la necesidad de una victoria legislativa, Milei ajustó su táctica y comenzó a negociar con algunos bloques opositores, cediendo en ciertos puntos para lograr aprobar su Ley de Bases. Pero esto no fue un giro hacia el consenso, sino más bien un intercambio de favores políticos: prebendas, obras y cargos a cambio de apoyo legislativo.
De esta manera, logró que el Congreso sancionara su ley bases, aunque reducida, y formó un escudo legislativo para frenar cualquier intento de insistencia sobre leyes vetadas. Esto incluyó votos de espacios opositores como el Partido Justicialista y la UCR. Un disclaimer: PRO, frente a los debates que se llevaron adelante, actuó casi siempre como una especie de interbloque con la Libertad Avanza, razón por la cual no los tomamos como opositores, sino oficialistas críticos.
El escudo legislativo no es un logro menor. Además de proteger los vetos del presidente, le da estabilidad en el cargo. Mientras ese escudo siga en pie, el gobierno puede estar seguro de que la oposición no podrá activar un intento serio de juicio político. Para esto, el Congreso requiere una mayoría especial en ambas cámaras.
En Diputados, se necesita una mayoría de dos tercios de los presentes para aprobar la acusación, y luego, en el Senado, se requiere la misma mayoría para llegar a una condena y destitución. En otras palabras, si el gobierno mantiene un bloque legislativo fuerte y el apoyo de una porción importante del Congreso, será difícil que la oposición reúna los votos necesarios para destituir al presidente o a otros altos funcionarios.
El problema más grave, sin embargo, es el abuso del DNU. Si bien la reforma constitucional de 1994 intentó delimitar el uso de esta herramienta, la ley 26.122 -impulsada por Cristina Fernández de Kirchner- dejó la puerta abierta para que los presidentes legislen por decreto sin necesidad de un rechazo explícito de ambas Cámaras. Milei no hizo más que profundizar esta lógica.
Recientemente, además, afirmó que si el Congreso reforma la ley de DNU, también la vetará. Por eso, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de avanzar en la reforma de esta legislación e insistir con su sanción si el presidente cumple con su palabra.
En sus primeros 100 días, Javier Milei, emitió la misma cantidad de DNU que Alberto Fernández (15, según datos de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral), que en aquel entonces afrontó la peor pandemia del Siglo XXI. Esto no es casualidad: el uso del decreto es su principal arma para imponer su agenda sin la necesidad de lidiar con el Congreso.
Un ejemplo claro fue el cambio de nombre del ex Centro Cultural Kirchner, que fue decretado sin debate legislativo, cuando su nombramiento original sí pasó por el Congreso. Aunque no defiendo el nombre del ex CCK, esta acción muestra cómo se erosiona un principio básico de la república: la división de poderes.
Esa división no es sólo una formalidad. Es lo que limita el poder del Ejecutivo y protege a los ciudadanos de posibles abusos. Hoy más que nunca, es fundamental que los legisladores reformen la ley 26.122 y ajusten los DNU a lo que en Brasil se conoce como medidas provisionales, que deben ser aprobadas expresamente por el Congreso en un plazo de 60 días (prorrogable por otros 60) para no perder vigencia.
En Brasil, a diferencia de Argentina, el Congreso juega un rol activo en la aprobación de estas normas. Este modelo refuerza el equilibrio de poderes y evita que el presidente use los DNU de forma discrecional para gobernar sin contrapesos.
El caso Milei deja en evidencia que no podemos depender de la ética del presidente de turno para asegurar el respeto por las instituciones. Las reglas tienen que ser sólidas y transparentes, sin importar la ideología del gobierno. Si no fortalecemos nuestras instituciones hoy, el abuso de poder se convertirá en la norma, debilitando nuestra democracia y afectando la calidad de vida de todos los argentinos.
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