(APe).- Un muchacho caminaba feliz en las calles del centro rosarino en diciembre de 1983. Había votado por primera vez a un candidato de lo que se llamaba entonces la izquierda nacional y al que le decían el “Bisonte”. Pero sentía formar parte de una inmensa mayoría esperanzada y que se emocionaba por la recuperación de los derechos humanos, la dignidad y la posibilidad de levantar las persianas de las fábricas cerradas.
Ahora, en esa misma semana pero cuatro décadas y un año después, las noticias que llegan de su propia amada y desgarrada geografía lo enfrentan con aquel que ya no es.
El 4 de diciembre se cumplieron cinco años del llamado estrés financiero de Vicentin, la otrora principal exportadora argentina. Una cesación de pagos que generó una deuda de más de 1.600 millones de dólares, una fuga de 791 millones de dólares y una angustia permanente en miles de trabajadores de las 33 empresas que componen el consorcio.
El viejo socio internacional de la empresa parida en el norte profundo santafesino, Glencore, cambió su nombre por Viterra y se convirtió en el número de los vendedores de cereales y derivados, completando la extranjerización del principal negocio de la Argentina dependiente. Sus principales responsables están libres porque pagaron una caución de diez millones de dólares, haciendo realidad, una vez más, la impunidad de los delincuentes de guante blanco.
Dos días antes del aniversario, un video ignoto fue viralizado por el gobierno nacional de Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la idea de democratizar el miedo como excusa para combatir el “narcoterrorismo” en el conurbano bonaerense a través de una mayor presencia de fuerzas federales y hasta del ejército para cumplir con el proyecto estadounidense de la doctrina de seguridad continental de convertir a las fuerzas armadas del sur del mundo en policías nacionales. No se trata de seguridad sino de control social. De glorificar la mano dura contra las grandes mayorías empobrecidas, saqueadas e inoculadas de miedo para que permitan los recortes de todos los derechos posibles. Por eso se avanza en la idea de un decreto que permita militarizar las calles de las grandes ciudades argentinas con la intención hipócrita de combatir el narcotráfico. Eterna mentira del sistema que vive del dinero fresco del negocio basado en la distribución y consumo masivo de sustancias prohibidas.
En esas jornadas agitadas de la primera quincena de diciembre de 2024, una molotov estalla contra la sede del edificio de la Secretaría Provincial de Niñez y Adolescencia en la ciudad de Rosario, como si fuera un aviso o quizás la sentencia para decenas y decenas de chicas y chicos que continuarán siendo consumidores consumidos o, peor aún, sicarios asesinados, perversas dialécticas que escapan a las promesas y los números del denominado “Plan Bandera” que supuestamente recuperó la paz en las calles de la ex ciudad obrera, portuaria, ferroviaria e industrial.
Aquel muchacho de hace cuarentaiún años atrás ya no existe.
Apenas sobrevive una porfiada insistencia en denunciar la impunidad de los más poderosos y la obscena mano dura contra el pobrerío que cada día crece más a orillas del río Paraná, la principal arteria por donde fluyen las riquezas del país entero pero que cada vez más pertenece a intereses ajenos a la sufrida gente de estas tierras.
Las noticias, sin embargo, todavía ofrecen una desesperada muestra de una pareja que hacían el amor en una esquina céntrica de la cuna de Messi y Di María y que fue llevada presa por alterar el orden de vaya uno a saber qué ley o moralidad.
Aquel muchacho mastica bronca, piensa en que todavía la fecha recuerda la necesidad de pelear por los derechos humanos y la democracia y sigue, a pesar de los pesares, buscando que la felicidad no sea la propiedad privada de unos pocos.
Aquel muchacho insiste porque ama a sus hijas, su ciudad y su país y no está dispuesto a resignarse porque entiende que la tristeza termina siendo una forma de complicidad.
