
Hay quienes dicen que pagaron para acceder al presidente Javier Milei, pero al final no les cumplieron la promesa. De esta manera, el presidente corrompe el propio código de la mafia que elogia.
Una trabajadora municipal de Morteros que podría sufrir la enfermedad de ludopatía podría haber abusado de la confianza de una persona vulnerable para hacerse de dinero. El hecho fue denunciado ante la justicia para que se determine su responsabilidad penal.
Opiniones05/12/2024Desde el punto de vista legal realizar la denuncia penal es un procedimiento que las autoridades municipales deben cumplir a los fines de no terminar siendo cómplices del hecho por ocultamiento. Pero también las autoridades municipales del área correspondiente tienen responsabilidades desde el punto de vista social y de salud pública.
Estamos hablando de una persona que trabaja en un área social en contacto con personas y quienes trabajan en la atención de adicciones deberían conocer en profundidad que alguien adicto a las apuestas tiene conductas extremas para resolver el endeudamiento provocado por las mismas y para seguir consiguiendo dinero para seguir apostando.
Entonces quienes tienen la responsabilidad profesional de atender las adicciones desde el municipio para la prevención de los habitantes que tienen contacto con personas deberían contar con programas para detectar a trabajadoras y trabajadores que sufren ludopatía y a partir de ahí brindar la ayuda necesaria para su recuperación.
Ante el hecho aparece la pregunta ¿Es el único personal municipal que sufre la problemática de la ludopatía?. En Argentina, según estadísticas del Observatorio de Adicciones y Consumos, alrededor de 19 millones de personas juegan en forma frecuente, un 40 % del total de habitantes, y 7 de cada 10 son adictos, es decir el 70 % de los apostadores.
Si proyectamos esas estadísticas a la ciudad de Morteros unos 8 mil habitantes podrían ser jugadores frecuentes, de los cuales unos 5600 podrían ser adictos. Si esa proyección la trasladamos al municipio alrededor de 200 personas que trabajan en el mismo podrían ser apostadores frecuentes, de los cuales unos 140 sufrirían adicciones.
Si bien se trata de estadísticas que no fueron realizadas de forma específica en Morteros, más allá de que sean menos o más personas, evidencia la gravedad de la situación que no se resuelve con una denuncia penal cuando las personas afectadas sufren una situación ilegal.
Esto plantea la necesidad de que los equipos profesionales resuelvan el problema que tienen en casa a los fines de evitar que alguna persona vuelva a sufrir una situación extrema como la ocurrida.
Hay quienes dicen que pagaron para acceder al presidente Javier Milei, pero al final no les cumplieron la promesa. De esta manera, el presidente corrompe el propio código de la mafia que elogia.
El Nunca Más mostró su verdadero rostro. Hace 40 años fue necesario un golpe militar. Ahora son golpes democráticos. Se habla de Estado de Excepción. El Estado de Excepción fue la anomalía alfonsinista y kirchnerista. La actual es un Estado de Sitio apenas maquillado. Las masacres cotidianas serían incompatibles aun con democracias formales.
El proyecto político económico que impulsa Javier Milei tiene el mismo objetivo que la dictadura, el reemplazo de la producción por la financiarización de la economía. Detrás de las represiones y las manos duras siempre está el poder económico, los titiriteros de entonces, los titiriteros de hoy. De allí la necesidad de repasar postales del pasado en clave de presente.
Quemar un contenedor es violento. Pagar jubilaciones que solo posibilitan la indigencia no es violencia: es déficit cero. Siempre hubo violencia explícita de parte de las policías. La única barra brava es la policía, la gendarmería, la policía naval. Barras bravas de Estado.
El 20 de marzo de 1975 invadieron Villa Constitución. Policías y la pesada de la derecha sindical hicieron del albergue de solteros de Acíndar el primer centro clandestino de detención del país. Terminaron ese día con los gremialistas rebeldes. Martínez de Hoz, entonces presidente de Acindar, había pagado cien dólares a cada represor.
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