Cuesta buscar imágenes de represión similares en democracia como las sufridas y vividas entre el 16 y el 17 de octubre en la provincia conducida por Maximiliano Pullaro. Maestros militantes esposados como narcos. Y en marzo, presos al estilo Bukele como advertencia.
Opiniones08/11/2024 Por Carlos del Frade
(APe).- Las fotos del gobierno de Santa Fe definen su política de mano dura.
A principios de marzo de 2024, presos de “alto perfil” al estilo Bukele y en octubre del mismo año, volantes gremiales, pecheras sindicales, carteles que dicen la verdad histórica de los 30 mil desaparecidos como si fueran armas letales y maestros militantes esposados como narcotraficantes saliendo del palacio de tribunales de la ciudad capital de la provincia por donde sale el 85 por ciento de las exportaciones argentinas.
En el territorio que en los primeros nueve meses del año exportó producción propia por 9.400 millones de dólares y que tiene 961 mil personas por debajo de la línea de la pobreza, 300 mil más que en 2023, los allanamientos, violentos e irracionales, en las viviendas de media docena de militantes sociales determinan que la decisión es apretar por abajo mientras crece la concentración y la extranjerización de riquezas en pocas manos.
Cuesta buscar imágenes de represión similares en democracia como las sufridas y vividas entre el miércoles 16 y el jueves 17 de octubre de 2024 en la provincia conducida por el radical Maximiliano Pullaro.
La Central de Trabajadores Autónomos de la Argentina, seccional Rosario, se preguntaba: “¿A quiénes detuvieron? A tres docentes que todos los días del año, con compromiso y responsabilidad, ejercen el oficio de enseñar (Diego, Franco, Román), a un militante barrial (Maxi) que día a día deja la piel en el organizando jóvenes y vecinos, pateando el territorio en la lucha cotidiana por la sobrevivencia exigiendo derechos mínimos. También a Daniel, trabajador precario del área de Niñez que fue cesanteado por este gobierno provincial hace una semana”.
Dijeron los medios de comunicación que “el miércoles por la mañana, la policía de la provincia de Santa Fe irrumpió en la casa de cinco dirigentes gremiales de Rosario y uno de Teodelina. Los allanamientos se dieron de forma violenta y, en algunos casos, sin brindar detalles de la causa que motivaba los operativos. Después de ser trasladados a Santa Fe y pasar la noche detenidos en una cárcel común, fueron imputados por “perturbar” la sesión donde se aprobó la reforma previsional y los daños ocasionados sobre la Legislatura provincial”.
Para la fiscal María Laura Urquiza, los dirigentes fueron identificados durante los disturbios en la Legislatura por las cámaras del lugar y las imágenes difundidas por los medios de comunicación. Ahora seguirán el proceso en libertad, pero deberán fijar domicilio y presentarse una vez por mes ante el Centro de Justicia Penal.
Uno de los detenidos, maestro de barrio Santa Lucía, en Rosario, zona estragada por la lucha territorial entre bandas narcopoliciales barriales, contó que los presos comunes no podían creer que estuvieran detenidos.
-Viví lo que siempre cuentan los chicos de la escuela…y lo único que pensaba era volver a la escuela para estar con ellos – dijo el muchacho que no podía entender por qué no lo dejaban despedirse de su bebé mientras lo detenían como si fuera un delincuente.
Esos allanamientos cortan la historia del gobierno de Pullaro en un antes y un después. La elección de los sindicatos cuestionadores como enemigos políticos lo ubican en la misma matriz del gobierno del presidente Milei, mano dura contra los de abajo y absoluta docilidad ante las multinacionales.
En los tiempos cada vez más crepusculares de la democracia argentina, las detenciones de la media docena de maestras y militantes sociales en la provincia de Santa Fe muestran el brutal tamaño del retroceso y la necesidad de juntar los pedacitos dispersos para intentar no solamente la resistencia si no también la esperanza todavía por parir.
Fuentes: Web de la CTAA de Rosario, 21 de octubre de 2024, texto de Gustavo Térez; diario “Rosario/12”, domingo 20 de octubre de 2024; entrevistas del autor de esta nota.
El proyecto político económico que impulsa Javier Milei tiene el mismo objetivo que la dictadura, el reemplazo de la producción por la financiarización de la economía. Detrás de las represiones y las manos duras siempre está el poder económico, los titiriteros de entonces, los titiriteros de hoy. De allí la necesidad de repasar postales del pasado en clave de presente.
Quemar un contenedor es violento. Pagar jubilaciones que solo posibilitan la indigencia no es violencia: es déficit cero. Siempre hubo violencia explícita de parte de las policías. La única barra brava es la policía, la gendarmería, la policía naval. Barras bravas de Estado.
El 20 de marzo de 1975 invadieron Villa Constitución. Policías y la pesada de la derecha sindical hicieron del albergue de solteros de Acíndar el primer centro clandestino de detención del país. Terminaron ese día con los gremialistas rebeldes. Martínez de Hoz, entonces presidente de Acindar, había pagado cien dólares a cada represor.
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Calles militarizadas. El rol del estado y el de los medios corporativos. La mentira como bandera. Un fotógrafo que pelea por su vida. El ensañamiento policial con una jubilada de 87 años y dos niños de 12 y 14. Más fondos para el DNU. La jubilación mínima que no se mueve ni un centavo mientras se conoció, por las mismas horas, que un jubilado necesitará en abril más de un millón de pesos para subsistir.
El sistema jubilatorio no está quebrado ni es inviable, sucede que desde hace décadas los distintos gobiernos burgueses lo vienen desfinanciando, por ideología propia, para financiar sus propias necesidades o por receta del FMI, asegurando así las ganancias de bancos y multinacionales además de utilizarla para financiar la fuga de capitales y la timba financiera.
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Edición miércoles 26 de marzo de 2025
