Después de la muerte de Perón, en línea con su resolución de «exterminio de la subversión», dando forma legal a la acción de la represión paraestatal de la Triple A y otros grupos especialmente asentados en el Estado Nacional (Isabel-López Rega-Villar…) se avanza en la legitimación legal del Plan de Aniquilamiento.
Opiniones23/03/2023 Mario Hernandez
Con el Decreto de «Aniquilamiento del accionar subversivo» Nº 261 del 5 de febrero de 1975 (reforzado con el Decreto 2772 del 6 de octubre de 1975), la presidenta Isabel Martínez de Perón lanza el «Operativo Independencia», formal comienzo del plan sistemático de desaparición de personas durante la primera fase del Terrorismo de Estado (1974-1976).
Un mes después, el 20 de marzo de 1975, las «fuerzas conjuntas» auxiliadas por el sindicalismo alineado con el Gobierno Nacional, comienzan en Villa Constitución, el «Operativo Serpiente Roja» del Paraná que se extendería por todo el cordón industrial asentado en territorios ribereños del Río Paraná.
Para el dirigente radical, Ricardo Balbín, «los sucesos de Villa Constitución fueron necesarios para erradicar a la subversión industrial».
El «visto bueno» del líder radical a la represión de 4.000 milicos de Buenos Aires y Santa Fe contra trabajadores industriales -con la bizarra justificación de «desvertebrar el complot» contra el Estado-, anticipaba su consenso con el golpe de Estado que se concretaría el 24 marzo de 1976.
Con el Operativo Independencia y el Operativo Serpiente Roja del Paraná se pone en marcha la represión de los trabajadores y la militancia política mediante la acción combinada de fuerzas policiales, militares y empresariales con grupos paraestatales.
En algunos extractos de la editorial de La Prensa del 26 de mayo de 1975, titulado «Otro episodio desconcertante» expresaba:
El 21 de marzo pasado en el Ministerio del Interior se entregó al periodismo un documento en el que se decía que informes coincidentes, suministrados por organismos de seguridad, habían permitido comprobar la existencia de «una vasta operación subversiva terrorista» organizada por una deleznable «minoría antinacional» en la zona industrial del río Paraná, entre Rosario y San Nicolás. Se agregaba en dicho documento que fuerzas de la Policía Federal, Prefectura Nacional Marítima y policías provinciales de Buenos Aires y Santa Fe habían actuado eficazmente para «desvertebrar el complot» que tenía su «epicentro» en Villa Constitución, y cuyos objetivos consistían en paralizar la industria pesada, usurpar las delegaciones gremiales y obligar a los trabajadores a no concurrir a sus tareas habituales.
Cuando se hicieron los procedimientos policiales mencionados, las fábricas de grandes empresas metalúrgicas fueron ocupadas por sus obreros, como protesta por la detención de dirigentes de un sector de la Unión Obrera Metalúrgica que tenía el control de esta entidad en el orden local, en disidencia con la conducción central de la CGT. Desde entonces menudearon las acusaciones recíprocas entre dirigentes sindicales enfrentados, alegando los disidentes que no había tal complot y que lo sucedido era consecuencia de haber ellos triunfado ampliamente en comicios gremiales de la seccional.
[…]El 21 del mismo mes de abril hubo heridos y más detenidos en Villa Constitución, al impedir tropas policiales una concentración organizada para reclamar la libertad de dirigentes y delegados, y el 25 hubo un cese total de actividades en la ciudad, en tanto que 16 presos eran transportados de la cárcel de Coronda (Santa Fe) a la de Rawson (Chubut). El 26, con el objeto de poder informar debidamente a la presidente de la Nación, el ministro del interior viajó a Villa Constitución en compañía del jefe de la Policía Federal.
[…]En una de las reuniones de la comisión multipartidaria creada en Villa Constitución con motivo de los sucesos comentados, realizada en Rosario el 3 del corriente mes de mayo se dio a conocer un documento en el que se expresaba que en las entrevistas mantenidas con representantes del gobierno no se habían podido obtener informes convincentes que permitieran afirmar la existencia del complot.
Sin embargo, el 7 de este mes el ministro de Trabajo insistió en que lo ocurrido en Villa Constitución constituía un hecho netamente subversivo y anunció que próximamente se informaría sobre el proceso, que afectaba a lo que llamó «la línea roja del Paraná». Nuevamente el 10 de este mes un comunicado del Ministerio del Interior insistió en afirmar la realidad de la subversión y mencionó la actuación de dos grupos de acción: el político-gremial y el terrorista que se movía como brazo armado del primero. El 18 de este mes se cometió un atentado que causó la muerte del gerente de una importante fábrica de la zona y, en seguida, de manera imprevista, el comité que dirigía la huelga decidió que se reanudara el trabajo «a fin de facilitar la solución del conflicto».
[…]Lo expuesto confiere a este episodio desconcertante caracteres que no deben ser ocultados. Hasta ahora lo único comprobado fehacientemente es la existencia de un conflicto interno entre dirigentes gremiales, con las gravísimas consecuencias señaladas: pérdidas ingentes, escasez de artículos esenciales, detenciones injustificadas, daños materiales, desórdenes y tumultos callejeros, ocupación de fábricas y una huelga prolongada. Respecto de la subversión denunciada, el país, como en el ejemplo socrático, sólo sabe que no sabe nada. Con esta falta de sinceridad se gobierna, después de haber alarmado al país con anuncios cuyo objeto queda en el misterio.
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