


Alivio en la Región Centro: Europa dio marcha atrás y la soja argentina esquiva la "lista negra"
Miguel Peiretti
Ambas administraciones celebraron de inmediato la determinación del bloque internacional, considerándola una decisión crucial para salvaguardar uno de los motores agroindustriales más importantes de la Región Centro.


La votación del legislativo europeo desestimó el proyecto de la Comisión Europea que buscaba encuadrar a la soja dentro de las materias primas con "alto riesgo" por el cambio indirecto del uso del suelo (ILUC). Dicha etiqueta técnica ponía en riesgo la continuidad del biocombustible local dentro de las metas de energías limpias del continente. Tras este revés en el recinto, los equipos técnicos del bloque deberán reformular el reglamento desde su origen.
Gestión conjunta y fundamentación técnica
El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, adjudicó este logro a la articulación estratégica entre los ejecutivos de las provincias, la administración nacional y los representantes del sector privado. "Juntos defendimos a nuestra soja, a nuestro campo y a nuestra industria del biodiésel", manifestó el mandatario, ponderando el informe científico y económico que remitieron oportunamente a la Cancillería para certificar las prácticas sustentables de la agricultura local.
Los despachos oficiales remarcaron que el perjuicio económico esquivado era de gran magnitud. De haberse ratificado la restricción, se habrían visto afectadas colocaciones de biodiésel por una suma cercana a los 390 millones de dólares anuales. El impacto potencial encendió las alarmas en Santa Fe, debido a que el territorio provincial concentra más del 80% de la capacidad de procesamiento de este combustible renovable a nivel nacional.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, argumentó que la intervención activa del Estado provincial resguarda de manera directa las fuentes laborales, el ingreso de divisas y las inversiones productivas. El funcionario puntualizó que la documentación aportada a las oficinas de Bruselas acreditó que la oleaginosa local no promueve la deforestación de montes nativos y que el biodiésel derivado logra mitigar cerca del 70% de las emisiones contaminantes en comparación con el gasoil tradicional de origen fósil.
El debate pendiente por el mercado interno
El escenario favorable a nivel internacional sirvió como plataforma para que las autoridades santafesinas reactivaran un histórico reclamo de política interna. La provincia urgió al Congreso de la Nación a acelerar el tratamiento de una nueva Ley Nacional de Biocombustibles.
El proyecto impulsado por la Región Centro propone:
· Incrementar el corte obligatorio de biodiésel en el mercado interno al 15%.
· Establecer un sendero de incremento progresivo hasta llegar al 20%, supeditado a la competitividad del producto frente al diésel importado.
· Incorporar incentivos específicos para el desarrollo de nuevas alternativas sustentables como el HVO (aceite vegetal hidrotratado) y el SAF (combustible sustentable de aviación).
· Rediseñar los criterios de distribución de cupos para el consumo doméstico entre las plantas integradas y no integradas.
"La oportunidad no pasa solamente por consolidar las exportaciones, sino también por sustituir importaciones de combustibles fósiles", advirtieron las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo. Para fundamentar la propuesta, indicaron que Argentina destina divisas anualmente para la compra de aproximadamente 1.500 millones de litros de gasoil, una demanda energética que podría cubrirse con el saldo de la producción de las terminales nacionales.
Coincidencia y respaldo institucional desde Córdoba

En el plano local, el Gobierno de la Provincia de Córdoba manifestó una honda satisfacción ante la rectificación del Parlamento Europeo. Desde la administración cordobesa consideraron que este desenlace "ratifica que Córdoba no está equivocada en su defensa de los biocombustibles".
A su vez, recalcaron que la continuidad del biodiésel dentro del portafolio de energías renovables admitidas por Europa otorga previsibilidad para sostener la corriente exportadora de derivados de la molienda, incluyendo aceites y harinas proteicas, robusteciendo el perfil comercial de todo el complejo sojero regional.






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