Miguel Peiretti
El complejo, traumático y multimillonario proceso de liquidación de SanCor Cooperativas Unidas Limitada sumó un nuevo e inesperado capítulo en los tribunales santafesinos, alterando el tablero de la industria láctea nacional. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela dictó una resolución de alto impacto que suspende de manera provisoria el pliego de condiciones, el proceso de licitación pública y el cronograma de venta de los activos de la emblemática firma cooperativa
Esta sorpresiva medida cautelar congela momentáneamente la resolución de primera instancia que había sido dictada por el juez a cargo de la quiebra, el Dr. Marcelo Gelcich. El magistrado había autorizado y puesto en marcha la comercialización de la empresa tras decretarse formalmente su quiebra definitiva el pasado 22 de abril de 2026, una medida extrema solicitada por el propio Consejo de Administración de SanCor ante un pasivo financiero asfixiante e insostenible que supera los 120 millones de dólares.
El freno judicial responde a un recurso directo de queja presentado por la firma Fidulac S.A., el potente fideicomiso acreedor liderado por el empresario de medios y finanzas Gustavo Scaglione. El reclamo central de los acreedores cuestiona la estrategia de liquidación y desguace dispuesta por la Justicia de primera instancia, la cual pretendía vender a SanCor de forma fragmentada en siete lotes separados por un valor base total de 52,1 millones de dólares (repartidos en USD 27,4 millones por las seis plantas industriales operativas y USD 24,7 millones por el paquete marcario que incluye nombres históricos del consumo masivo como Mendicrim, SanCor y Tolem).
Los asesores legales de Fidulac S.A. sostienen en su presentación ante la Cámara que la venta por separado y atomizada destruye el valor real de la compañía, pulveriza la sinergia comercial y atenta de manera directa contra la cuenca lechera de Santa Fe y Córdoba. Apoyándose en el espíritu y articulado de la Ley de Concursos y Quiebras, los demandantes exigen de forma taxativa que se priorice la venta de SanCor como una unidad de negocios integrada y en marcha, argumentando que es la única vía válida para resguardar la estructura productiva del negocio en el tiempo y garantizar un mayor recupero para los acreedores legítimos.
El escrito de queja aceptado por el tribunal de alzada también objetó serias desprolijidades técnicas en el armado del pliego de bases y condiciones. Entre ellas, se denunció la absoluta falta de tasaciones integrales actualizadas y, de forma muy puntual, una rebaja del 20% en el valor de base de la planta industrial de Sunchales, aplicada de forma considerada arbitraria por la sindicatura tras el voraz incendio estructural que afectó a dichas instalaciones el pasado 7 de junio.
Mientras los magistrados de la Cámara de Rafaela revisan el fondo del pliego para determinar bajo qué modalidad continuará la liquidación de los bienes, el panorama operativo e institucional de la gran láctea argentina se encuentra en su punto más crítico. Las seis plantas fabriles que le quedan a la firma llevan más de 60 días en un estado de parálisis productiva absoluta, arrastrando una inactividad comercial que seca los canales de distribución.
A la par del conflicto judicial, se desató un durísimo drama social en la región con la confirmación de la desvinculación y despido formal de 736 de los 914 empleados que aún formaban parte de la nómina de la cooperativa. Bajo un tenso acuerdo marco rubricado con el gremio ATILRA, únicamente se preservaron 178 puestos de trabajo específicos con el objetivo exclusivo de conformar guardias mínimas para tareas de mantenimiento técnico, seguridad y conservación de las estructuras fabriles básicas.
Hasta el momento exacto en que se notificó la suspensión del proceso, un pool de ocho firmas alimenticias de primera línea nacional e internacional —entre las que destacan con firmeza Adecoagro, Milkaut (Savencia), Punta del Agua, La Tarantela y Elcor (La Tonadita)— se perfilaban y realizaban consultas técnicas como las principales interesadas en la licitación pública [meridianodigital.com.ar]. Con este fallo de alzada, todo el proceso de transferencia y el futuro industrial de las plantas ubicadas en las provincias de Santa Fe y Córdoba ingresan en un complejo e indescifrable cono de sombra judicial que demorará varias semanas en resolverse.
