Miguel Peiretti
El Fiscal Federal Dr. Javier M. Arzubi Calvo, a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-Pami), dio inicio en el mes de mayo a una investigación sobre unmédico oncólogo que atiende en una clínica de forma itinerante, a partir de material presentado por los equipos técnicos de auditoría informática del organismo.
A partir del entrecruzamiento informático de la obra social, que revelara la generación de prestaciones que podrían no haber sido brindadas, la fiscalía especializada —que funciona bajo la órbita de la Procuración General de la Nación— comenzó una investigación preliminar de carácter reservado.
Tras recabar las pruebas y haber corroborado la información, la UFI-Pami realizó la denuncia penal ante el Juzgado Federal de San Francisco, a cargo del Dr. Sergio Pinto, quien ejerce las funciones como juez subrogante, y la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo de la fiscal subrogante Dra. María Marta Schianni. Ambas dependencias llevan adelante la investigación con la colaboración de la fiscalía especializada nacional.
La investigación ahora deberá probar el modus operandi sobre la posible sobrefacturación y una posible falsa dispensa de medicamentos de alto costo, en la que se sospecha que se podrían haber utilizado números de afiliación de jubilados para registrar atenciones virtuales o presenciales simuladas.
La sospecha de los investigadores de la fiscalía especializada es que se generaban estas órdenes apócrifas con el único fin de percibir los reintegros económicos por servicios especializados y tratamientos farmacológicos especiales con cobertura del 100%, afectando directamente los fondos de la UGL III de Córdoba.
Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) de la delegación San Francisco se constituyeron en la clínica por disposición de la justicia con el propósito de requerir de manera formal los expedientes e historias clínicas detalladas de tres pacientes puntuales.
Además, la fuerza solicitó el registro informático consolidado de la totalidad de las prestaciones médicas facturadas bajo el código del oncólogo investigado durante los períodos correspondientes a los años 2024, 2025 y el transcurso de 2026. Con este material, los peritos buscarían probar de manera matemática la superposición horaria y la sistematicidad de las supuestas maniobras.
La lupa sobre posibles complicidades: ¿Hay más involucrados?
Si bien el médico sería el único individualizado en esta etapa del expediente, la Justicia Federal investiga si la maniobra contó con una estructura de soporte interno. Fuentes allegadas a la causa indicaron que los peritos informáticos examinan la cadena de validación de datos para determinar si existió participación de personal administrativo o secretarias de la clínica en la manipulación y facilitación de los padrones de afiliados.
Asimismo, la Justicia buscaría determinar si el profesional actuó de manera aislada utilizando los sistemas informáticos de la institución o si existió una desatención deliberada por parte de la administración del sanatorio que facilitó la carga de las prestaciones bajo sospecha.
Por otra parte, el rastreo judicial se extiende hacia los médicos de cabecera de la región: dado que las interconsultas oncológicas requieren una derivación previa obligatoria, se audita si existieron profesionales locales que emitieron derivaciones sistemáticas o irregulares sin el consentimiento real de los jubilados, sirviendo como el paso previo necesario para inflar el volumen de facturación. Los investigadores no descartan que las máximas autoridades del sanatorio deban responder por omisión deliberada de control sobre sus servidores.
Un punto clave que analiza la justicia para determinar la viabilidad cronológica de las atenciones es la agenda itinerante del profesional. El médico, además de atender en Morteros, lo hace en un Sanatorio de Las Varillas y en un centro especializado de Córdoba Capital. Por este motivo, los peritos buscan certificar si las facturaciones cargadas digitalmente en un centro de salud coinciden o se superponen temporalmente con sus días de atención física en otras localidades de la provincia.
Las figuras penales en juego
Al tratarse de maniobras que afectan de forma directa el patrimonio público del Estado Nacional y manipulan sistemas informáticos públicos, las conductas investigadas por el juez federal de San Francisco encuadrarían en defraudación contra la administración pública, estafa informática, falsificación de documentos y en caso de comprobarse judicialmente la existencia y coordinación de otras personas involucradas podría encuadrar en una asociación ilícita.
