(APe).– Este lunes, mientras Luigi Mangione espera ser condenado en Nueva York por dispararle a Brian Thompson -CEO de United Medical Health Care, principal aseguradora médica norteamericana que le negó tratamiento médico a un familiar-, tres balas con las leyendas “negar, defender y deponer” (deny, defend and depose, en inglés) grabadas en los casquillos, el Ministro de Salud argentino Mario Lugones, se reunió con Robert F. Kennedy Jr., Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Confirmaron que Argentina abandona la Organización Mundial de la Salud -OMS- frente al Tratado Pandémico y que adoptará una serie de medidas para reestructurar el sistema sanitario, y aggionarlo al modelo norteamericano: definieron ejes comunes de trabajo en medicamentos, alimentos y vacunas y mutaron de “un sistema centrado en reparar la enfermedad a uno enfocado en cuidar la salud basado en evidencia científica”.
El nuevo modelo, apalancado por Bobby, ferviente antivacunas, acatado por Lugones -ex director del Sanatorio Güemes, sin experiencia alguna en la gestión pública- es un modelo “más libre, transparente y preventivo”, que garantiza un “cambio de Paradigma en la Salud” y, con la salida de Argentina de la OMS, la falta de medicación para la tuberculosis, el HIV, y los insumos básicos para cumplir con los calendarios de vacunación de las niñeces.
El plan contiene 5 ejes rectores y persigue “un modelo moderno de cooperación global” -que abandona el Plan que 194 países acordaron para la prevención de una próxima crisis sanitaria- “basado en evidencia científica”– en el país donde el sueldo de los investigadores del CONICET perdió un 33% del poder adquisitivo- “transparencia y soberanía”, de la mano de los gestores del Plan Cóndor.
La Revisión de organismos nacionales de salud es uno de los ejes que pareciera explicar la motosierra que ya pasó por el Hospital Bonaparte, con 200 despidos y el intento de cierre desde octubre, por el Hospital Garrahan- modelo mundial en oncología pediátrica- y por otras instituciones que dependen de la cartera de Lugones; “porque no hay calidad sanitaria posible si los propios organismos del Estado no funcionan con transparencia, eficiencia y foco en la salud del ciudadano”.
Ir hacia una alimentación más segura y transparente propone otro de los ejes de la gestión que anuncia revisará los aditamentos sintéticos presentes en alimentos, mientras retira etiquetados frontales que, por ley, conservan la vida de quienes de ingerir determinados productos morirán; y habilita la exclusión de vitaminas de las harinas, para evitar la espina bífida y las malformaciones en los pibes.
La Revisión del uso de autorizaciones rápidas (fast-track), hará hincapié en los pibes que tengan enfermedades poco frecuentes. No para desarrollar estrategias de prevención y de concientización sino porque el ministerio no quiere una “improvisación autorizada”, por los altos costos. Debe ser por eso que redujeron los controles de la ANMAT, principal organismo encargado del control de medicamentos, alimentos y tecnología, encargado, por ejemplo, de prevenir las 34 muertes que esta semana se confirmaron, por intoxicación con fentanilo. O que 60 personas fueron privadas de medicación oncológica y murieron.
El eje principal, apalancado por el lobby yanqui, es el de Vacunas: evidencia científica, confianza pública. Bobby insistió en que las vacunas deben aplicarse con grupos de control, y agregó, mintiendo, que no como fuera el caso de la vacuna contra el COVID-19.
El ministro Robert Kennedy, Milei y la motosierra.
Todos estos ejes nos llevarán al exitoso -e inexistente- sistema público de salud estadounidense, miembro de la OCDE -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- junto con potencias económicas de la talla de Grecia y Polonia. Un sistema caro, corrupto e ineficiente de castas, donde el sector público que recibe en sus arcas el dinero de los contribuyentes sólo puede atender al 31% de la población más vulnerable- con seguros financiados por el Estado Federal, rechazados por la mayoría de los proveedores de salud, por la baja tasa de la cobertura- sin contemplar tampoco la atención odontológica, oftalmológica, la prevención, los estudios de rutina.
El sistema, después, con la mano libre del mercado, funciona como siempre en el sector privado, con 50 millones de personas sin seguro médico y conciudadanos que cuanto mayor ingreso salarial detentan, mayor acceso a prestaciones tienen. Sin embargo, la mayoría de las coberturas no incluye operaciones de riesgo, trasplantes, tratamientos prolongados, partos, intervenciones quirúrgicas, enfermedades crónicas. Las primas aumentan en caso de preexistencias o condiciones genéticas. Todos esos costos deben ser desembolsados por el paciente y los tratamientos son aprobados por las aseguradoras que pueden contestarle a un ser humano agonizando y a su familia, con la estrategia jurídica que han delineado para estos casos: “negar, defender y deponer”.
Y negando, defendiendo y deponiendo la trayectoria histórica, con tres premios nobeles de Medicina y hospitales que reciben casos de alta complejidad de pacientes de todo el mundo, pioneros en el descubrimiento y desarrollo de vacunas y tratamientos para enfermedades; con profesionales reconocidos internacionalmente que migran por no poder asegurar sus condiciones materiales de existencia, la gestión Milei está barriendo el sistema de salud pública argentino bajo la bandera yanqui, ocultando el aumento de enfermedades olvidadas en el anecdotario triste popular y de otras asociadas a la pobreza, como el chagas.
También termina con todo lo que refiera a evolución y progreso, para anestesiarnos y entregarnos otra vez a la lenta agonía de la dependencia y el subdesarrollo. Al imperialismo que, con el mundo como sala de hospital, nos parasita.
