Dudosos argumentos

Por ello resulta muy llamativo el mensaje de la Comisión de Pastoral Social respecto a la baja en la edad de imputabilidad que propugna el gobierno nacional, fijándola en 14 años. Con palabras claras y directas, la Iglesia ha dicho que "no nos parece que bajar la edad sea lo adecuado". La recomendación también llegó a la Cámara de Diputados, sugiriéndoles que “se tomen un tiempo para establecer un abordaje más amplio y que todos los sectores sociales puedan dar su opinión, así como también que evalúen instancias de prevención y recuperación más que sanciones penales”.
En la declaración asoma claramente una segunda lectura dirigida directamente al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich: "Que den tiempo para que todos los sectores sociales puedan opinar y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas. Necesitamos que muchas más voces se expresen, porque eso también nos va a iluminar por dónde tenemos que ir".
Sin embargo el oficialismo, gracias a los bloques políticos aliados, obtuvo dictamen favorable para tratar la baja de la imputabilidad. El apoyo para con la idea era de esperar en sectores de tinte conservador como el PRO y el MID, pero  sorprende en un partido como la UCR, que a lo largo de su existencia política mantuvo una posición inclinada a las soluciones de corte humanístico más que penales, pero que aparece definitivamente atado al carro mileísta. Cabe recordar que inicialmente el Gobierno planteaba los 13 años como nuevo umbral, aunque el texto consensuado finalmente se inclina por los 14.
Los argumentos que han llevado a esta clase de propuestas, claramente desfavorables para con los sectores más humildes de nuestra sociedad, son muy dudosos y a menudo pretenden fundarse en estadísticas que suelen ser manipulables según el sector que las maneja, en este caso, un extremo liberalismo de derecha.
Más allá del controvertible aval de los diputados se advierte una vez más el sesgo autoritario del mileísmo, cada vez más manifiesto y alejado de la razonabilidad, la democracia y de un enfoque multisectorial. En la misma tesitura el comunicado eclesiástico resalta que "lo que necesitan estos chicos son oportunidades”, una opinión coincidente con la de sociólogos y estudiosos del problema juvenil.
¿Es que puede caber en una mente equilibrada que la cárcel -con todos los problemas que conlleva- puede ser una solución para chicos que, en su mayoría, vienen de infancias frustrantes y a menudo con escasa instrucción? Todo este panorama se da, claro, con medios de difusión que constantemente bombardean sobre un consumo que está muy lejos de su alcance.
Por si quedaran dudas, en la misma declaración, la postura de la Iglesia en rechazo de la iniciativa fue clara pero parece que aún no fue escuchada lo suficiente por un sector de la dirigencia política: "No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.