Miguel Peiretti
Ante el aumento de delitos, representantes del Centro Comercial e Industrial y de la Propiedad junto al intendente se reunieron con autoridades de la Departamental Ansenuza de la policía y funcionarios judiciales en los Tribunales de Morteros. La misma se hizo a puertas cerradas durante dos horas.
Al concluir la misma el intendente Sebastián Demarchi explicó que la reunión, permitió el intercambio de ideas y la presentación de acciones concretas para la prevención del delito, puntualizando la instalación de cámaras, central de monitoreo y la implementación del programa «Ojos en Alerta»
El presidente del Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad, Jorge Clemente en declaración a los medios dijo: «fue una reunión muy tranquilizadora porque pensaba que no se estaban tomando medias pero tanto la jueza como su secretario me dejaron tranquilo porque me mostraron los expedientes y se están tomando medidas y eso es importante».
Prácticamente al mismo tiempo se hacía público que la Jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas Alejandrina Delfino ordenó la detención de dos adolescentes y dispuso su institucionalización en el Complejo Esperanza, apuntándolos como autores de los delitos contra la propiedad en varios comercios de la ciudad. Llama la atención que saliera de la galera la mágica acción punitivista brindando la falsa ilusión de la victoria de la justicia.
Frente a la permanente decisión de la Jueza en no brindar explicaciones a la comunidad, tras el anuncio de la realización de la reunión cabe preguntarse ¿Fue casualidad la detención? O ¿Fue para tranquilizar las aguas? ¿Aplicó la teoría del descarte? ¿Aplicó las normas constitucionales y convencionales y la legislación vigente? ¿O se sacó el problema de arriba?. Frente a la negativa de la jueza en dar explicaciones, debería el Tribunal Superior de Justicia investigar las circunstancias e informar a la comunidad para dar la seguridad que la justica de Morteros actúa conforme a derecho y no por presión de la dirigencia.
Se desprende de las declaraciones del presidente del Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de Morteros, que la jueza al mostrar el expediente violó el Art. 21 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, conocidas como reglas de Beijing» en la que expresa: «Los registros de menores delincuentes serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros. Además la Ley 26061 prohíbe cualquier tipo de identificación a los sujetos. ¿No podríamos estar ante una jueza que por presión viola las reglas? ¿Habrá investigado como lo establece la Ley si los adolescentes detenidos no sufrieron vulneración de derechos desde su infancia? ¿Qué medidas aplicó para la restitución de los mismos y su reinserción social?. Es otra de las respuestas que debería brindar el Tribunal Superior de Justicia.
Al ser una jueza que actuaría desde la mirada funcional de las demagógicas políticas punitivas desde el impacto público, podríamos estar ante una de las causantes de la multiplicación de la delincuencia juvenil de los últimos años, al no arbitrar la justicia de Morteros, todos los medios posibles para evitar la judicialización utilizando los instrumentos de derecho que refieran a robustas políticas sociales para dejar de retroalimentar la criminalidad.
Frente a estas acciones inquisitorias, los mercaderes de la muerte celebran que la hipocresía de los violentos condenen reclamando cárcel para las pibas y pibes mientras se llenan los bolsillos con el financiamiento del negocio, la venta de narco dólares y la comercialización donde en muchos casos utilizan a niñas, niños, a las y los adolescentes para la comercialización y la distribución.
La jueza que podría estar resolviendo en función de la presión de las autoridades políticas y la dirigencia de instituciones intermedias, al no recibir planteos sobre la delincuencia de guantes blancos constructores de la inseguridad en la ciudad, deja que sigan vulnerando los derechos de la niñez y adolescencia y cuando generan alguna molestia, resuelve el descarte con la institucionalización para la estigmatización lo que la sociologiía denomina creación del «niño monstruo».
¿O es que nadie sabe en cada barrio quién y dónde se vende la merca que envenena los sueños de muchos de nuestros jóvenes?, algo que afecta a todas las clases sociales, con una única diferencia que un sector pertenece a familias con cuentas bancarias que los posiciona de otra manera frente al sector que sale a delinquir para engrosar los bolsillos de los mercaderes de la muerte, que en muchas ocasiones son reducidores intocables de los elementos robados en los hechos contra la propiedad. Pero la justicia de Morteros nunca descubre quienes se dedican a reducir esos elementos que generalmente son canjeados por productos ilicitos.
Como resultado de las políticas neoliberales que se vienen aplicando en las últimas decadas que no fueron capaces de crear una cultura del trabajo para vivir con dignidad provoco innumerables problemas, entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil.
La cruzada puesta en marcha por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich contra las y los adolescentes de 13 a 18 años para que sean castigados -dice- como cualquier adulto sin contemplación alguna, encontró en este caso un coro de seguidores al cargar la problemática de inseguridad sobre dos adolescentes, cuando, esta es mucho más profunda como la destrucción que producen las drogas, pero nada se hace para combatir el narcotráfico que viene ganando cada vez más espacio ampliando sus negocios, dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente a los jóvenes.
No se asume el desafío de torcer el destino para transformar realidades, al contrario se acompaña el grito hipócrita, mientras las pibas y pibes ocupan las oscuras esquinas asegurándoles el pasaporte hacia un mundo sin futuro digno
«Las y los jóvenes imputados en delitos requieren una respuesta social distinta porque son seres en evolución, por lo tanto, todas las medidas adoptadas tienen que tener como objetivo fundamental su reeducación y la prevención de reincidencia futura, con la atención, en paralelo, de las víctimas y sus familias», señala el abogado Julio Conte Grand, condecorado por Su Santidad Juan Pablo II con la Orden de San Gregorio Magno
En ese mismo sentido la Comisión de Pastoral Social reclamó, mayores «oportunidades de educación y formación laboral», así como de contención familiar y social en el documento «Más oportunidades que penas», en momentos en que el gobierno de Javier Milei espera avanzar con el proyecto de baja de imputabilidad.
La institucionalización demuestra que no existe política cultural y social que garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona para su crecimiento con oportunidades, desde la formación laboral, menos aún para que vuelvan al sistema educativo.
En muchos casos esas pibas y esos pibes son hijos de madres y padres que vienen padeciendo las consecuencias de un sistema que los derivó hacia las drogas al hacer prevalecer el negocio de los mercaderes de la muerte. Esos hijos que van camino a repetir la historia cuando sean padres porque no están llamados a pensar y lo que es peor, están condenados a no sentirse amados por una sociedad que los hizo invisibles y cuando los cruza involuntariamente, los mira de costado.
Los adolescentes son enviados a poblados complejos con pibes que crecen en contextos de vulnerabilidad, abandonados a su suerte, desprotegidos, herederos de los mismos destratos sistémicos, reproducidos por generaciones. Pibes y pibas invisibilizados y desoídos, en todas las instancias del proceso de sociabilización.
Son enviados a espacios donde las condiciones de vida violan todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Rejas, cemento y ladrillos para pibes que, habiendo nacido en los márgenes, serán definitivamente condenados a ellos.
Quizás realmente lleve alivio a quienes perdieron algún bien material, pero la ejemplar pretensión del castigo ejemplar vitoreado al salir de la reunión, es el cimiento de la profundización de la problemática al elevar los muros de la indiferencia y la desigualdad al ser condenados hacia la nada.
La decisión de hacer que permanezcan a la intemperie del mundo con la expulsión de los indeseables, como ocurre en las grandes urbes del otro lado del espejo encontraran las cárceles a cielo abierto cerrándose sobre si mismas, rodeados de gente en las márgenes, olvidada y privada de lo dignamente básico, como postal de la tragedia de una entrampada trama del individualismo y la inequidad.
Estamos hablando de dos adolescentes que fueron trasladados, en toda la ciudad, no deben ser más de diez los pibes y las pibes en extrema situación que necesitan de condiciones de vida diferente que en lugar de ser privados de su libertad, necesitan ser reinsertados para que puedan convivir en sociedad
Se necesita dejar de naturalizar la desigualdad, asumir qué tipo de sociedad realmente queremos como pueblo y cuánto estamos dispuestos a transformarla para no seguir construyendo inseguridad.
