Miguel Peiretti
A pesar que la dificultad financiera que presentó en febrero la industria láctea Verónica con cheques devueltos por falta de fondos en el transcurso de marzo pagó el 61 % del monto, en el mercado consideran que la situación es complicada por los más de $ 9 mil millones que acumula en deuda.
Según se desprende de la central de deudores del sistema financiero del Banco Central, presenta 107 cheques rechazados por $ 344.566.333,48, de los cuales 65 cheques por $ 213.306.093,27 fueron abonados hasta el último viernes. El último cheque rechazado por falta de fondos fue el 12 de marzo.
Fuentes de la empresa que tiene una planta industrial en Suardi, además de Lhemann y Totoras señalaron que no están atravesando una situación de crisis, sino que se trató de un problema puntual con una sola entidad bancaria que fue regularizado y que cuando las entidades bancarias informe al Banco Central los pagos realizados desparecerá el informe de cheques rechazados.
En la central de deudores del BCRA indican que el nivel de riesgo es 1, mientras que Nosis informa que Verónica Saciafei acumula una abultada deuda financiera con diferentes entidades bancarias por $ 9.224.334.000 que debe ser saldado en cuotas mensuales de $ 287.662.535.
Así mismo los aportes de la seguridad social informados entre abril de 2024 y hasta enero de 2025 no registran pagos. Los aportes de la obra social no registran pagos desde noviembre pasado a enero de 2025. En cambio, las contribuciones patronales de la obra social, registran pagos parciales desde abril 2024; en diciembre 2024 y enero 2025 no registran pagos.
En el ambiente lácteo consideran que la situación que atraviesa la empresa es compleja por contar con una infraestructura para elaborar por arriba de un millón de litros, pero de acuerdo al ranking correspondiente al ciclo 2023/24 de la industria láctea elaborado por el Observatorio de la Cadena Láctea (Ocla), recibe 623 mil litros, lo que significaría complicaciones para obtener los ingresos necesarios.
Cabe recordar que la empresa perteneciente a la familia Espiñeira en el último año del gobierno de Macri había pedido ingresar en un Procedimiento Preventivo de Crisis, logrando posteriormente reestructurar el pasivo, el que ahora con el gobierno de Milei vuelve a sufrir una compleja situación.
