En respuesta a un pedido de las comunidades, el organismo multilateral suspendió un estudio hidrogeológico de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Sin licencia social, ni legitimidad internacional, más de 50 proyectos de litio avanzan en Salta y Jujuy.
Pais26/02/2025
Redacción Regionalisimo
El Banco Mundial decidió suspender los estudios hidrogeológicos que las provincias de Salta y Jujuy buscaban realizar en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, para establecer la línea de base ambiental para la exploración y explotación del litio.
La decisión fue motivada por una carta enviada a la entidad financiera multinacional por parte de las comunidades indígenas afectadas en la que denunciaban la falta de consulta y consentimiento previo para avanzar en las tareas de cateo.
“Somos treinta y ocho comunidades indígenas que habitamos desde tiempos ancestrales en las Salinas Grandes que integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc (…). Desde tiempos inmemoriales vivimos en y de las Salinas Grandes, al dedicarnos a la extracción y comercialización de la sal proveniente de las mismas, la cosecha, la cría y pastoreo de ganado y, de manera actual, al turismo comunitario y rural ligado al salar”, explicaban en el escrito dirigido al Banco Mundial.
Recientemente, los gobiernos de estas provincias crearon la Comisión Interjurisdiccional para la Gestión Integral Ambiental de la Cuenca de Salinas Grandes, pero no consultaron ni invitaron a los habitantes de la región, particularmente a las comunidades, cuando esta comisión fue creada en respuesta a una demanda de las mismas y de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentada en 2019 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Le queremos informar que la Comisión Interjurisdiccional mencionada fue creada, definió sus objetivos, alcances, funcionamiento y actividades, sin consultar ni dar participación a las comunidades indígenas que habitamos la cuenca. De hecho, tomamos conocimiento de que la Comisión comenzó a funcionar, (…) y le solicitó apoyo técnico a ese Banco, a partir de una presentación realizada por la provincia de Salta en el proceso judicial”, sostienen en su carta las comunidades.
Desde la reforma constitucional de 1994, la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y les garantiza una serie de derechos. A su vez, el Convenio 169 de la OIT, que por ley tiene rango constitucional para nuestro país, reconoce la especial relación de los pueblos indígenas con su territorio y el derecho a administrar, conservar y utilizar los recursos naturales de sus tierras. Establece también el derecho de consulta previa, libre e informada para realizar cualquier tipo de actividad en sus territorios que generen impactos sociales y/o ambientales.
También la Declaración de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas (en sus Artículos 18°, 19°, 28° y 32°) y el Acuerdo de Escazú (Art. 7°), consagran la obligación de consulta previa a estos pueblos cuando se prevean medidas administrativas y/o legislativas susceptibles de afectarles.
“Al respaldar actividades que violan nuestros derechos colectivos, el Banco Mundial sienta un grave precedente y corre el riesgo de ser percibido como cómplice de prácticas que van en contra de sus propios principios y políticas”, refiere la mencionada carta de las comunidades.
“El Banco Mundial ha decidido suspender la actividad de recolección de información pública y aguardar a que los gobiernos provinciales y las comunidades involucradas encuentren una vía de diálogo que permita construir consensos, y alcanzar un entendimiento común, sobre la mejor forma de avanzar en la elaboración del balance hídrico de la cuenca y en el desarrollo productivo sustentable de los recursos naturales disponibles en la misma en beneficio de las comunidades que allí habitan”, sostiene la respuesta de la entidad multilateral a las comunidades, firmada por Javier Aguilar, coordinador regional de Industrias Extractivas del BM.
Desde FARN, ONG que acompañó este proceso, valoraron la decisión: “Dada la importancia de la decisión del Banco Mundial, instamos a que las empresas mineras y los estados provinciales con interés en explotar el litio del territorio de Salinas Grandes tomen una posición similar y apuesten por el cumplimiento de los derechos de las comunidades”.
“Yo creo que esta decisión del Banco Mundial (BM) va a impactar localmente ya que los gobiernos provinciales buscan legitimar con estos organismos las decisiones políticas que toman. Ya pasó con la modificación del decreto del procedimiento ambiental minero aquí en Jujuy que contó con el auxilio del BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”, explica en diálogo con este medio la abogada ambientalista Alicia Chalabe, que acompaña a las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes.
“Pretenden involucrar al BM para legitimar el proceso que se lleva adelante, no hacerlo solos. Este organismo iba a financiar y hacer el estudio de acuerdo a estándares internacionales. Ellos iban a hacer el estudio de la cuenca”, sostiene la letrada.
“El punto más importante es que reconocen que es una cuenca. Entonces, tiene que tratarse de manera integral. Nosotros tenemos una ley nacional que comprende la normativa sobre las cuencas. Los proyectos tienen que evaluarse de manera integral, no como proyectos individuales que es lo que los gobiernos están haciendo ahora”, concluye Chalabe.
El BM iba a recopilar información sobre la cuenca, hacer el diagnóstico, establecer una línea de base y los estudios hidrogeológicos.
“Más allá de que este estudio no se haga, las empresas avanzan igual y solicitan la aprobación de sus proyectos individualmente y los gobiernos se las conceden. Una cosa es el área internacional, que la provincia dice querer cumplir y someterse a los estándares ambientales y de derecho indígena que fija el Banco, pero en la provincia actúan de acuerdo a la normativa provincial”, explica la abogada. Lo cierto es que ya son más de 50 los proyectos de litio que se encuentran en fase de exploración o explotación en estas dos provincias.
“Estamos más tranquilos porque vemos que el Banco Mundial reconoce nuestros derechos, nos ha respondido y para nosotros es un alivio”, sostiene en comunicación con Canal Abierto Verónica Chávez, referente de la comunidad Santuario de Tres Pozos de Salinas Grandes, Jujuy.
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