La legalidad constitucional que se reinició el 10 de diciembre de 1983 presentó limitaciones y condicionamientos estructurales que explican a este presente.
Opiniones20/12/2024 Por Sergio Tagle
Así y todo, el avance civilizatorio que supuso respecto de la dictadura que la precedió era, hasta el año pasado, una evidencia incontrastable e indiscutida. Hoy, Javier Milei y Victoria Villarruel proponen una nueva lectura sobre ese (y todo) pasado, incluida la reestructuración social en favor del bloque de clases dominantes producida a través del terrorismo de Estado.
El otro Nunca Más
El llamado “pacto democrático del 83” es un consenso multipartidario que realizó una traducción política de los dos demonios del Nunca Más: ni golpes militares ni excesos democráticos. El compromiso fue que, gobierne quien gobierne, nadie debía exceder los rígidos límites de la democracia liberal representativa y la economía de mercado, con más o menos regulación estatal. Años después, Francis Fukuyama lo titularía “el fin de la Historia”.
Al poco tiempo, la política (lingüísticamente y en los hechos) fue sustituida por la “gestión”, esto es la administración de lo existente, cuyos núcleos duros precedían a la asunción de Raúl Alfonsín como presidente. Su puesta en práctica durante 40 años multiplicó por diez los índices de pobreza que había antes de 1976 y desplomó hasta el subsuelo de lo existencial y biológicamente soportable todas las variables socioeconómicas.
Qué democracia
El Preámbulo de la Constitución de 1853 fue la vértebra principal del discurso de campaña del expresidente radical. Ni el primero ni la segunda hicieron posible la posdata que Alfonsín agregaba a sus arengas proselitistas. Esa democracia no les permitió a las mayorías que viven de su trabajo comer, curarse ni educarse. En efecto, esto nunca ocurrió en plenitud. Y cuando esos elementales derechos fueron parcialmente alcanzados, el bienestar fue tan leve como fugaz, transitorio.
Los gobiernos posteriores, por acción, omisión o implícitamente, consideraron a estas carencias como una política de Estado que se debía continuar, con paréntesis de mayores y menores niveles de alivio social. Si Alberdi habló de «la República posible», la dirigencia ochentista eligió la que permitieron Videla y Martínez de Hoz. Y la transformó en tan deseable y única como impotente para revertir o reconstruir la demolición nacional y social producida por la dictadura.
La democracia, entonces, se transformó en un régimen concebido como espejo político del mercado; un escenario en el cual los políticos son CEO de sus respectivas empresas, los partidos, que ofrecen en cada elección sus programas-productos. Los ciudadanos-consumidores, periódicamente, hacen su compra. Es decir, emiten su voto. Esta es la crítica que formuló el filósofo político argentino, José Nun, a “la democracia argentina realmente existente”. Agregó que, a diferencia de lo que ocurre con otras mercaderías, la soberanía popular compradora no cuenta con una oficina de atención al cliente en la cual tramitar la devolución inmediata del producto fallido, en este caso, la delegación de poder. Debe esperar cuatro años para realizar la próxima operación comercial, sin recibir ningún resarcimiento por la estafa.
Regresión democrática
El “consenso del 83” avanzó hacia atrás, ajeno a insinuaciones teóricas iniciales que proponían articulaciones entre institucionalidad y diferentes formas de participación social; un proceso permanente que permita una gradual y progresiva fidelidad de las representaciones políticas a las necesidades y expectativas populares; que eviten “una democracia no democrática”, como definió Waldo Ansaldi, historiador y sociólogo de ese período.
La regresión no era el único camino posible. Las condiciones sociales de entusiasmo democrático brindaban suelo político para otra orientación estratégica. También estaban disponibles las teorías democrático-progresivas producidas por intelectuales orgánicos al alfonsinismo, inspiradas en premisas de Antonio Gramsci e interpretadas en clave reformista por pensadores como José Aricó, Juan Carlos Portantiero y otros/as.
«Excesos democráticos»
Aquellas teorías que pensaban en una democracia intensa quedaron limitadas al mundo de las ideas. La “clase política”, como empezó a ser llamada ya en los 90 (hoy, casta), el promedio del periodismo más consagrado, el republicanismo de derechas, avanzaron en un sentido inverso. Por ejemplo, consideraron una demasía extrasistémica al primer kirchnerismo, en particular, a sus momentos de mayor conflictividad: Resolución 125, Ley de Medios. La oposición mediática y política impostó la voz de Fiscalía de la República para gritar que el populismo (concebido en forma conceptualmente primitiva, elemental, pre-Laclau) quedaba fuera de aquel pacto fundacional.
Antes había estrechado estos límites democráticos sentenciando que cualquier irrupción de la voluntad popular que transgrediera estas reglas, como la ocurrida en 2001, sería considerada un golpe de Estado (civil), tesis sustentada (antes que Milei) por radicales, en este caso, concentrando la autoría de la sedición en Eduardo Duhalde y el peronismo. También por el periodismo adherido a las ideologías de las cúpulas sociales.
La narrativa kirchnerista llamaría a aquella explosión democrática, aunque no liberal, “infierno” del cual debíamos renacer. Y agregó como consejo que quienes discrepen con el orden social resultante del sufragio se queden en sus casas, “armen un partido y ganen elecciones”.
Ocurrió que esta democracia, hasta el año pasado, se limitó a producir una alternancia entre gobiernos progresistas/nacionales-populares/de centro izquierda y de derecha/neoliberales. Es de suponer que los primeros son los interesados en “la modernización económica, la participación social y la ética de la solidaridad”, la tríada que inspiró y orientó el discurso de Parque Norte de Raúl Alfonsín, el texto estatal más progresivo de esa década. O en “la democracia con justicia social”, dicho con idioma peronista. Pero unos y otros, para concretar sus (declamadas) intenciones ideológicas, debían destruir las bases del “antiguo régimen”, el heredado de la dictadura. Y esto no ocurrió. Los parecidos de familia (o más, las coincidencias casi literales) entre la Ley Bases y el discurso de José Alfredo Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976 están ahí para informarnos sobre el hilo turbio que une al 83 con su pasado.
El 2023
La rebelión del año pasado pudo iniciar tránsitos hacia otra democracia; estar orientada hacia un caos productivo, regresivo o inútil. Pero fue electoral y de ultraderecha.
Diciembre del 83, entonces, no fue “el regreso de la democracia”, sino que lo fue de esta: la que explica a Javier Milei quien, con inconsciente, oportunista o ignorante ingratitud, abomina a la casta que permitió su llegada al poder.
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