Miguel Peiretti
28 “bocas” en la Uatre/Osprera en la provincia de Córdoba fueron cerradas, mientras que en todo el país fueron 200, dejando a cerca de 300 personas en la calle que se dedicaban al expendio de órdenes para la obra social. En el departamento San Justo fueron cerradas las bocas de expendio de Sacanta, Morteros, El Fortín, Colonia San Bartolomé, Brinkmann y Freyre
Con el cierre de las bocas de expendio de la obra social, los afiliados a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatres) el sindicato que agrupa a los trabajadores de actividades rurales en la Argentina que cuentan con la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), que venia dejando a los trabajadores rurales a la intemperie en materia de cobertura de salud, al ser rechazada por los prestadores, donde además acumula denuncias por la muerte de pacientes oncológicos como consecuencia de la supuesta falta de cobertura, ahora son dejados sin un punto de referencia, como tampoco un lugar donde gestionar en cercanías de su lugar de trabajo debiendo trasladarse a más de 50 Km para obtener el bono para comenzar a recorrer en busca de que alguien los atienda.
Los empleados que sostenían cada espacio gremial y de la obra social Osprera fueron despedidos a través de una carta documento enviada desde Buenos Aires, según pudo averiguar Regionalísimo con el agravante que a la mayoría de ellos los consideran colaboradores gremiales negándoles el pago de su indemnización y a unos pocos les abonaron una mínima parte de lo que les corresponde.
“… se ha dispuesto el cierre definitivo de Boca de Expendio en la que, hasta la fecha, usted cumplía funciones gremiales. Por tal motivo, le notificamos que el Secretariado Nacional ha dispuesto, a través de la Resolución Nº 68/24, dar por cumplido el cometido gremial a usted encomendado, conforme lo estipulado en Resolución SN Nº 160/08. Liquidación final a su disposición”. Así reza la comunicación a la que pudo acceder Regionalísimo que al menos 28 trabajadores y trabajadoras recibieron en sus domicilios del territorio cordobés, en su mayoría mujeres.
Las trabajadoras y trabajadores la mayoría de ellas y ellos entre 10 y 20 años realizando trabajos administrativos para la obra social y realizando tareas y tramitaciones para el gremio, “De un día para el otro fueron cesanteados, encuadrándolos como colaboradores sindicales, cuando en realidad son empleados administrativos”, dijo el abogado Matías Calabrese, quien también se encuentra en conflicto judicial con la dirigencia de la Uatre nacional al ser cesanteado como asesor.
En distintos lugares del país atribuyen los cierres a una persecución por parte del Secretario General del Secretariado Nacional que lidera José Antonio Voytenco a quienes no apoyaron su lista, tomando represalias contra opositores con el cierre de las oficinas, donde terminan pagando el conflicto gremial el personal que quedó sin trabajo y a afiliados sin atención.
La Uatre, el sindicato que fuera conducido históricamente por Gerónimo «Momo» Venegas, conocido por ser la pata sindical del presidente Mauricio Macri, luego liderado por Ramón Ayala, quien también falleció, fue reemplazado por José Voytenco a través de un congreso sindical quien desde el año pasado viene realizando despidos masivos, denunciando los empleados que existe detrás un negocio millonario de las autoridades de Uatre, Osprera y Renatre que habrían constituido la firma Reservin Patagonia SRL, que lleva a cabo la recaudación de deuda de Uatre y Osprera, expresa una nota enviada a la entonces Ministra de Trabajo Kelly Olmos, que nada hizo por estar vinculada a dirigentes cercanos a la empresa, aseguran los trabajadores
Es el título de una publicación de Uatre en enero de este año expresando que “La indemnización por despido sin causa en Argentina se determina según la antigüedad y se contabilizan el Sueldo Anual Complementario (SAC) y proporcional de vacaciones no tomadas, entre otros conceptos” dijeron al denunciar que el DNU establecido por el presidente Milei en la que establecía modificar el cálculo indemnizatorio reduciéndolo y perjudicando el derecho del trabajador, que fuera rechazado por la justicia, pero ellos ahora intentan aplicarlo para con sus trabajadores
“Recordemos que, frente a la intempestiva decisión del empleador (despido sin causa) de terminar la relación laboral deja al trabajador sin sus ingresos para afrontar los gastos de su economía familiar. En este sentido, la indemnización representa un monto mínimo que busca menguar el impacto económico por la pérdida de trabajo sin razón a causa del trabajador” señalan los supuestos defensores de los trabajadores rurales, pero que ellos no aplican
