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Según informó el propio Gobierno, los asalariados registrados del sector privado cayeron un 0,48% en enero. Febrero y marzo muestran cifras aún más alarmantes. Milei se excusó con un insólito posteo en el que culpa a la educación pública y a la ley laboral.
Pais26/04/2024Redacción RegionalisimoEliminar el déficit fiscal, desplomar la inflación y generar empleo formal fueron las tres grandes promesas económicas que entusiasmaron a parte del electorado y llevaron a Javier Milei a la Casa Rosada. Hasta ahora el Gobierno solo puede agarrarse de la primera, pese a las críticas de numerosos especialistas que en los anuncios advierten un maquillaje financiero o plantean su insustentabilidad social.
Sobre la segunda, los números hablan por sí solos: en marzo la suba general de precios fue del 11%, bastantes menos que el 25,5% en diciembre; en cualquier caso, los primeros tres meses completos del gobierno libertario suman una inflación del 51,6%. Por cierto, los últimos pronósticos optimistas del FMI la ubican en torno al 150% anual.
El organismo internacional de crédito tampoco la estaría viendo –en referencia a la usual chicana que utiliza la militancia online del oficialismo- en materia de crecimiento de la actividad: en octubre de 2023 estimaba un crecimiento del 2,8% del PBI, mientras que ahora vaticina una caída del -2,8% (incluso por debajo de Haití).
Ahora sabemos cómo le fue al tercer gran latiguillo de quien se vendió en campaña como un “especialista en temas de crecimiento económico con o sin dinero”. Según informó el propio Gobierno, la cantidad de asalariados registrados del sector privado cayó en enero un 0,48% (unos 30.500 trabajadores), mientras que en el sector público la caída fue del 1% (36.000 trabajadores). Así, entre ambos sumaron 66.500 empleados formales en tan solo un mes.
“Más del 80% se explica por la disminución del empleo en la construcción, pero muchos otros sectores empezaron a mostrar números rojos este mes”, detalló en un hilo de X (ex twitter) el coordinador del Observatorio del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos. “La caída del empleo en el sector público fue muy fuerte y no se explica solo por los recortes en la Administración Pública Nacional. Provincias y municipios tienen que haber aportado lo suyo también”.
Las cifras de febrero y marzo -aún no oficiales- que surgen de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que elabora la Secretaría de Trabajo son aún más alarmante, con retracción en el nivel de empleo registrado privado en las empresas de todos los tamaños. De confirmarse estos datos preliminares, estaríamos frente a la mayor caída neta desde 2002.
De más está decir el drama que significa esta sangría para un sector asalariado golpeado por años de estancamiento, y ahora recesión. A esto debemos sumar otro impacto, el de las cuentas públicas y un sistema previsional que ve cómo pierde aportantes que se caen del sistema o caen en la informalidad y la precarización.
Para colmo de todo –y todos-, el Presidente se pronunció en redes al respecto e intentó desviar su cuota de responsabilidad en estos números desastrosos reclamando una reforma laboral, culpando la educación pública y reivindicando la ley de alquileres. Insólito.
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