La guerra supo tragarse a los jóvenes. A los que empujaron a sus fauces sin conocerla. Sin saber hacia dónde iban. Ahora adolescentes como aquellos viven sus propias guerras en los barrios. Y no saben que preparan para ellos un regreso del servicio militar. Para reforzarles la obediencia.
Opiniones03/04/2024 Por Martina Kaniuka
(APe).- El grueso de las tropas argentinas destinadas en 1982 a las Islas Malvinas fueron conscriptos: más de 12.500 jóvenes de entre 18 y 20 años de edad, pibes de las clases ‘62 y ‘63, de clase media baja, hijos de los barrios populares que -obligados a hacer la colimba y sin ningún tipo de preparación militar- no llegarían a festejar su cumpleaños número 19.
649 hombres murieron en la guerra: 323 en el hundimiento del crucero Belgrano y el resto en las islas, combatiendo contra los ingleses. El 20 por ciento de los que no volvieron eran descendientes de pueblos originarios: son alrededor de cien los ex combatientes qom, wichí, mocoví y mapuche. Muchos llevados a combatir engañados y ninguneados a la hora de recibir asistencia después de la guerra.
Y como la historia la escriben los vencedores, también marcharían ahora los mismos pibes que, en el mundo de la igualdad de oportunidades, nacieron sin ellas.
Y mientras los medios de siempre relatarían la gesta de una gran victoria nacional con páginas llenas de bazofia a puro color, se irían los Rafael Nahuel a pelear por la tierra que hoy pertenece a capitales de apellido extranjero y les niega una porción de su propia historia. Marcharían los Santiago, que sin bandera alguna, portarían la solidaridad como un arma caliente. Marcharían los Facundo munidos de sus infancias duras de potrero, los Luciano que dijeron no y cada pibe que se hubiera podido escapar de las balas de los agentes de las fuerzas de seguridad del estado.
Porque, para ellos, esta aparente paz sólo esconde sus cotidianos días de guerra.
En nombre de una «reforma del Estado» que avanza sobre derechos históricos, el gobierno pone bajo la lupa al Estatuto del Periodista, uno de los últimos diques frente al avance del poder económico, la mercantilización de la información y la colonización de las conciencias. En un escenario de justicia complaciente, medios concentrados y mercados convertidos en soberanos, el periodismo crítico vuelve a ser señalado como enemigo por cumplir su función esencial: denunciar, resistir y no callar.
Esta reforma laboral no busca equilibrio: busca disciplinamiento. Y lo hace con una premisa brutalmente honesta aunque mal disimulada: convertir al trabajador en una variable de ajuste y al empleo en una mercancía descartable.
El periodista Jorge Vasalo quien además es psicólogo se refiere a una cuestión muy importante de nuestra existencia y felicidad o infelicidad ¿Cuál es la medida de nuestra satisfacción? Se pregunta
“En los tribunales no vemos enemigos. Vemos historias de abandono acumulado”, escribió el juez Rodrigo Morabito, en una carta abierta al presidente. En un contexto en el que se busca bajar la edad de punibilidad, el juez en lo Penal Juvenil advierte que no se trata de castigar más temprano sino de no abandonar tempranamente a la infancia.
La frase muchas veces repetida por los directivos de la Sociedad Rural: “Si al campo le va bien, al país le va bien”, parece volverse como un boomerang. Aclaremos que el campo es mucho más que las empresas de agronegocios, o los grandes y medianos productores de la pampa húmeda. Pero, incluso a ellos: ¿les está yendo bien?
Cada vez que la inseguridad vuelve a ocupar el centro del debate público, reaparece una propuesta tan simple como injusta: bajar la edad de punitibidad penal; presentándola como una respuesta “firme” frente al delito, cuando en realidad es el reconocimiento explícito del fracaso del Estado, de la dirigencia política y de la sociedad adulta en su conjunto. Castigar antes no resuelve los problemas de seguridad, solo desplaza responsabilidades y vulnera derechos.
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Alcanzará a 200 municipios en 2026. El ministro de Educación Horacio Ferreyra presentó la edición 2026 del programa junto a RIL y Fundación Varkey. La iniciativa busca fortalecer el rol de los gobiernos locales en educación y profundizar la articulación con la política educativa provincial.
En nombre de una «reforma del Estado» que avanza sobre derechos históricos, el gobierno pone bajo la lupa al Estatuto del Periodista, uno de los últimos diques frente al avance del poder económico, la mercantilización de la información y la colonización de las conciencias. En un escenario de justicia complaciente, medios concentrados y mercados convertidos en soberanos, el periodismo crítico vuelve a ser señalado como enemigo por cumplir su función esencial: denunciar, resistir y no callar.
