Para lograr su plan, el gobierno necesita un pueblo que no reclame, se queje o informe. El grave ataque a los medios.
Opiniones24/03/2024 Por Carla Gaudensi
A 48 años del último golpe de Estado, vuelven a alinearse los grupos económicos financieros y las empresas locales para licuar salarios y jubilaciones, precarizar todo lo posible a quienes tenemos trabajo registrado y dejar totalmente librados a su suerte a quienes trabajan en negro. La primera parte ya la hicieron: destruyeron los salarios antes de cumplir el primer mes de gobierno.
Es una receta conocida, que ya se hizo varias veces en el país. Una de esas veces fue descripta con maestría por Rodolfo Walsh en su carta escrita para el primer aniversario del golpe de Estado: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.
“En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales”, escribió Walsh en 1977 y la comparación sobre la política económica se vuelve inevitable, porque en estos primeros tres meses del gobierno de Javier Milei los salarios perdieron más de 20 puntos.
La miseria planificada es el plan económico de este gobierno y para lograrlo necesita de un pueblo que no reclame, necesita que quienes trabajamos no nos quejemos, necesita que quienes informan no informen. Por eso, atacan los sindicatos, atacan a quienes trabajamos y atacan a las y los trabajadores de prensa y a los medios de comunicación.
Por eso, fue muy importante la organización que se dio el movimiento obrero, que rechazó en los tribunales y en las calles el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que escribieron las empresas para el gobierno de Javier Milei. En diciembre marchamos junto a la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales al Palacio de Tribunales, fuimos parte del paro general del 24 de enero e impulsamos junto a mujeres de diferentes sectores políticos y sociales la movilización del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que este gobierno quiso ocultar y minimizar como todo lo que no se alinea con su particular forma de entender la libertad.
Parte de ese ataque brutal es el vallado y la dispensa a quienes trabajamos en la Agencia de Noticias y Publicidad Télam, que tiene capilaridad en todo el país y lejos de tener una mirada de la realidad desde Plaza de Mayo, tiene inserción federal y cumple un rol estratégico para el sistema de medios de nuestro país, como mayorista de noticias, proveedora de contenidos a los medios privados, comerciales y sin fines de lucro. También como contralor de la pauta publicitaria pública en las campañas de Estado, cuyo objetivo es informar a toda la población sobre diferentes asuntos de interés público y social.
Este ataque a las y los trabajadores, que se completa con una política destinada a hostigar a cualquier voz disonante con las “ideas de la libertad” del gobierno y la eliminación de campañas de información sobre temas que son de absoluto interés público como saber cómo cuidarse del dengue o qué medidas tomar ante la aparición de síntomas.
Como parte de este plan recortaron la programación de la Televisión Pública y algunas empresas de medios se sienten con la libertad de copiar al gobierno: despiden, amedrentan, generan incertidumbre entre quienes dan vida a sus empresas.
Todo esto sería imposible de enfrentar si no fuera por la inmensa solidaridad que creció y se multiplicó entre sindicatos, centrales obreras, organizaciones sociales y políticas. Porque la decisión del gobierno, de ajustar a quienes trabajamos para acelerar la concentración de la riqueza, impulsó una resistencia activa, como la que implementaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo durante la última dictadura, que sostuvieron luego en democracia.
Esa misma resistencia es la que empezamos a ejercitar para evitar que este gobierno pase por encima de quienes trabajamos, de quienes estudian, de quienes se jubilaron después de trabajar toda una vida, con empleos registrados o en negro. Por eso, este año decimos que tenemos 30 mil razones para defender la Patria y que nunca más queremos la miseria planificada.
La frase muchas veces repetida por los directivos de la Sociedad Rural: “Si al campo le va bien, al país le va bien”, parece volverse como un boomerang. Aclaremos que el campo es mucho más que las empresas de agronegocios, o los grandes y medianos productores de la pampa húmeda. Pero, incluso a ellos: ¿les está yendo bien?
Cada vez que la inseguridad vuelve a ocupar el centro del debate público, reaparece una propuesta tan simple como injusta: bajar la edad de punitibidad penal; presentándola como una respuesta “firme” frente al delito, cuando en realidad es el reconocimiento explícito del fracaso del Estado, de la dirigencia política y de la sociedad adulta en su conjunto. Castigar antes no resuelve los problemas de seguridad, solo desplaza responsabilidades y vulnera derechos.
Antifeminismo y clase. El desplome del mundo obrero y de la sociedad a la que daba forma puede articularse políticamente de manera reaccionaria. Los malestares de género acompañan esta transformación. La crisis de estatus “por el impulso de la posición social de las mujeres, tiene una dimensión de género ineludible”.
La valoración del FMI y del oficialismo remite al mito del crecimiento económico, sin diferencias beneficiarios y perjudicados. El nuevo rumbo de producción y circulación no es generador de empleos suficientes para atender la demanda laboral de millones de personas desafectadas del modelo anterior.
El 7 de febrero Milei, portador del proyecto de dependencia y patria chica, estará en San Lorenzo, donde nació la fenomenal osadía de la independencia y la Patria Grande. La sangre de 40 muertos en menos de 15 minutos fue el punto de inicio de la independencia argentina. Hoy puesta al servicio de la voluntad colonial del gobierno argentino.
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Fue en el marco de una asistencia técnica-académica de la UNL, con la colaboración de la Universidad Nacional de San Martín. En la provincia de Santa Fe, esas unidades identificadas en el río Paraná son 16 y representan una superficie total de 9.084 km2.
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