El Gobierno apunta contra la prensa con represión, privatizaciones y desfinanciamiento

La represión desatada en los alrededores del Congreso, conducida por la ministra Patricia Bullrich, descargó su brutalidad contra un grupo concreto: las trabajadoras y los trabajadores de prensa. Entre las sesiones del miércoles y jueves, el sindicato contabilizó ataques sobre al menos 30 personas de medios públicos, privados y autogestivos. Balas de goma, palazos y gas pimienta fue el combo que recibieron mientras cubrían las manifestaciones en rechazo a la Ley Ómnibus.“Necesitan represión porque es parte de un mismo plan de entrega y de ajuste”, dice Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Sucede mientras negocian la privatización de los medios públicos, desfinancian fondos -como el Fomeca- que generan cientos de trabajo en las experiencias sin fines de lucro y buscan cerrar la Defensoría del Público.
Durante el debate en el Congreso, el cruce entre Hipolito Yrigoyen y Entre Ríos se convirtió en el improvisado búnker de prensa. Ahí se ubican los distintos móviles televisivos, periodistas y reporteros gráficos, la gran mayoría con alguna vestimenta que los identificaba. Ahí fue donde fueron las motos de la Policía Federal a dar vueltas en círculos y dispararon balas de goma al aire que impactaron en distintos trabajadores. “Iban de a dos. Uno manejaba, el otro cargaba la ithaca y disparaba desde muy cerca. Generaron mucho caos y temor”, cuenta Ignacio Petunchi, fotógrafo de Ámbito Financiero y delegado, que recibió una bala de goma en la espalda. “Empezamos a ver que aparecían motos, cruzamos a la plaza y se vinieron al humo mientras mostraban las armas. Quedamos como en una emboscada. Ahí sentí una ráfaga con varios impactos en la cintura y en los glúteos”, relata Lorena Tapia Garzón, también delegada y trabajadora de la TV Pública.
Lucas Pedulla, integrante de la revista cooperativa La Vaca y referente de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (Arecia), cubrió las jornadas de protestas en las calles durante el debate de la Ley Bases. Fue otras de las víctimas de la brutalidad policial y perdió su celular al intentar documentar una detención arbitraria en Riobamba y avenida Rivadavia. Un policía de la Federal lo zarandeó y lo tiró contra la pared del Congreso. “Por suerte logré poner las manos para no pegarme la cabeza, pero me rompió el celular, mi herramienta de trabajo que además me permitía dejar constancia de lo que pasaba”, cuenta sobre las detenciones y las provocaciones del miércoles por la noche cuando las manifestaciones incluso transcurrían sobre la vereda, sin cortes de calle.
“El jueves hubo una represión con mucho más fuerzas. Claramente hay un foco represivo orientado a los profesionales de comunicación mientras hacemos nuestro trabajo”, señala Pedulla y recuerda que a Martín Brunas, del equipo de prensa de Unidad Popular y miembro de la CTA Autónoma, lo detuvieron cuando el acto del 27 de diciembre convocado por la CGT, las dos CTA y la UTEP a Tribunales ya se había desconcentrado. “Fueron espantosas las imágenes del jueves. Las revivo y me angustia un montón. Había compañeras llorando y nos acorralaron contra unas vallas aun estando en la plaza”, repasa Tapia Garzón sobre la cacería comandada por Bullrich.

La ola privatista

Pocas horas después, el Gobierno sumó otra señal sobre la dirección que busca imponer en el campo de la comunicación. Con el Decreto 110/2024 del Boletín Oficial, facultó a la Jefatura de Gabinete para «intervenir, de conformidad con las pautas y lineamientos en la administración y funcionamiento de Radio y Televisión Argentina S.E -integrada por LS82 Canal 7, LRA Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE)–; en Télam S.E y en Contenidos Públicos S.E. «. Asoma como otro paso en la senda privatista. “Avanzan con la ley con métodos antidemocráticos, extorsionando y usando a los medios públicos como moneda de cambio porque amenazan a los diputados con que van a fundir sus provincias”, evalúa Lecchi mientras todavía está en debate el eventual camino parlamentario que van a transitar las empresas sujetas a privatización incluidas en la Ley Ómnibus.
“Nos llama la atención que los diputados radicales estén traicionando su rol histórico”, refuerza Tapia Garzón y recuerda el papel que ese espacio cumplió en la década del 90 cuando resistía las privatizaciones impulsadas por Carlos Menem. “Hay una relación entre el trabajo que realiza la prensa y el plan económico que pretende imponer Milei”, apunta Petunchi. Una de sus imágenes de esta semana fue una muestra del rol de los reporteros gráficos: fue el autor de la foto en la que se veía a un gendarme que llevaba un parche con la bandera libertaria norteamericana durante el dispositivo en el Congreso.

En la mira

Después de la nueva ola de represión, Pedulla se acercó al Juzgado 28 para aportar su testimonio como una de las tantas víctimas del accionar policial. Allí radica una presentación de Periodistas Argentinas y Arecia. Antes de la marcha en Tribunales habían pedido un habeas corpus colectivo para que las y los trabajadores de prensa que realicen cobertura de protestas sociales no sean detenidos, agredidos ni amedrentados al realizar su labor. Pero la justicia lo convirtió en un amparo que, hasta ahora, anda rebotando por distintos juzgados.
“Desde esa movilización se empezó a ver lo que se desató de forma brutal esta semana”, marca Pedulla y cuenta que hoy también presentaron un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las y los profesionales de la comunicación que resultaron heridos en las protestas. Ocurre en sintonía con el reclamo de Sipreba que volvió a “rechazar los ataques deliberados de las fuerzas de seguridad a trabajadores y trabajadoras de prensa por hacer su trabajo”.