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Un informe del CEPA revela algunos casos en los que el Poder Judicial afecta la vida de los ciudadanos desde lo económico hasta lo sanitario.
Pais14/12/2022
Redacción Regionalisimo
Un informe del Centro de Economía Política (Cepa) revela cómo las decisiones del Poder Judicial, aunque parezcan lejanas a la sociedad y ésta las considere ajenas a su vida cotidiana, afectan la vida diaria de los 47 millones de argentinos en diferentes áreas como los derechos del consumidor, de los trabajadores, cuestiones vinculadas a temas sanitarios y económicos.


Luego de la condena a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, además de las instrucciones que realizó el presidente Alberto Fernández por el viaje de jueces, fiscales y funcionarios al sur, un informe señala las implicancias de las decisiones judiciales en lo cotidiano, que no solo afecta al mundo de la políticia.
¿Cómo afectan las decisiones del Poder Judicial en la vida cotidiana de los argentinos? El informe del Cepa muestra siete ejes, con fallos concretos que afectaron directamente el bolsillo de los argentinos.
-El pago de internet probablemente sería menos si la justicia no hubiese frenado el decreto que en 2020 fijó que las telecomunicaciones son un “servicio esencial” con precios regulados.
-La justicia habilitó los aumentos en las prepagas, luego de que el año pasado las empresas impulsaran una cautelar para subir sus precios y desde 2021 registran aumentos de 216% vs inflación 195,1 por ciento.
-Las concesionarias de peajes fueron a la justicia para oponerse a la reestatización de las autopistas.
-Hay sobreprecios acordados por los molineros multados por el gobierno que ambién fueron a la Justicia.
-El gobierno adoptó medidas de regulación de ventas al exterior para garantizar el consumo interno de carne, pero dirigentes de la oposición y actores del sector pidieron una cautelar para suspender la medida.
-En CABA, la justicia falló en contra de la ley de Alquileres.
-En diciembre de 2019 un fallo a favor de Mercado Libre declaró que no era responsable por la venta, en su propia plataforma, de un producto que resultó diferente al publicado.
-El juez federal Pablo Cayssials en enero 2017 avaló aumentos de 375% del agua en CABA y en 18 municipios del conurbano.
-En septiembre una compañía importó neumáticos recurriendo a cautelares en 30 ocasiones.
-En agosto de 2022, una cautelar permitió la importación de 20 millones de dólares en “toallas”.
-El juez Pablo Cayssials permitió la importación de un Porsche 911 Turbo y una Ferrari Testarrosa, en un fallo de febrero 2021.
-La petrolera estatal noruega Equinor abandonó las actividades de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, ya que el Poder Judicial mantiene vigente la cautelar que le impide avanzar.
-El gobierno nacional estableció, por única vez, el pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias para las empresas beneficiadas por la suba extraordinaria de los precios internacionales. Algunas firmas fueron a la justicia que frenó la medida aceptando una nueva cautelar.
-Un fallo de la justicia de San Luis, habilitó el año pasado una cautelar presentada por la oposición que impidió al gobierno provincial avanzar en medidas destinadas a fortalecer los ingresos de trabajadores desempleados y de bajos salarios.
-En 2015, la justicia falló a favor de Telecom y en contra de la provincia de Santa Fe que buscaba aplicarle, según establece la norma, una alícuota mayor de Ingresos Brutos a la compañía, por no estar radicada en el territorio provincial.
-En 2022, la Asociación de Abogados/as Laboralistas denunció el desfinanciamiento del fuero laboral, la existencia de Juzgados del Trabajo vacantes y de expedientes paralizados en el tiempo.
-En octubre de este año, un fallo judicial favoreció a una empresa láctea que despidió a 26 trabajadores por participar de una protesta gremial.
-Un fallo, del 2018, negó los derechos laborales de un trabajador del Hospital Alemán que prestó servicios ahí durante siete años, avalando que la empresa desconozca la relación laboral existente.
-Otro ejemplo es el conocido fallo “Pogonza”, a partir del cual la Cámara del Trabajo viene limitando las posibilidades de revisar lo determinado por las Comisiones Médicas de riesgos del trabajo, y se terminan cerrando los casos sin el accionar judicial suficiente.
-Un fallo judicial en Rio Negro, confirmó, en plena pandemia, el despido de un trabajador porque según lo argumentó la empresa “estaba a prueba”, desconociendo de esa forma el decreto 329/20 de prohibición de los despidos en la emergencia sanitaria.
-La Corte Suprema determinó, a partir de dos fallos, que se deben tramitar en la Justicia Contencioso-Administrativa, la que desconoce los principios propios del derecho del trabajo, considerando la relación de empleo público desde una óptica administrativista.
-En 2019 impidió el cobro de los sueldos de trabajadores/as del ex Grupo Indalo, al bloquear una cuenta que había sido creada como «inembargable» para ese fin. En su fallo, advirtieron que «no se ignora que podría dificultar el pago de salarios».
-El año pasado un fallo judicial en San Juan impidió a una mujer practicar un aborto legal por una cautelar presentada por su ex marido, negando el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ley sancionada en 2020.
-En 2019, en la ciudad de Tucumán, Lucia de 11 años ingresó a un hospital público con 23 semanas de gestación producto de una violación. La madre de la niña pidió ante la Justicia tucumana la ILE, medida que fue dilatada durante semanas, hasta que fue obligada a realizarse una cesárea.
-En 2021, un juez de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, dejó en libertad a un imputado por abuso sexual porque usó preservativo, y declaró la falta de mérito en la causa.
-La justicia decidió absolver a los acusados del femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata poniendo como eje el “estilo de vida” de la joven y dando a entender que una persona que compra chocolatada y facturas no es alguien que esté pensando en cometer una violación.
-Limitaron a la AFIP a exigir planificación fiscal a los contadores y abogados de las empresas, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países, con el objetivo de evitar que informen dónde tienen sus inversiones. Pablo Cayssals fue quien decidió que no se aplique la resolución 4838.
-En plena pandemia, la AFIP impulsó una moratoria destinada a las pymes. La justicia habilitó a dos grandes empresas que lo solicitaron, a ser incluidas, porque la medida era “discriminatoria”. La segmentación por tamaño, que es una decisión de política económica, tampoco puede hacerse.
-La justicia sigue favoreciendo a la familia Macri en la causa Correo: avaló este año la suspensión del trámite de quiebra del Correo Argentino, hasta que la Corte Suprema resuelva un conflicto de competencia pedido por la defensa del ex presidente. Jamás le darían a un ciudadano común una quita de 90% en una deuda.
-La Corte Suprema intervino una medida de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que ordenaba a varias empresas de indumentaria y a centros comerciales, a mantener vigentes descuentos ofrecidos por algunos bancos. Cencosud se opuso a la medida y la justicia lo avaló.
-La Inspección General de Justicia (IGJ) advirtió sobre el accionar sistemático de jueces de la Cámara Comercial que impiden investigar: el caso paradigmático es el “fideicomiso ciego” que administró parte del patrimonio de Macri, sospechado por ocultar bienes y falsear las declaraciones juradas como funcionario público.
-Otro caso resonante fue el rechazo judicial al pedido de la IGJ para declarar la nulidad de la sociedad Hidden Lake SA, de Joseph Lewis, ya que se denunciaba el incumplimiento de la empresa de las sentencias firmes para el acceso al Lago Escondido y el funcionamiento irregular de esa sociedad.
-En la misma sintonía, la Cámara Comercial impidió que la IGJ, el Banco Central, la UIF y la AFIP investiguen el origen y destino de fondos de José Aranda, uno de los accionistas de Clarín, a pesar de que podría tratarse de un caso de fuga, lavado de dinero o de evasión.
-La IGJ había emitido una resolución según la cual la empresa Remax Argentina viola la ley local, al beneficiarse de la actividad inmobiliaria sin estar autorizada por las normas de ejercicio profesional para hacerlo. La firma fue a la justicia que, una vez más, anuló la decisión.
-Los incendios vienen arrasando con cientos de hectáreas y , sin embargo, la justicia no avanza en investigar quiénes son, por ejemplo, los propietarios de las tierras afectadas intencionalmente.
-El Poder Judicial –Juez Ercolini– apeló a la “creatividad” en casos como los pagos ilegales en la estatización de Sidor, donde sobreseyó a los directivos de Techint, porque estaban “evacuando” sus empleados
-Por último, el famoso caso Vicentin, donde un juez de primera instancia decidió sobre un decreto presidencial disponiendo que los administradores de la empresa Vicentín continúen en sus funciones.
-En el actual contexto de rebrote de contagios por Covid-19, un Juzgado marplatense decidió suspender la campaña de vacunación en niños de seis meses a 16 años.
-Ese mismo juzgado ya se había expedido en contra del pase sanitario y de la plena implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
-En 2009 la justicia dio lugar a la cautelar que presentó el Grupo Clarín contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
-También el juez Pablo Cayssials, en 2014, aplicó una cautelar para evitar la transferencia de oficio del Grupo Clarín.
-En el mismo sentido, en el 2015, la Corte Suprema confirmó una condena contra Víctor Hugo Morales por emitir, quinces años atrás, minutos de un partido cuyos derechos eran de Cablevisión.
-En 2016, el Juez Ercolini sobreseyó a Magnetto, Mitre y Herrera de Noble en la causa por “desapoderamiento extorsivo” de Papel Prensa a la familia Graiver, durante la última dictadura.
-Más cerca en el tiempo, el Juez Ercolini ordenó la detención de los dueños del Grupo Indalo -de la señal C5N opositora al gobierno de turno, Macri- Fabián De Souza y Cristóbal López. En 2021, el TOF N° 3 los absolvió detallando que “la operatoria nunca traspasó el umbral de lo permitido”.



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El índice pasó de 8 a 8,5 cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Las provincias más afectadas fueron Corrientes, Chaco y La Rioja.

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