Miguel Peiretti
La comisionada argentina y actual vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, fue denunciada penalmente ante la justicia federal por "graves hechos de corrupción administrativa". La presentación judicial solicita que se investigue a la funcionaria por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionaria pública, prevaricato, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta en perjuicio del Estado argentino.
La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini. El pedido de investigación surge luego de que se difundiera un fragmento de una audiencia de la CIDH celebrada el pasado 12 de marzo sobre el denominado "Caso Catella". La polémica tomó trascendencia pública tras una entrevista realizada por el politólogo Agustín Laje a Neydy Casillas, integrante de la ONG internacional Global Center for Human Rights.
La acusación de actuar como "juez y parte"
Durante la mencionada audiencia, el actual representante del Estado argentino advirtió que el país había permanecido “durante años en una situación de absoluta indefensión” jurídica ante el organismo internacional. Según la acusación, el área estatal encargada de responder a las demandas ante la CIDH estuvo bajo la órbita de una funcionaria que había intervenido previamente en el mismo caso, pero del lado de los demandantes.
La denuncia apunta al recorrido profesional de Pochak en tres etapas clave del expediente:
1. Directora Adjunta del CELS: Se desempeñó en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entre 2002 y 2011, período en el cual la ONG actuó como peticionaria impulsando la demanda de la exjueza Marta Susana Catella contra el Estado.
2. Subsecretaria de Derechos Humanos: Ocupó el cargo de Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos entre 2019 y 2023, período en el que la CIDH terminó admitiendo formalmente el caso.
3. Vicepresidenta de la CIDH: Actualmente ejerce una de las máximas responsabilidades dentro del propio sistema interamericano.
De acuerdo con el denunciante, no existen constancias de que Pochak se haya excusado o apartado de las actuaciones. Además, se señala que durante su gestión en el Ejecutivo nacional existió una “inacción absoluta e inexplicable”, la cual habría incluido la omisión de enviar cerca de 30 kilos de expedientes y pruebas clave a la CIDH que favorecían la posición de defensa de la República Argentina.
Impacto en los organismos y exfuncionarios involucrados
La presentación judicial advierte que la situación compromete la reputación de la CIDH, cuyo estatuto exige que los comisionados posean una "alta autoridad moral". El texto recuerda que en noviembre pasado el comisionado Arif Bulkan debió presentar su renuncia al organismo precisamente tras verse envuelto en un conflicto de intereses.
Las responsabilidades penales solicitadas por los denunciantes no se limitan a Pochak; también alcanzan al exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti y a la exfuncionaria Gabriela Kletzel, quienes coordinaron la estrategia jurídica internacional argentina durante la presidencia de Alberto Fernández. La investigación penal reviste especial relevancia institucional ya que las mismas oficinas y las mismas ONG intervinieron en causas internacionales de gran exposición como los casos de Santiago Maldonado, Milagro Sala y la denominada "Virgen Abortera".
La respuesta de Andrea Pochak
A través de sus canales oficiales de comunicación, Andrea Pochak rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró ser objeto de "una campaña que busca desacreditarme y, así, deslegitimar a la CIDH".
La comisionada afirmó que fue "muy cuidadosa en evitar cualquier conflicto de intereses" y enfatizó: “Jamás intervine, como representante del Estado argentino, en ningún caso en el que previamente intervine como peticionaria". Específicamente sobre el caso Catella, la actual vicepresidenta de la Comisión remarcó que nunca tomó parte en las decisiones desde el sector público y denunció encontrarse bajo un proceso de "hostigamiento digital y de criminalización".
