Contaminación y justicia clasista en el norte santafesino

(APe).- Xiomara Crespín murió siendo una beba como consecuencia de la contaminación acumulada durante cuatro décadas en la ciudad de Ceres, norte de la provincia de Santa Fe, originada por una fábrica de baterías de nombre Nesaglo. Su injusto viaje hacia otro lugar del universo el 7 de enero de 2021 generó la atención, por primera vez, de la justicia sobre los desastres provocados por la impunidad empresarial. Los restos del plomo la mataron a ella y enfermaron a otros dos nenes de veinte meses y tres años, respectivamente, a quienes le salvaron la vida en el Hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe, “Orlando Alassia”.

Xiomara tenía plomo en la sangre en una dimensión de 1,98 miligramos por litro, cuando la referencia es una cantidad de 0,3 miligramos para una persona adulta. Un mes después de su viaje a la pampa de arriba, el gobierno de la provincia clausuró el predio abandonado de la fábrica.

Ahora, en octubre de 2022, la acusada por la inverosímil justicia federal santafesina es una trabajadora despedida de aquella fábrica de baterías contaminante.

Norma Orellano era empleada administrativa de la fábrica de baterías Nesaglo, de la ciudad de Ceres, durante veintiséis años. Fue despedida en enero de 2017 junto a otras 42 personas. Todas estaban contaminadas con altos niveles de plomo en sangre.

La Justicia Federal de Rafaela procesó a la señora Orellano el 4 de octubre pasado como responsable de las consecuencias que provoca el pasivo ambiental que dejó la fábrica de baterías Nesaglo SA.

“Son daños gravísimos, como la muerte una bebé y la contaminación con plomo de una veintena de personas más que se asentaron a vivir en el edificio abandonado tras el cierre de la fábrica. El detalle que no enfocó la Fiscalía Federal de Rafaela, a cargo de Jorge Onel, y el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque es que lejos de ser la “empresaria responsable” de ese desastre, Norma es una de las tantas víctimas: en enero de 2017 fue despedida como el resto de los 42 empleados, de los cuales el ciento por ciento fue contaminado con altos niveles de plomo en la sangre. De hecho Orellano y el resto son demandantes en la Justicia Laboral contra Nesaglo y la familia Sabena, los dueños reales, como sabe cualquier vecino de Ceres”, apunta la nota de David Narciso.

A Norma la embargan por $10 millones y se la acusa de no haber cumplido con la ley nacional 24.051 de residuos peligrosos que manda a los responsables de ejecutar un plan de cierre para “evitar sanear la actividad contaminante”.

En tanto la familia Sabena, responsable del pasivo ambiental acumulado a lo largo de 40 años con consecuencias fatales, aparece libre y “hace su vida en Ceres por el momento sin mayor preocupación”.

Desde enero de 2021, “la justicia convirtió la vida de Norma en un calvario. Al día siguiente de la muerte de la bebe Xiomara Crespín policías fueron a buscarla a su trabajo en el supermercado, a pesar de que en Ceres todos saben quién es ella y también conocen dónde vive la familia propietaria y la historia de la fábrica: la fundaron Néstor Sabena y su esposa Gloria Allemandi (ambos fallecidos), y luego sus hijos se hicieron cargo. Silvia y Gustavo (fallecidos) y Susana y Adriana, quienes la mandaron a la quiebra en 2017”. 

Según dice el auto de procesamiento del juez federal rosarino Marcelo Bailaque el hecho de figurar en el cargo “revela con fundado criterio que tenía responsabilidad en la conducción y en la toma de decisiones de la empresa, y que conocía la actividad que se desarrollaba en el predio en cuestión… No podía desconocer la importancia del cuidado del ambiente, las técnicas para mitigar su impacto y las consecuencias que ello representaba”.

Y le reprocha a la actual empleada de comercio que “no implementó ninguna medida tendiente a invertir o intervenir el estado de la explotación bajo el dominio de su dirección por el cargo que ostentaba, a fin de subsanar, sanear o morigerar la contaminación con plomo en el predio aludido”.

El fiscal Onel recordó que también pidió el procesamiento de Mónica Ucero, directora general de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, a la que atribuyó inobservancia de los reglamentos u ordenanzas. Sin embargo, el juez Bailaque le dictó falta de mérito, decisión que la fiscalía apeló ante la Cámara, del mismo modo que la defensa de Norma apeló el procesamiento.

Este fallo, alejado de la realidad, no solamente es clasista si no que encubre las responsabilidades de diferentes organismos provinciales y nacionales en las últimas décadas.

Norma Orellano es una víctima más, como Xiomara, no solamente de la contaminación ambiental si no también de la impunidad del poder económico y la complicidad silenciosa de la política.