(APe).- Con un presupuesto para el año que viene marcado por la obediente sujeción a los apremios de los acreedores, el estado gastará menos en planes sociales, salud, educación, vivienda y medio ambiente. El paraíso amasado desde sueños suburbiales para las infancias languidece en tiempos de colmillos afilados. Una vez más la escuela será la parienta pobre en esta fiesta descolorida. Confinada al cuartito de atrás de los discursos y las discusiones. El Ministerio de Educación tendrá para gastar $735.467 millones el año próximo, contra $870.044 millones este año. Unos 130 mil millones menos.
Un 15,5% de ajuste en la base fundante del futuro de las niñeces. En un país que parece negarles la alquimia básica para ser fuertes y transformadores. Desde el alimento sano y soberano hasta la escuela de pie. Desde el acceso digno a la salud pública hasta el agua buena y el aire respirable.
Es el Observatorio de Argentinos por la Educación el que diseccionó el presupuesto votado por la mayoría y estimó porcentajes de ajuste sobre la base del “Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central en el que se espera un incremento de la inflación del 85,2%”. Las infancias, en la mirada organizativa del estado, están cortadas en retazos socioeconómicos: los niños de los sectores más pobres (que son mayoría abrumadora en este tiempo) no alcanzan los conocimientos necesarios como para esquivarle a la estafa de esta vida y construir otro mundo pequeño, mejor, en su mínima parcela de poderío.
Los que logran acabar con el ciclo completo de la secundaria con los conocimientos necesarios son apenas 16 de cada cien. Y pertenecen al grupo de mayor nivel socioeconómico. Las desigualdades se plantan desde el origen, separan y determinan la desgracia o la ventura: el secundario espera a ingresantes en su última fase de la niñez, con conocimientos que se enganchen naturalmente con el nuevo nivel. Sin embargo, las deficiencias se agudizan hasta la repitencia, la sobreedad y, en demasiados casos, el abandono en el segundo año, a los 14, cuando la vida empieza a arder en los ojos y en el cuerpo.
Una eventual universidad será hostil con ellos. Y el mercado laboral los querrá calificados o los exiliará a la tierra de los precarizados, sin registro, sin vacaciones, sin aportes, sin obra social. O con planes que los demonizarán.
El estudio de Argentinos por la Educación mira hacia atrás en los últimos diez años. Este recorte en la inversión en educación está entre los dos más fuertes. Y sugestivamente, pertenecen a 2020 y 2023, años de gobierno de Alberto y Cristina Fernández. En 2014 el ajuste fue de 2,9%; en 2018, de 9,2%; en 2019, de 6,9%. En 2020 el recorte dobló (y más) al anterior: 15,6%. Y para 2023, se dispuso una baja del gasto en un 15,5%. Sólo un ítem de los importantes aumenta: Conectar Igualdad, en un 16,9 %, lo que recupera fondos del recorte de Sergio Massa durante este año. Que afectó la conectividad y la compra de computadoras para las escuelas. Una política educativa central de CFK, quien no reaccionó ante este ajuste pero sí ante el aumento de las prepagas. En un reclamo al gobierno al que niega sistemáticamente como propio.
Quienes no tienen empleo registrado (casi la mitad de los trabajadores) ni tienen cobertura de obra social. Quienes dejan de tener acceso económico a las prepagas (impagables e imparables en sus aumentos). Y las pobrezas, la ocasional y la estructural. Todos ellos recurren diariamente al sistema de salud pública, colapsado y en derrumbe. Ahora con un recorte del 19,2 por ciento.
El déficit fiscal se mide en vidas.
El país soberano, la patria de todos, se desangran en eslóganes. Y confinan a millones a costas donde el futuro no está dispuesto a desembarcar.
La escuela y su declive no miden. Las discusiones se ananchan o se angostan según el minuto a minuto.
Los que vendrán serán perros de presa. De colmillos afilados. Los que se irán cargarán sobre las espaldas su artificio de cordero encolmillado con filo. Todos cortaron y cortarán de lo que ya no queda. Y cubrirán piadosamente el patrimonio intocable del poder.
La Ley de Financiamiento Educativo de 2005 apenas logró su objetivo de que se destinara el 6% del PBI a educación en 2010 y en 2015. La ley sigue siendo ley. Pero testimonial e ignorada.
La digitación del Fondo Monetario en las teclas que determinan ajustes en zonas sensibles arrojó una bomba de humo que desmembró cualquier tipo de debate posible: el pago de Ganancias por parte de los jueces. A sabiendas de que nunca pasaría por las tranqueras del fetichismo que practica la derecha respecto de la Justicia. De las peores tramas de la justicia.
Nada se discutió sobre la escuela y la salud pública.
Sólo se entronizó a hombres y mujeres que cobran dos millones de pesos al mes. Y no pagan el impuesto que sí paga el resto de los mortales que disfrutan de semejante ingreso y de mucho menos también (desde 300.000 en adelante). Una defensa de esa índole debería enrojecer de vergüenza a los delegados populares. Que dejan de serlo cuando suben al escenario de ese poder.
Son 238 mil millones de pesos los que se recaudarían si ese tributo estuviera en pie. Escribió Leandro Renou en Página 12: “ese dinero es 4 veces lo que Desarrollo Social invertirá en 2023 en políticas alimentarias de comedores escolares y merenderos”.
En las vidrieras de esta locura queda expuesto para quiénes se gobierna y a quiénes se confina a los suburbios de esta tierra.
Pasen y vean.
