Miguel Peiretti
La irresponsabilidad de empresarios azucareros y la inacción de las autoridades han dejado un escenario dantesco: aguas ennegrecidas, ríos convertidos en cloacas tóxicas y una biodiversidad agonizante. Todo es fluo contaminante termina en el sur de la provincia de Santiago del Estero para ingresar a a laguna Mar Chiquita
Los recientes fallos judiciales contra los empresarios Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep, responsables del ingenio La Trinidad, confirman lo que las comunidades ribereñas denunciaron durante décadas. Durante su gestión, estos industriales vertieron efluentes sin tratamiento en los ríos Medina, Chico y Gastona, intoxicando el agua y condenando a la muerte a especies enteras. Sin embargo, la tibieza del sistema judicial, que les impuso penas condicionales y multas irrisorias, deja en claro que la impunidad sigue siendo la norma en los crímenes ambientales de la región.
El desastre ambiental no es un hecho aislado. La cuenca Salí-Dulce, que abastece de agua a miles de familias santiagueñas, se ha convertido en un vertedero industrial, con peces flotando inertes, bancos de arena cubiertos de cuerpos en descomposición y un hedor insoportable que evidencia la muerte de un ecosistema entero. La población, impotente ante esta situación, denuncia enfermedades y afecciones respiratorias, producto del contacto con las aguas contaminadas. La flora y la fauna han sido diezmadas, mientras los responsables escapan de las consecuencias con la complicidad de funcionarios que miran hacia otro lado.
El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó revisar la decisión de rechazar la reparación del daño ambiental, es un paso tardío en una crisis que lleva años gestándose. La determinación de un monto indemnizatorio, por alto que sea, no devolverá la vida a los ríos ni revertirá el impacto irreversible en la biodiversidad de la región. La pregunta es: ¿hasta cuándo seguirá el saqueo impune de nuestros recursos naturales?
Santiago del Estero está ante un colapso ambiental sin precedentes. La tragedia de la cuenca Salí-Dulce no solo es una condena para la naturaleza, sino también para las futuras generaciones que verán sus recursos hídricos devastados por la codicia y la negligencia. Si no se toman medidas urgentes, esta crisis no será más que el preludio de un ecocidio irreversible.
Es hora de que la sociedad exija justicia real y medidas drásticas. No hay otra alternativa: el medio ambiente no puede seguir pagando con su muerte la impunidad de unos pocos.
