Miguel Peiretti
Los otros dos hijos, entre ellas la niña asesinada estaban a cargo de su padre biológico y de una tía. A los pocos meses, los tres niños fueron restituidos al hogar y hace dos meses nació un nuevo hijo.
Los vecinos de la localidad manifiestan que la irregular situación de la familia era de público conocimiento, asegurando que no existía protección de las condiciones de los 6 niñas y niños que convivían en el lugar junto a una madre con problemas de adicciones y un padre condenado por violencia entre otros hechos, donde además en la vivienda la justicia había ordenado un allanamiento para la detención de un prófugo con el secuestro de arma de fuego.
Ante la situación la actuación de profesionales fue puesta bajo sospecha, apuntando el Fiscal Oscar Giecco a cargo de la investigación al rol que tuvo la Senaf, institución que anunció que iniciará una investigación interna para dilucidar los detalles de la actuación
En ese marco el Fiscal investiga si hubo «incumplimiento de los deberes de funcionario público» u otros delitos cometidos por los y las funcionarias públicas involucrados.
La Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) la abogada Julia Alejandra Reartes, docente universitaria, ex coordinadora de Unicef, y con trayectoria académica y profesional en los fueros de familia, justicia penal juvenil y violencia familiar y de género, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, a cargo de Liliana Montero, manifestó que el marco legal vigente le impide como funcionaria «relatar aspectos concretos de esta causa y de cualquier otra que involucren a niños, niñas y adolescentes y menos aún cuando hay una investigación en trámite».
Agregó que «desde el primer minuto me puse a disposición del fiscal (Gieco) y de la fiscal adjunta para colaborar en esta investigación y junto con ello dispuse la apertura de una investigación administrativa que corresponda para poder determinar cuál ha sido la actuación del organismo y de los equipos en esta causa».
Resaltó que: «Las decisiones que toma SeNAF, todas atraviesan por el sistema judicial y es la justicia quién a través de jueces, juezas y asesores quienes tiene la última palabra en relación a los informes y las recomendaciones que realiza la SeNAF».
Consultada específicamente sobre la intervención de la Secretaría en este caso, confirmó la información que previamente había dado el fiscal: solamente intervino la justicia con los hijos de la segunda pareja de Rauch. Los hijos del primer matrimonio, que convivían en el mismo entorno familiar, no fueron objeto de intervención judicial.
Así mismo sostuvo que la Uder trabaja de manera articulada con las áreas locales y la intervención del organismo con el retiro y devolución de los hijos del segundo matrimonio de Rauchs, Reartes señaló que «está todo documentado, todos los informes que dan cuenta de esas decisiones que fueron trabajados de manera conjunta con el equipo de la localidad, inteviniendo inclusive profesionales de otros dispositivos tales como la RAAC (Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba) y Salud Mental. Conforme a lo que establece la ley, quien tuvo la última palabra fue la Jueza y los asesores que estuvieron a cargo del control de legalidad de lo actuado».
Cuando se le hizo notar que la justicia resuelve en función de informes que eleva la SeNAF, la funcionaria aclaró que los informes que eleva senaf no son vinculantes: «pueden ser cuestionados y revisados inclusive por los propios equipos técnicos que tienen en tribunales».
