Los límites de la paciencia

¿Y si el maltrato sistemático, múltiple y sobre todo visible a los jubilados y las jubiladas y a todas las personas que integran las universidades públicas es lo que nos despierta, lo que enciende la llama apagada de este tiempo narcotizante de apatía y malestar? Estamos un poco hastiados de escuchar o de repetir que el país –o el país de Javier Milei– va a explotar, que este Gobierno es insostenible y que el estallido está a la vuelta de la esquina. 
Lo escuchamos en diciembre, cuando el flamante presidente lanzó su megadecreto. Y no pasó nada.   
Lo escuchamos en marzo, cuando empezaron las clases y el ajuste se sintió como nunca. Y no pasó nada. 
Lo escuchamos en junio, cuando se aprobó la Ley Bases y los alrededores del Congreso se transformaron en un campo represivo. Y no pasó nada.
Pero lo que está haciendo Milei con los viejos y las viejas –la pulverización de sus ingresos, el veto presidencial a la ley que les otorgaba un magro aumento de 18 mil pesos y el posterior asado con los “87 héroes” que les negaron esa mínima recomposición– y lo que amaga a hacer con el veto al financiamiento universitario está afectando su imagen quizás como nada en el tiempo que lleva en la Casa Rosada.
No lo decimos nosotres, lo dicen los últimos informes de encuestadoras que por lo general le venían dando bien (la de Zubán Córdoba y Asociados, por ejemplo, que midió una imagen negativa de 57%) o el apagón televisivo en la presentación del presupuesto que perpetúa el ajuste. 
La paciencia del pueblo, por más confundido que haya estado, tiene límites.   
¿Por qué? Porque en menos de un mes, el gobierno libertario reprimió a jubilados y jubiladas que se autoconvocaron para marchar porque la plata no les alcanza, porque vetó la ley que le devolvía algo de lo que perdieron y porque con eso consumado, anunció en cadena nacional y ante un Congreso semi desierto, que el ajuste no se negocia: el año que viene seguirá y así será hasta el final de su gestión. Lo dijo el Papa Francisco (y eso les dolió): invirtió más en gas pimienta que en justicia social. 
Ahora, después de todo eso, el Ejecutivo estira el veto a la ley de financiamiento universitario, que busca recomponer los fondos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades y que intenta mejorar también los sueldos docentes y no docentes, uno de los sectores más perjudicados por la devaluación y la inflación de los primeros meses de gestión libertaria. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado un presupuesto de 7,2 billones de pesos para 2025. El Ministerio de Capital Humano y la secretaria de Educación le asignaron la mitad: 3,8 billones.     
¿Está mal consolidar el déficit cero? Por supuesto que no. Lo que está mal es que el Estado se desentienda de garantizar educación de calidad, la pavimentación y arreglo de rutas, la construcción de viviendas y urbanización de villas o de hacer nuevos hospitales y escuelas. Todo eso, según Milei, puede cancelarse. Porque la prioridad la tendrá el FMI y una estabilidad macro mientras la pobreza y la indigencia crecen como nunca en la historia y una mayoría de argentinos ni siquiera tiene para comer todos los días.
Por eso quizás en estos días –con los jubilados gaseados y el símbolo de la universidad pública argentina ninguneado en el frente de batalla– empiece a foguearse ese hartazgo tantas veces anunciado y errado. Sólo falta que todos esos números dramáticos de esta Argentina, se conviertan en bronca.