Miguel Peiretti
Casualmente un día después del petardo que estalló en la sede de la Sociedad Rural Argentina escondido en un paquete enviado al presidente de la entidad, Nicolás Pino, el Ministerio de Seguridad anunció la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva “con el objetivo específico de ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país”, según reza la Resolución 893/2024 publicada este viernes 6 en el Boletín Oficial.
Entre los considerandos de la norma con la firma de la sheriff Patricia Bullrich, se sostiene “que se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias (Bahía Blanca, San Lorenzo-Timbúes), zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales, hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva”.
Esta vaga definición mete en la misma bolsa a piquetes de trabajadores en huelga; cortes de rutas de asambleas ambientales o de vecinos que defienden sus vidas amenazadas por el glifosato o el cianuro; o el, tan caro a la ministra, “enemigo mapuche”, sólo por citar algunas posibilidades de conflicto.
Por otra parte, el texto sostiene que “existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte (…) requieren de una seguridad especial”.
La resolución ministerial crea este Comando “de manera permanente” e incluye en su integración a la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y los representantes policiales que las provincias designen a este fin.
La norma es muy vaga, no explicita mucho más que la creación de esta patota paraempresaria a cargo y costa del Estado que comienza a funcionar desde la publicación de la resolución.
