Miguel Peiretti
El período comprendido por la última y más traumática dictadura cívico-militar ha sido analizado en forma creciente desde variados y valiosos enfoques.
Uno de ellos, el de la políticas científicas y tecnológicas dictatoriales corre peligro con la decisión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de ocultar sus archivos históricos.
En 2014, este organismo y el Conicet firmaron un convenio que derivó en la publicación de un mapeo con las cesantías a trabajadores desaparecidos, además de información sobre las agendas de investigación y extensión rural desmanteladas por el régimen militar.
El sitio oficial la intervencion.inta.gob.ar con el material hoy se encuentran inactivo y no es posible acceder a su contenido, hasta hace unas semanas de acceso público.
La investigadora del CONICET y responsable de la compilación y digitalización hoy censurada, Cecilia Gárgano, denunció el hecho: “tenía decenas de documentos originales, como las cesantías firmadas de puño y letra por el interventor militar e informes de la ex Dipba sobre trabajadores del organismo que luego fueron desaparecidos, así como la resolución que en 1979 resolvió ceder todos los materiales fitogenéticos al sector privado, entre muchas otras fuentes”.
Se trata de un caso pionero y el primer organismo público de Ciencia y Tecnología en hacer este trabajo de recuperación histórica de su memoria reciente, hoy ocultado por la administración libertaria.
En las últimas semanas, el organismo prohibió el uso de palabras como “agroecología”, “biodiversidad” y “género” en sus informes y comunicaciones oficiales.
Ahora, fiel al relato negacionista del Presidente y su vice, el INTA también censura la memoria.
