La actividad se vio afectada debido a la apertura de importaciones dispuesta por el gobierno de Javier Milei permitiendo traer cartón usado de afuera postergando más aún a las familias que se dedican a la recolección. La caída del consumo por la política económica también los perjudica.
Productivas02/07/2024
Redacción Regionalisimo
Las personas que se dedicaban a juntar cartón recibían alrededor de los $ 300 por kilo, pero a partir de la apertura de Javier Milei, sufren una abrupta baja debido a la caída del precio del cartón que en algunos casos llegó a los $ 100.-
Estas familias que por falta de trabajo se dedican a la recolección de cartón para su comercialización, pierden mas de la mitad de los ingresos que tenían por un lado como consecuencia de la destrucción del consumo y por otro por la apertura de importaciones que permiten que ingrese cartón de otros países a valores más bajos.
Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, señalaron que la caída del precio de este material vital para la industria argentina tiene varios factores. El principal es la apertura de las importaciones de cartón, principalmente desde Brasil.
Aprovechando una posición monopólica, las empresas Smurfit Kappa y Cartocor (Arcor) regulan el precio interno de la materia prima a través de la importación, remarcó una fuente de organizaciones de cartoneros.
“Sucedió lo mismo con el gobierno de Alberto Fernández, pero en ese momento se le pidió a Kulfas (exministro de Desarrollo Productivo) que lo dejen de hacer. Hubo instancias para plantear la problemática”, agregó Mingorance.
“La caída del consumo provoca menor demanda porque se venden menos cosas. Eso provoca dos cosas: hay menos cartón que circula en la calle porque la gente ya no consume tantos productos y hay más gente juntando cartón porque se está quedando sin trabajo”, desarrolló Mingorance.
La Justicia Civil y Comercial de Rafaela resolvió intervenir la administración de SanCor Cooperativas Unidas Limitada en el marco de su concurso preventivo, ante graves incumplimientos salariales, presuntas maniobras laborales y previsionales, y una reiterada falta de entrega de información clave para el control judicial.
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