El uso de la motosierra y la licuadora tiene una relación directa con el crecimiento de la conflictividad social. La actual administración redujo en un 79,7% los gastos de capital, paralizando prácticamente la obra pública en todo el país, y recortó en un 75,6% las transferencias corrientes a las provincias, además de eliminar el incentivo docente, entre otras decisiones extremas. Por lo tanto, las provincias a las que la administración central no les transfiere recursos no les pueden pagar a los empleados públicos y, entonces, se producen conflictos como en Misiones, con reclamos y cortes de rutas de policías y maestros, entre otros sectores.
Las gestiones provinciales están ante una trampa: por un lado, enfrentan reclamos justos; por el otro, el gobierno nacional ha dejado de girarles los recursos con los que podrían dar respuestas a esos reclamos. Lo que está sucediendo en Misiones debería ser un llamado de atención para el gobierno nacional.
El “ajuste más grande de la historia de la humanidad”, del que se enorgullece el Presidente, no es inofensivo: también produce cierre de empresas, aumento del desempleo y caída del valor de los salarios, las jubilaciones y las pensiones, entre otros flagelos. Se consolida una espiral descendente: muchas empresas con caídas en su nivel de actividad despiden trabajadores y trabajadoras, estos reducen sus consumos y todo ello repercute en nuevas bajas de la actividad. No se puede recortar el gasto como lo está haciendo el gobierno sin que ello afecte a la mayoría de la población. Este escenario necesariamente influye sobre los realineamientos legislativos.
En el Senado, el debate sobre los proyectos de la Ley “Bases” y la Reforma Fiscal se postergó sin fecha. Fue consecuencia de que el oficialismo no consiguió los votos necesarios para emitir los dictámenes.
En la Cámara de Diputados, el Bloque de la Unión Cívica Radical, acompañado por el de Unión por la Patria y por miembros de otros bloques, produjo el emplazamiento a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Educación para que convoquen a dos reuniones, una para tratar el Presupuesto universitario y otra para analizar el tema del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). El emplazamiento fue aprobado por 152 votos.
La primera de esas reuniones tuvo lugar el último jueves, y en ella se produjeron cuatro dictámenes. El de Unión por la Patria fue el de mayoría con 34 firmas. El de la Unión Cívica Radical, acompañado por Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal, reunió 21 firmas. Este último propone la actualización de las partidas para los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios según la inflación anual 2023 y agrega la actualización presupuestaria a partir del 1 de enero de 2024 y de forma bimestral, de las partidas para estos rubros por el IPC informado por el Indec. El dictamen de Unión por la Patria toma estos puntos pero agrega otros: la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de institutos tecnológicos y extensión universitaria; el restablecimiento de todas las obras de infraestructura en ejecución; la actualización inmediata de los salarios docentes y no docentes universitarios; y el aumento de la cantidad y monto de las becas estudiantiles.
El Presidente ya ha anticipado su posición: “Lo único que están haciendo ahora es mandar proyectos al Congreso para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quiera romper la caja y hacer volar este país por los aires se los voy a vetar. Me importa tres carajos”, dijo en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.
El sistema democrático funciona sobre la base de la división de poderes. Cada uno de ellos tiene su rol y, en ese marco, el Poder Ejecutivo está facultado para ejercer su poder de veto. En ese caso, los proyectos vetados vuelven al Parlamento y allí se necesitan mayorías especiales para insistir con ellos. Si la oposición logra esas mayorías especiales, entonces el Poder Ejecutivo no puede volver a vetar. Pero, además, el veto es una facultad para ser utilizada de modo excepcional. De lo contrario, si se transforma en un instrumento de uso permanente, se consolida la idea de que se puede gobernar sin leyes y el Parlamento se convierte en un poder inoperante en la Argentina.
Por otro lado, hay cuestiones de fondo: por ejemplo, si no se resuelve la restitución del Fonid, se complica la mejora del salario docente.
Todas estas políticas están generando una conflictividad inédita para un gobierno con sólo cinco meses de gestión.
En los primeros días de la semana se produjo un incremento significativo del dólar ilegal que fue mitigado, según trascendidos, por la acción de operadores cercanos al gobierno que salieron a abastecer el aumento de la demanda de sectores de la población y de las empresas que intentan resguardar sus ahorros en moneda dura. Esa mayor demanda de dólares ilegales produce una suba de su precio y, en ese escenario, el aumento de la brecha entre el dólar oficial y el ilegal contribuye a elevar la presión de los productores y exportadores que dicen “a ese precio no liquido”. Al igual que en otras oportunidades, estos sectores reclaman una mejora del tipo de cambio relativo a través de una devaluación o medidas compensatorias similares. Según Coninagro, hasta mediados de mayo sólo se ha liquidado “el 34% de la producción de soja de la campaña”. Es el nivel más bajo de los últimos 6 años. En ese contexto, estaría creciendo la venta de silobolsas, un indicador de que el sector se prepararía para acopiar su producción esperando mejores condiciones de venta.
El gobierno transita un escenario de doble conflictividad: por un lado, la generada por los perjudicados por el ajuste y, por el otro, la producida por sectores que presionan por mantener o ampliar su rentabilidad. En este contexto de permanente ajuste y retroceso de la producción, el empleo y los salarios, el único límite al ajuste, como siempre, es la capacidad de resistencia de los ajustados.
