Javier Milei les ha prohibido a sus funcionarios usar la palabra "negociación", pero –mal que le pese– esta describe a la perfección el agotador tránsito del proyecto de ley ómnibus en la Cámara de Diputados. El toma y daca es frenético y deja la sensación de que afecta derechos muy importantes de un modo tan aluvional que escapa al conocimiento de la ciudadanía. La luz es demasiado tenue en el "Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad".
De hecho, el texto es tan voluminoso que los artículos que se pierden en el revoleo alcanzan a 141, curiosamente sin que eso termine de desfigurar el plan.
El proceso es clave ya que define nada menos que los sectores sociales que pagarán la cuenta económica del Caputazo y cuáles, en la política, serán socios del gobierno de ultraderecha en los costos de aplicarlo.
El Gobierno renunció en un borrador que pretendió definitivo, pero que no lo es a reclamar la potestad de legislar por decreto en materia social y de defensa, pero la retendría en las áreas económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa. Casi nada.
Asimismo, admitió que Milei no tendrá la suma del poder por cuatro años, sino por uno, renovable por otro a criterio del Congreso. Alivia saber que la clausura del Poder Legislativo sólo sería temporal.
En tanto, persistían en la noche del lunes las diferencias entre el oficialismo y la oposición amable en temas nodales como la suba de retenciones y el restablecimiento del impuesto a las Ganancias sobre los salarios altos, tal la agenda de gobernadores que saben que les tocará gestionar en un tiempo de vacas famélicas. Este último punto estaba en vías de acuerdo, lo que reduciría el mínimo no imponible a 1,35 millones de pesos y haría que volvieran a tributar las 800.000 personas que trabajan y fueron eximidas por la anterior administración.
La Libertad Avanza (LLA) decía que ya no quedaba lugar para "mejorar" el proyecto, mientras el PRO, el pichettismo y el radicalismo amenazaban con avanzar con un dictamen de comisión propio. Esas bancadas podrían, al final, cantar victoria si los mandatarios provinciales lograran hacer oír sus reclamos, pero su vocación –férrea incluso ante los insultos y descalificaciones que han recibido– de darle "instrumentos" al Gobierno podría hacerlos corresponsables del costo político del ajuste. Al fin y al cabo, lo que piden reemplaza un mayor aporte de las empresas agroexportadoras por un sacrificio aún más pesado para los contribuyentes comunes.
Como se dijo más arriba, el Gobierno cedió en los temas y la duración de la emergencia. También en cuanto a las privatizaciones previstas, que afortunadamente ahora excluyen a YPF, mientras que otras empresas –Banco Nación, ARSAT y Nucleoeléctrica– sólo podrán ser enajenadas parcialmente, sin que el Estado pierda el control accionario. La liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES –"la plata de los jubilados" por la que tanta gente clamaba en otras épocas– quedaría firme. Los derechos de exportación para las economías regionales –otra exigencia de los gobernadores– seguirán en cero y el Poder Ejecutivo no tendrá facultades para elevar ninguna retención de manera unilateral. La reforma electoral queda sin efecto y el impuesto a los Bienes Personales resulta aligerado.
Una extravagancia total en el "Año de la libertad" es la declaración de incompatibilidad de militar políticamente para el personal estatal. Llamar "liberalismo" a esto que rige en la Argentina debería ser considerado delito de calumnias e injurias.
Todo eso ha sido parte de la "negociación" –¡ups!: perdón–, una que preserva, pese a todo lo que se elimina, el núcleo irrenunciable para el Gobierno: el ajuste fiscal.
Con los cambios, no llegará seguramente al brutal 5,2% del PBI prometido por Luis Toto Caputo al FMI –lo que habría asegurado 2 puntos porcentuales para pagar deuda–, pero sí aseguraría el equilibrio. Esa era la verdadera línea roja.
Lo anterior, con todo, tiene una limitación que no está dada por lo que vota o deja de votar el Congreso, sino por la propia lógica del ajuste. La referencia apunta a la "trampa de austeridad", una que al provocar una recesión profunda reduce la recaudación tributaria en una medida que hace imposible llegar al déficit cero sin introducir nuevos recortes. Una y otra vez…
Si de pagar el ajuste se trata, lamentablemente hay que hablar –además de los sectores pobres y medios– de los jubilados.
Milei renunció a tratar sus haberes sin fórmula de movilidad alguna y a sola firma. La negociación –perdón: estoy incorregible– llegó al punto de mantener las actualizaciones trimestrales habituales hasta abril, a partir de cuando comenzaría un ajuste mensual en función de la inflación del mes precedente.
El Gobierno dice que de esa forma "se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo".
No tan rápido… Los jubilados pierden.
Los haberes de diciembre se pagaron con el mismo bono especial de 55.000 pesos que venían erogando Alberto Fernández y Sergio Massa, sin actualizarlo en función del 25,5% de inflación del mes. Ese es el tamaño del primer recorte que les provocó la "mileinomía", uno que, por ahora, no hay indicios de que vaya a ser revertido.
En ese sentido, ¿el mandatario incluirá en la futura base de cálculo los insuficientes bonos extra para quienes perciben la mínima?
El mantenimiento de la fórmula actual, que tiene un rezago trimestral, podría generar una recuperación pequeña en marzo si la inflación declinara, pero luego el monto quedaría congelado en términos reales por actualizarse según el IPC. Cualquier pérdida no resarcida hasta ese momento resultaría consagrada sine die.
Abril, el mes bisagra para el cambio de la movilidad jubilatoria, es el momento en el que el Gobierno espera que comience a declinar la inflación agravada por la devaluación del 13 de diciembre. Hasta entonces todo será cuesta arriba en esa materia.
El Presidente repitió este lunes el ardid que había ensayado antes del anuncio del INDEC correspondiente a diciembre: menear escenarios peores que los reales para adulcorar las malas noticias cuando llegan.
Si aquella vez había propuesto sacar en andas a Caputo si el IPC daba 30%, ahora dice que sería un triunfo que enero arrojara otra vez 25%. Vamos… las proyecciones privadas apuntan a 20%, lo que, golpes de efecto aparte, sería otro desastre. Es más, 25 más 20 implicaría un acumulado de 50% en apenas un bimestre.
Pícaro presidente…
