Se cumplen cuatro décadas del día que dejó atrás el período más oscuro de la historia argentina

El 30 de octubre de 1983 comenzaba a apagarse la época más dolorosa del país. Raúl Alfonsín fue quien cargó sobre sus hombros el primer gobierno democrático luego de la peor dictadura que haya vivido el país, una democracia incipiente que pendía de un hilo, y que, por el esfuerzo de millones de argentinos, se pudo robustecer a lo largo de los años.

Aquel día, más de 16 millones de personas de los 18 millones habilitados para votar se acercaron llenos de ilusión para ejercer el derecho a voto que les había sido arrebatado años atrás.

Una década había pasado desde los últimos comicios: en 1973 los argentinos habían elegido a Juan Domingo Perón para hacerse cargo de la Casa Rosada. Su muerte, el interinato de María Estela Martínez de Perón, junto con una profunda crisis económica que registró una inflación mayor al 100% fueron caldo de cultivo para el golpe de Estado autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, un eufemismo para la dictadura que tomaba el poder en el país, una de las más sangrientas del continente.

El país estaba bajo el mando del dictador Reynaldo Benito Bignone, quien había quedado al frente de la dictadura tras la caída en desgracia de Leopoldo Fortunato Galtieri luego de la guerra de Malvinas. Esa tragedia terminó de llevar al abismo al régimen militar, que no pudo estirar más su estadía ilegal y debió convocar a elecciones libres y democráticas para el 30 de octubre de 1983.

Es que la sociedad ya comenzaba a presionar por más derechos. Seis años de congelación intermitente de salarios, políticas que iban contra la industria nacional y medidas restrictivas habían dejado el PIB per cápita en su nivel más bajo desde 1968 y los salarios reales en torno al 40%. Por esto, el retorno de algunas libertades condujo rápidamente a una ola de huelgas, incluyendo dos paros generales dirigidos por Saúl Ubaldini de la CGT.

Ante el llamado a elecciones, se realizaría una primaria el 14 de agosto de 1983 entre Alfonsín, representante del sector renovador, y Fernando de la Rúa, quien fuera compañero de fórmula de Balbín en las elecciones de septiembre de 1973, en representación del balbinismo.

Aunque fueron varios los candidatos a presidente que se presentaron -incluso en un primer momento intentó participar el represor Emilio Eduardo Massera-, la disputa por el Sillón de Rivadavia terminó polarizada entre el radical Raúl Alfonsín y el peronista Ítalo Luder.

 Días antes del tan ansiado regreso de las urnas, Alfonsín y Luder encabezaron masivos cierres de campaña en Capital Federal: ambos quedaron en la historia por distintas cuestiones. El del radicalismo por el emotivo recitado del Preámbulo de la Constitución Nacional, mientas que la el del justicialismo quedó marcado por la impresionante imagen del candidato a gobernador bonaerense Herminio Iglesias, quemando un ataúd con las siglas UCR y la leyenda «Alfonsín QEPD».

 La avenida 9 de Julio en Buenos Aires en el cierre de campaña de Alfonsín
Aquellos comicios se realizaron bajo el texto constitucional de 1957, impuesto durante el anterior golpe militar contra el presidente Juan Domingo Perón, que establecía el sufragio indirecto y un mandato presidencial de seis años sin posibilidad de reelección.

Alfonsín ganó en 16 de los 24 distritos electorales (Buenos Aires, Capital Federal, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), mientras que Luder triunfó en ocho (Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Santa Cruz, Salta, Santiago del Estero y Tucumán).

Aunque el colegio de electores podía evitarse si uno de los candidatos obtenía 301 de los 600 asientos. Con gran afluencia de votantes, Alfonsín logró quedarse con 345 electores y se consagró de manera automática presidente electo: fue la primera derrota del peronismo. Al día siguiente, Alfonsín se reunió con Luder para comprometerse a consolidar la unión nacional y fortalecer la institucionalidad en el país.

En febrero de 1983, el jefe de la policía de Buenos Aires, Ramón Camps, reconoció públicamente los crímenes y afirmó que los «desaparecidos» estaban, de hecho, muertos. La entrevista de Camps, que provocó la indignación general, obligó a Bignone a dejar de negar la tragedia y decretó la ley de autoamnistía N.º 22.924 para todos los implicados (incluido él mismo).

 El régimen empezó a prepararse para la transición triturando evidencias la desaparición del estimado de 30.000 disidentes (la mayoría de los cuales eran estudiantes, académicos y sindicalistas no involucrados en la violencia que sufrió Argentina entre 1973 y 1976).

La dictadura había dispuesto que entregaría el poder el 25 de mayo de 1984, para intentar negociar la impunidad para la cúpula militar por sus crímenes de lesa humanidad. Luego, adelantaron la fecha al 30 de enero. Pero Alfonsín instó públicamente a la dictadura adelantaran su asunción.

El 16 de noviembre, la junta militar fijó el 10 de diciembre el día de la asunción de las autoridades. La fecha había sido elegida por el propio Alfonsín por ser el Día Internacional de los Derechos Humanos. Bignone, por su parte, abandonó la Casa Rosada por la entrada trasera para evadir a los manifestantes que se encontraban fuera del recinto.