Los datos corresponden al último informe de distribución del ingreso que elaboró el Indec para el total urbano. El ajuste del Gobierno y el FMI recae más fuerte sobre el sector precarizado.
 
A medida que se publican nuevos informes sobre el mercado laboral salen a luz las formas que tiene la precarización de la vida y las crecientes dificultades que tiene un amplio sector de trabajadores para llegar a fin de mes. Si el oficialismo pone el eje en "celebrar" que la desocupación alcanza la cifra de 6,7 %, que significa igualmente un no desdeñable 1,3 millones de trabajadores buscando empleo (y que no expresa el alcance real del desempleo al no incluir a los titulares del Potenciar Trabajo), el bosque muestra una creciente fragmentación de la clase trabajadora y una realidad dual entre sectores formales e informales, en el marco general de un deterioro salarial frente a la inflación y el ajuste que lleva adelante el Gobierno del Frente de Todos y el FMI.

Uno los datos destacados que surge del informe de distribución del ingreso para el total urbano (que tiene la novedad de alcanzar a casi toda la población, abarcando a 42,3 millones de personas) que publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), es la enorme brecha salarial entre aquellos trabajadores que tienen descuento jubilatorio en sus haberes (es decir, que están registrados y están cubiertos por la legislación) y aquellos trabajadores informales o no registrados.

Mientras los asalariados registrados percibían al tercer trimestre de 2022 un salario promedio de $ 102.247, sus pares no registrados apenas cobraban $ 44.214 en su ocupación principal. Esto significa que percibieron un 56,8 % menos que los primeros.
Se trata de 4,9 millones de asalariados no registrados por sus empleadores, lo que implica que no cuentan con aportes jubilatorios, obra social, cobertura por riesgos del trabajo, negociación salarial bajo un convenio laboral y mayor vulnerabilidad de sus derechos, entre otros.

El promedio salarial que perciben por su principal empleo, muy inferior al de los 7,9 millones de personas que trabajan en forma registrada, no implica que se comparen empleos del mismo tipo o de la misma carga horaria , pero si muestra una gran diferencia que expresa una enorme precariedad de la vida. Teniendo en cuenta que al tercer trimestre del año pasado $ 44.214 no alcanzaban ni a un tercio del valor de la Canasta de Pobreza, y menos aun, de la Canasta Familiar para cubrir los gastos necesarios de una familia ($ 205.000 en septiembre), está claro que requirieron "hacer malabares" para llegar a fin de mes: pluriempleo, changas, horas extra, y todo tipo de privaciones materiales, junto con el intento de conseguir alguna ayuda social, asistir a comedores y merenderos, entre otros.

No es casual que la presión sobre el mercado laboral sea cada vez mayor y que existan más de 3,1 millones de trabajadores que, aún teniendo empleo, estén buscando otro, porque los salarios no alcanzan para vivir. Al lado de ellos, 2,2 millones de subocupados trabajan menos de 35 horas a la semana y están dispuestos a trabajar más horas.

De conjunto, millones de trabajadores moviendo la rueda de la economía día a día, dispuestos a trabajar más y dejando su vida en el trabajo, con el objetivo de poder subsistir, pero sin que mejoren sustancialmente sus condiciones materiales. Extraña meritocracia la de esta historia. La economía crece, pero son otros quienes ven los beneficios de ese trabajo.

De acuerdo a un informe reciente del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que dirige Claudio Lozano, desde que el Gobierno del Frente de Todos firmó el acuerdo con el FMI en marzo de 2022 la transferencia del trabajo al capital en sólo seis meses fue de U$S 20.250 millones en beneficio de los empresarios.

Otra forma de verlo es a partir de la siguiente comparación: la actividad económica tuvo el año pasado el mismo ritmo que en 2015 (lo que muestra una recuperación "limitada" en tanto apenas pudo volver a los niveles de 8 años atrás), pero los salarios son un 23 % más bajos, como develó el especialista de CTA-A, Luis Campos. El problema se agrava ahora, con una economía que muestra signos no ya de desaceleración, sino de caída.

Es que los salarios no sólo hay que medirlos contra sí mismos, en términos de su capacidad directa de compra, es decir, compararlos con la inflación y los precios (salario real), sino en términos relativos o proporcionales: en función de lo que puede comprar respecto del beneficio obtenido por los capitalistas. Se denomina salario relativo a esta relación entre los salarios y las ganancias y en la actualidad, con las estadísticas disponibles, podemos aproximar el mismo con los datos de la distribución funcional del ingreso que mide el Indec. Si a inicios de 2016 la suma de todas las remuneraciones de los asalariados representaban 51% del ingreso nacional y las ganancias empresarias (excedente bruto de explotación) el 39%, esa relación se modificó a 42,9% y 47 % respectivamente. Esto es, los empresarios aumentaron sus ganancias y su participación en el ingreso a costa de una caída de la participación de los salarios.

Brecha salarial de género

También las brechas de ingresos se replican entre varones y mujeres, son las llamadas "brechas de género". El Indec informó que en el tercer trimestre del año pasado, el ingreso total de las mujeres fue un 26,3 % menor al que perciben los varones. Allí se cuentan tanto ingresos laborales como no laborales.

Entre las provincias con diferencias más acentuadas entre varones y mujeres se encuentra Santa Cruz (36,5%), Chubut (35,9%), Santa Fe (29,4%) y Córdoba (29,2%). Una realidad que desde la extrema derecha, como Milei, intentan negar, pero es imposible ocultar.