Un legado estructural de la dictadura genocida

 La violencia del terror de Estado y los cambios políticos y económicos desde entonces pueden permitir explicar el momento actual, a casi medio siglo de los acontecimientos. El capitalismo local mutó en sintonía con la lógica mundial del capital, la crisis de las políticas keynesianas y el advenimiento de la liberalización impulsada por los capitales más concentrados en la dinámica de la transnacionalización.

Vale destacar, entre muchos y variados aspectos e instrumentos que asumió el reaccionario cambio, a la reforma financiera y al deliberado endeudamiento externo.

En efecto, hace 46 años, un 14 de febrero de 1977, de manera ilegítima bajo la dictadura genocida se sancionó la “ley de entidades financieras”, la 21.526, previo desarme de la “nacionalización de los depósitos bancarios”. La “nacionalización” fue la lógica del peronismo en el gobierno del 46 y del 73; una “política” que ya no volvió bajo otras gestiones del peronismo hasta el presente. La ley 21.526, de entidades financieras, es una legislación vigente en el presente, a 40 años de gobiernos constitucionales (1983-2023).

Aludimos a uno de los instrumentos que el entonces Ministro de la Dictadura genocida, José Alfredo Martínez de Hoz, reivindicó al hacer el balance de gestión como el “más revolucionario” de su función entre 1976 y 1981. Al momento de la fundamentación, el gran empresario (titular de Acindar, gran terrateniente y representante de la cúpula empresarial) devenido en funcionario señalaba que era necesaria la concentración y liberalización de la banca.

Lo “moderno” hacia 1976 era la “liberalización”, es decir, la apertura de la economía y el libre movimiento internacional de capitales. Corrían tiempos de transnacionalización y el país, o mejor, su burguesía hegemónica, no debía quedar afuera. Había que disciplinar al movimiento obrero y popular y por eso el “terrorismo de estado”. Bajo esas condiciones, nueva economía y finanzas.

Se hicieron realidad los objetivos de la dominación

Martínez de Hoz y su equipo, junto a los funcionarios del BCRA razonaban que existía una fuerte “sobredimensión de la estructura del sistema financiero”, que reconocía entonces casi 800 entidades, entre ellas, las Cajas de Crédito cooperativas, que ya habían recibido un fuerte golpe en la dictadura de Onganía en 1966.

En aquel tiempo redondeaban un 10% del sistema financiero y habían bajado a un poco más del 2% al momento del golpe del 76, pero la sola presencia contradecía los objetivos de la dictadura. El objetivo inicial era eliminarlas de la estructura financiera. Eran entidades asociadas a las economías pequeñas y medianas del conjunto del país.

Decía el ex ministro de la dictadura que, con la aplicación de la nueva legislación, con solo 80 entidades financieras se podía atender la estructura económico social local. Se proponía como objetivo articular un sistema financiero moderno acorde a la lógica inaugurada en pos de la liberalización económica.  Se apuntaba al libre movimiento de capitales y a la banca como instrumento de la liberalización.

A medio siglo de formulado el propósito, el BCRA informa la existencia de 78 entidades a octubre del 2022. De ellos, 63 son bancos y 15 son compañías financieras. Entre los primeros, se reconocen 13 bancos públicos y 50 privados. De estos 50, 35 son bancos locales de capital nacional; 9 son bancos locales de capital extranjero y 6 son sucursales de entidades financieras del exterior. La información surge del sitio en internet del BCRA, en: https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Entidades_financieras_informacion_estructura.asp?bco=AAA00&tipo=1&Tit=1

El banco con mayores activos a octubre 2022 sigue siendo el Banco de la Nación (5.742 millones de pesos), seguido del Banco de la Provincia de Buenos Aires (2.439 millones), dos importantes entidades que eludieron la lógica privatizadora de los 90 del siglo pasado, aun cuando su política resultara funcional, como el conjunto del sistema financiero a la lógica de la política hegemónica de las finanzas y la producción en estos casi 50 años.

A los dos grandes bancos estatales les siguen en el orden 4 bancos privados: Galicia, Santander, Macro, BBVA, sumando activos por 8.262 millones, un poco más que la suma del BNA y el Provincia de Bs. As. El séptimo lugar es para el único banco cooperativo, el Credicoop con activos por 1.666 millones. Como señalamos, el proyecto legislativo excluía la forma cooperativa. Solo como resultado de la lucha del movimiento cooperativo es que fue posible mantener la forma cooperativa en la nueva legislación de la dictadura.

En efecto, una gigantesca lucha del movimiento cooperativo en tiempos de auge represivo, liderada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, permitió la forma organizativa cooperativa en la reforma legal, para lo cual se impuso un plazo de un año para transformar centenares de cooperativas en bancos cooperativos. De aquellos bancos cooperativos solo resta el Credicoop.

Una legislación para la concentración y extranjerización

La consecuencia de la reforma de 1977 apuntó a la concentración y liberalización financiera, coherente con la lógica de política económica y financiera anunciada en abril de 1976, asociada al creciente endeudamiento público.

Aquellos años constituyeron la base estructural de cambios profundos en las relaciones económico sociales que explican las tendencias regresivas en la reestructuración de las relaciones laborales, el cambio de funciones del Estado y el aliento a la liberalización de las relaciones comerciales y financieras internacionales.

La reforma financiera y el endeudamiento externo marcharon de la mano en la política de la dictadura. Ambos aspectos son elementos esenciales de transformaciones que condicionaron las últimas cuatro décadas y el presente.

Resulta necesario un amplio debate para revertir sustancialmente las regresivas consecuencias derivadas de aquellos propósitos dictatoriales y construir otros instrumentos legales y políticos en materia financiera y económico social.

Un interrogante a realizar es la mora de la política entre 1983 y el presente para no desarmar el instrumental jurídico de las transformaciones. La respuesta solo puede asociarse a los límites de la “democracia realmente existente”, la que sustentó los reaccionarios cambios en la economía, la sociedad y el Estado, especialmente en los años noventa y el cuatrienio macrista.  Agreguemos que, incluso con mayorías parlamentarias, no se avanzó en reformas a contramano de la liberalización.

Desde entonces, fue mucha la resistencia popular, con estallidos que hicieron visibles la crisis del capitalismo local, en 1989 o en 2001, entre otros momentos relevantes.

La respuesta al 89 fue reaccionaria y se explica con la hegemonía política de la década que siguió. Luego del 2001 se habilitaron expectativas y posibilidades que no se materializaron en revertir los aspectos esenciales de las mutaciones reaccionarias emergentes en la dinámica iniciada en 1975/76. El presente nos devuelve una coyuntura de crisis, en donde la desconformidad es parte de la realidad, que puede devenir en revuelta y demanda de cambios, los que solo podrán avanzar en satisfacer necesidades populares si se confronta con la lógica estructural reaccionaria legada por la dictadura genocida. Se trata de confrontar con la dominación y el capitalismo para encarar una transición con potencialidad de construir otra sociedad, sin explotación ni saqueo. Eliminar el legado dictatorial es una asignatura pendiente como base de procesos de transformación profunda y revolución.