La Argentina ha suscripto -y tiene jerarquía constitucional-, la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y que el sistema penal debe ser siempre el último recurso, orientado a la reintegración social y no al castigo. La Observación General Nº 10 del Comité de los Derechos del Niño recomienda explícitamente no reducir la edad mínima de responsabilidad penal y avanzar, en cambio, en políticas integrales de protección, educación y prevención.
Asimismo, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, promueve sociedades pacíficas e inclusivas, con sistemas de justicia que prioricen la prevención de la violencia y la protección de las infancias. Bajar la edad de imputabilidad va exactamente en la dirección contraria. No se trata de una discusión ideológica: es una cuestión de cumplimiento de compromisos internacionales y de respeto a los derechos humanos.
Los países que redujeron la edad de imputabilidad no lograron disminuir los niveles de violencia ni de delito; por el contrario, se comprobó que el ingreso temprano al sistema penal incrementa la reincidencia, consolida trayectorias delictivas y profundiza la exclusión social.
La cárcel y el encierro no educan, no reparan ni previenen; funcionan, en el mejor de los casos, como depósitos de la desigualdad que la sociedad no quiso resolver antes. Creer que un adolescente preso garantiza más seguridad es una ilusión peligrosa: tranquiliza conciencias adultas, pero no construye futuro.
Bajar la edad de imputabilidad implica criminalizar la pobreza y convertir a los niños y adolescentes más vulnerables en chivos expiatorios de un problema estructural; no se persigue el delito en su complejidad, sino a quienes carecen de redes, oportunidades y protección. Se castiga a quienes crecieron en contextos de exclusión, escuelas deterioradas, sistemas de salud insuficientes y territorios abandonados por el Estado; es una forma de violencia institucional que reproduce desigualdades y vulnera derechos fundamentales.
La seguridad no es solo una cuestión policial ni penal, es el resultado de políticas educativas, sociales, urbanas, sanitarias y culturales sostenidas en el tiempo; cuando esas políticas fallan, el delito juvenil no es la causa, sino el síntoma. Bajar la edad de imputabilidad es admitir que los adultos no supimos -o no quisimos- garantizar condiciones dignas de vida; es más fácil endurecer penas que invertir en infancias.
Y hay una verdad incómoda que rara vez se dice: quienes impulsan estas medidas no piensan en sus propios hijos. La baja de la imputabilidad siempre apunta a los hijos ajenos, a los que sobran, a los que incomodan, nunca a los propios.
Reducir la edad de imputabilidad no es una solución: es una derrota ética, política y social. Es resignarse a no educar, no incluir y no cuidar. Es reemplazar derechos por castigo y futuro por encierro.
Una sociedad que encarcela a sus niños para sentirse más segura es una sociedad que ha renunciado a hacerse cargo de sí misma. La verdadera discusión no es cuán temprano castigar, sino por qué llegamos a ese punto y qué estamos dispuestos a hacer, como sociedad adulta, para no seguir fracasando.
