La crisis desatada tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo no cesa y las movilizaciones populares se multiplican por todo Perú, así como también la ola represiva que ya dejó un saldo de más de 60 asesinatos y cerca de 1500 heridos.   

En este contexto, el martes arribó al país la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, para relevar los atropellos durante las manifestaciones.  

“Los testimonios que hemos podido escuchar evidencian graves violaciones de una Policía Nacional que no respeta reglas mínimas; sólo por dar un ejemplo, disparan perdigones a menos de cinco metros y apuntando a la cabeza de los manifestantes”, relató María José Cano, integrante de la delegación y dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).  
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte y de los miembros del Parlamento. Exigen, además, la convocatoria a una Asamblea Constituyente que resuelva la disputa de poder que enfrenta al Ejecutivo y el Legislativo, y que en los últimos cuatro años significó la caída de seis presidentes.  

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Por otra parte, la representante sindical advirtió que las cifra de muertes y lesiones podría ser incluso mayor a la informara oficialmente: “Hay una actitud de criminalización y en los establecimientos estatales no están permitiendo el ingreso de abogados, familiares, ni defensores de Derechos Humanos, con lo cual la gente prefiere la no atención o acudir a brigadas. Mientras tanto hay brigadas para compañeros y compañeras que permiten una atención mínima”. 

Sobre la masiva movilización de ayer en el marco de un paro nacional convocado por la Central General de Trabajadores de Perú (CGTP), Cano contó: “Vimos un despliegue desproporcionado de policía para una marcha que fue totalmente pacífica; en varios momentos los efectivos avanzaron sin razón alguna”. 

 La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos
En el día de mañana la Misión se abandonará Lima para trasladarse a las regiones del sur, donde se concentra la mayor cantidad de manifestantes asesinados. 

La delegación estará hasta el 13 de febrero en suelo peruano y está integrada por los diputados Juan Marino y Federico Fagioli (FDT), Juan Grabois (Movimiento de Trabajadores Excluidos), el referente social Ramiro Gueber (La Dignidad), María José Cano (ATE), Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha, FOL), el sacerdote Néstor Juárez, Pablo Garciarena (Xumek), Fernando Almejún (Liberpueblo) y otros nueve activistas con experiencia en misiones internacionales.