Miguel Peiretti
La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció ante la Justicia una presunta maniobra de sobrefacturación de importaciones de la que participaron tres empresas, consistente en el ingreso al país de 34.000 unidades de test de diagnóstico de Covid-19, con un incremento del 500% en su valor.
El organismo señaló este viernes -en un comunicado que agentes especializados detectaron la operación, «con el agravante de que presentaban etiquetados apócrifos para ocultar sus verdaderas fechas de elaboración y vencimiento».
«La mercadería, originaria de China, era procedente de Uruguay e ingresó a la Argentina sin pagar derechos de importación, amparándose en el Decreto 333/2020, que había otorgado beneficios a insumos sanitarios en el marco de la pandemia», añadió el organismo que dirige Guillermo Michel.
Los investigadores encontraron que «todos los rótulos adheridos a los insumos sanitarios se encontraban adulterados, y que, en realidad, el material médico había vencido más de un año antes de su importación a la Argentina, por lo cual correspondía considerarlo un residuo peligroso, altamente riesgoso para la salud de los potenciales usuarios», precisó la Aduana.
La DGA indicó que «a partir de allí, y sobre la base de los datos específicos de los productos involucrados (marca, modelo, origen y número de lote), la Aduana comenzó un minucioso estudio que permitió reconstruir la ruta del material ilícito incautado».
Así, se rastreó un cargamento que en el 2020 había sido exportado desde la Argentina con destino a Uruguay por una empresa dedicada al rubro textil, en una operación en la que los test habían sido declarados a un valor de 2 dólares por unidad, vendidos a un presunto comprador uruguayo.
Esos mismos test «fueron exportados nuevamente por la misma firma uruguaya hacia la Argentina», en una maniobra conocida como «un rulo de importación», con el agravante que ya se hallaban vencidos.
La Aduana agregó que la operación se realizó «a un exorbitante valor de US$ 10 por unidad», cinco veces más que el precio original, «al sólo efecto de transferir ilícitamente importantes sumas de divisas al exterior, a cambio de residuos nocivos para la salud de la población».
«Por tratarse de mercaderías alcanzadas por una prohibición de carácter absoluto y que pueden afectar la salud pública, la Aduana presentó una denuncia ante la Justicia», señaló el organismo.
En la denuncia, intervinieron el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo del juez Diego Amarante, y el fiscal Miguel Schamun.
En ese marco, se ordenaron allanamientos que resultaron en el secuestro de la totalidad de los insumos médicos peligrosos, así como documentación y equipamientos tecnológicos.
Además, la Aduana realizó consultas al exterior mediante los convenios de intercambio de información aduanera vigentes y ordenó una auditoría integral de las operaciones que involucran las mercancías alcanzadas por el Decreto 333/2020, como tests de Covid, barbijos, guantes de látex, entre otros.
